La Contraloría intensifica sus investigaciones para evitar desvíos de recursos

El cambio en el agro, sólo en la forma de administrar los apoyos rurales: Procampo

MATILDE PEREZ U.

Hay voluntad política para atender la crisis del sector agropecuario, pero no suficientes recursos económicos, por eso habrá que ver si los fondos aprobados en el presupuesto federal de 2003 serán los mínimos necesarios para responder a los requerimientos de los proyectos productivos, la competencia comercial y la producción, dijo Juan Antonio Fernández Ortiz, coordinador del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).

"No puedo adelantar cuánto faltaría, para eso hay que analizar cada cultivo y las cadenas productivas", agregó; sin embargo, adelantó que esta administración no pretende cambiar la política agraria sino la forma de administrar los apoyos al sector rural. "En lugar de que sean programas aislados y cada uno tenga sus respectivos requisitos, se trata de administrarlos de manera concurrente para que tengan un mejor efecto", puntualizó durante la presentación del Sistema de Información del Sector Rural (SISR).

Insistió en que habrá una "nueva filosofía" en la entrega de los apoyos a los agricultores. Entre los nuevos lineamientos están: orientación a proyectos productivos de cultivos de exportación; énfasis en la comercialización y capitalización. Se tratará de evitar que los campesinos inviertan en proyectos que no son capitalizables, esa política forma parte del blindaje agroalimentario anunciado por las secretarías de Agricultura y de Economía, asentó.

Uno de los instrumentos de la política agropecuaria es el SISR, el cual sirvió para detectar los desvíos por 15.5 millones de pesos realizados por campesinos, comercializadoras y presuntos servidores públicos de Chiapas, y cuyo monto entregado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) estaba destinado a la producción y comercialización de maíz.

Comentó que la Secretaría de la Contraloría tiene varias líneas de investigación en distintos estados del país para detectar fraudes y abusos en el uso de los subsidios. "Están brincando muchas cosas al cruzar los datos de Aserca y Procampo con el uso del SISR", cuya aplicación no responde a un interés político-electoral.

Con ese sistema -abundó Fernández Ortiz- se pretende acabar con la corrupción, eliminar trámites burocráticos y simplificar los requisitos para que los agricultores accedan a los programas de apoyo. "Hemos puesto las bases y las condiciones para que ningún partido use el programa en su favor, aunque no dudo que algunas organizaciones políticas utilicen los casos que están brincando".