Son responsables de ocultar información financiera: Auditoría Superior de la Federación

Piden proceder contra funcionarios del IPAB

Otorga AN su respaldo para auditar Bancomer, Banamex, Bital y Mercantil del Norte

ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ SILVA

La Auditoría Superior de la Federación solicitará a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) que actué legalmente contra funcionarios del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) que resulten responsables de no haber cumplido con lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, que obliga a entregar la información bancaria a las autoridades revisoras para iniciar las auditorias a Bancomer, Banamex, Bital y Banco Mercantil del Norte, instituciones beneficiadas por la compra de flujos de cartera que efectuó el Fobaproa con el aval del gobierno federal.

La solicitud a la Secodam se respalda con la decisión del juez noveno de distrito en materia administrativa, Alvaro Tovilla León, quien el pasado 30 de julio resolvió negar el amparo solicitado por BBVA Bancomer, Banamex, Bital y Banco Mercantil del Norte, intermediarias que se oponen a ser auditadas por el máximo órgano de vigilancia del país.

La razón del juez de la causa para determinar improcedente la solicitud de suspensión definitiva es "que no son ciertos los actos que se atribuyen a la Auditoría Superior de la Federación consistentes en las recomendaciones contenidas en la revisión de la cuenta pública de 2000 y de avance de la gestión financiera de 2001, por medio de las cuales se insiste en practicar auditorías o revisiones a los demandantes (los bancos)".

Incluso, el juez Tovilla León consideró que las instituciones bancarias en cuestión no han sufrido ningún perjuicio de difícil reparación por la exigencia de auditarlas.

A este entramado se sumó la omisión del IPAB, que, pese a la demanda de la Auditoría Superior de la Federación por realizar supervisiones, aceptó desde junio de 2001 la respuesta de la Asociación de Banqueros de México (en representación de Bancomer, Banamex, Bital y Banorte) en los siguientes términos: los bancos "no están en condiciones de consentir revisiones de créditos que se hace referencia en los oficios, ni de consentir ni formular comentario alguno a los términos de referencia para créditos reportables que el IPAB envió a su consideración".

El pasado 21 de junio, Julio César Méndez, secretario ejecutivo del IPAB, y Margarita de la Cabada Casarín, secretaria adjunta jurídica del instituto, enviaron un oficio a los titulares de los bancos involucrados en el caso, por el que notificó el procedimiento para dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones celebradas por esas instituciones bancarias y el Fobaproa, con motivo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera (Procapte) y realizar el canje de los instrumentos de pago correspondientes.

La argumentación de los funcionarios del IPAB redundó en recordar que las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados ya se ejecutaron y concluyeron desde el informe Mackey; por lo tanto, el instituto no tiene oportunidad ya de realizar nuevas revisiones:

"El IPAB carece de facultades legales para realizar una nueva auditoría a las instituciones de crédito con el objeto de buscar posibles irregularidades o ilegalidades en las operaciones que fueron objeto del Procapte, sin que medie para ello el consentimiento expreso de las instituciones de crédito afectadas."

De tal forma, el IPAB cerró la puerta a la posibilidad de una nueva auditoría a los cuatro bancos citados, pero dejó abierto un resquicio "dentro de lo jurídicamente factible" para cumplir con las recomendaciones efectuadas por la entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y ratificadas por la Auditoría Superior de la Federación:

Revisión de la gestión; revisión de identidad de objeto, existencia y legitimidad; y revisión de los papeles de trabajo que fueron elaborados por los despachos contratados por la Cámara de Diputados cuando realizaron las auditorías a que se refiere el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, para determinar si de dichos papeles de trabajo se desprende alguna posible ilegalidad en los créditos identificados en tales documentos.

La negativa del IPAB a la solicitud de la Cámara de Diputados fue rechazada por el diputado del PRI Roberto Infante, quien consideró que ante esta "actitud cínica de los funcionarios del instituto, lo menos que podemos exigir es que se finquen procedimientos administrativos contra aquellos que resulten responsables, porque es lamentable que ahora se nos anuncie que las revisiones serán suficientes. ¡Debe quedar claro que el Congreso de la Unión demanda auditorías y no simples revisiones!"

El legislador Infante, quien forma parte de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, manifestó que de no realizarse las auditorías pendientes -aparte de la limitada que presentó Michael Mackey, como reconoció la Auditoría Superior de la Federación-, "habrá nuevos cómplices del Fobaproa desde la Secodam, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría Fiscal, y quizás otros desde la Cámara de Diputados si no verificamos su cumplimiento".

Una vez que ha quedado reabierto el expediente IPAB en la Cámara de Diputados, se espera que en las próximas semanas la Secodam responda a la demanda de la Auditoría Superior de la Federación.

Respaldo de la fracción panista

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados dio su total respaldo a la Auditoría Superior de la Federación para que el IPAB realice las auditorías demandadas por ese órgano superior de fiscalización. En un documento, los legisladores panistas manifestaron su "total repudio a la actitud asumida por la Secretaría Ejecutiva del IPAB, que asumió posiciones ambiguas al manifestar que carece de facultades legales para realizar una nueva auditoría a las instituciones de crédito, lo que resulta totalmente aberrante desde todos los puntos de vista".

De tal forma, señalan los legisladores del blanquiazul, "si del secretario ejecutivo del IPAB dependiera, los elementos a informar a la autoridad judicial competente serían prácticamente en el tenor de absorber la posición de la Asociación de Banqueros de México, muy contraria al espíritu que se estableció como mandato en los artículos transitorios que dieron origen a la institución".