Emilio Pradilla Cobos

Lecciones de Texcoco

El conflicto de los gobiernos federal y mexiquense con los ejidatarios de Atenco, generado por la decisión unilateral de construir el nuevo aeropuerto metropolitano en Texcoco expropiando las tierras de los campesinos, ya se tiñó de rojo, con la sangre del campesino José Enrique Espinoza Juárez.

Esta muerte violenta puede ser el presagio de la defunción del proyecto aeroportuario y de las inversiones empresariales que estuvieron detrás de la decisión gubernamental y alimentaron la terquedad de los funcionarios. No hay justificación para los errores cometidos por las autoridades, ni el costo que han pagado los ejidatarios será compensado por una posible cancelación del proyecto; pero algo valioso quedaría si los gobiernos involucrados y muchos otros aprendieran las lecciones que han dado los acontecimientos.

La primera lección es que una megaobra como ésta, que tiene profundos y aun graves impactos económicos, ambientales, urbano-regionales y sociales, no puede echarse a andar antes de realizar todos los estudios y proyectos que su magnitud exige, de rentabilidad económica pero, sobre todo, de costo-beneficio ambiental, urbano-regional, social y cultural. Ese no fue el caso con el aeropuerto en Texcoco, porque en la era neoliberal los gobiernos han abandonado la aplicación de la planeación democrática y estratégica con contenido social para refugiarse en el pragmatismo y la confianza ciega en las decisiones del libre mercado -más exactamente, del libre albedrío del gran capital-, y recurren cada vez más frecuentemente al autoritarismo para apoyarlo y resolverle todos los escollos que no puede salvar, o cubrir sus ineficiencias o fraudes mediante la socialización de sus costos (rescates bancario, carretero, azucarero, etcétera). Este camino lleva inevitablemente al conflicto social, abierto o larvado.

La segunda lección es que los gobiernos centrales, a pesar de que tengan facultades constitucionales para hacerlo, legadas por el autoritarismo anterior, deben someter a consulta estos megaproyectos con los gobiernos locales, más cercanos a la población beneficiada o afectada, y lograr su consenso y corresponsabilidad antes de ponerlos en práctica. En la era denominada de la globalización, los impactos de estas megaobras se extienden ampliamente sobre los territorios urbanos y regionales, las economías y culturas locales, por lo que requieren de los consensos obtenidos por la razón y la participación de los representantes electos de la ciudadanía local.

La tercera lección es que ni siquiera bastan estos consensos del poder. Los ciudadanos han aprendido, a fuerza de oír los discursos de la democracia y la participación, que tienen derechos frente al poder -legítimo o ilegítimo-, no sólo obligaciones, entre los que destacan defender su propiedad -ahora privatizada e individualizada por las políticas neoliberales-, su fuente de trabajo e ingresos -ante el empobrecimiento que el patrón de acumulación produce-, y su cultura e identidad, como base de su existencia social, ante las amenazas de culturas e ideologías, incluida la modernización a cualquier precio, cuyos orígenes y validez no conocen y cuyos beneficios no reciben. Para lograrlo, recurren siempre a la participación real, apoyándose en sus formas históricas de organización, resistencia y cohesión. Por ello, sólo el diálogo, la consulta pública verdadera, amplia y bien informada -no la caricatura que inventó el viejo régimen priísta y que la mayoría de sus sucesores de hoy sigue aplicando-, el convencimiento y el beneficio mutuo garantizan que los proyectos tengan legitimidad y viabilidad social y no caminen inevitablemente hacia el conflicto con los pobladores.

La cuarta lección es que las maniobras de división, mediante la negociación privada y la compra paulatina de voluntades, aunque sigue siendo efectiva, ha perdido legitimidad social y se enfrenta crecientemente al derecho a la información exigido por los ciudadanos y, paradójicamente, al interés de los medios de comunicación, cuyo negocio o vocación informativa pasa por sacar a la luz estas maniobras del poder político y económico.

La última gran lección es que la represión, que deja dolor y rencor en la memoria de los agraviados, que nunca fue moral ni ética, ya tampoco es efectiva, pues los habitantes se hacen ciudadanos, se empoderan y asumen la democracia que otros les predican como simple demagogia.

Estas lecciones son válidas para muchos otros gobiernos mexicanos y sus grandes proyectos. El gobierno federal debería iniciar ya procesos planificados, participativos, democráticos para encontrar otra ubicación a su malogrado proyecto en Texcoco, y no perder tiempo insistiendo en una decisión que perdió su viabilidad social, si alguna vez la tuvo. Ojalá que no cometa los mismos errores con los pepenadores del bordo de Xochiaca, si se opta por la ampliación del aeropuerto Benito Juárez.