Piden que el gobierno federal "mejore el precio"
Distribuye la SG carta de 10 ejidos expropiados dispuestos a vender
La Secretaría de Gobernación distribuyó ayer copias de una carta que diez comunidades de San Salvador Atenco -que negocian la venta de sus terrenos- enviaron al representante del gobierno federal para negociar la solución del conflicto, Francisco Curi Pérez Fernández. En la misiva le piden ayuda para "que salgan de nuestras tierras todas aquellas personas ajenas a nuestros ejidos, que han usado este conflicto para fines distintos a nuestros auténticos intereses".
En el texto, fechado ayer en Texcoco y suscrito por Benito López Castañeda, "en representación del Grupo de los 10", también solicitan mediar ante la administración foxista para que ésta "mejore la oferta que presentó el 22 de julio, ya que resulta insuficiente a juicio de muchos de nosotros".
Ese día, el gobierno presentó una nueva oferta sobre el valor de las tierras y estableció un precio de garantía de 500 mil pesos por hectárea. Así, el pago original de 7.20 pesos por metro cuadrado de tierra de temporal y de 25 por la de riego pasaría indistintamente a 50 pesos, pues se pagaría con criterio comercial y no agrario.
Sin embargo, afirman que no han tomado ninguna decisión sobre la venta de sus tierras, "pues ello sólo podría ocurrir cuando las asambleas generales de ejidatarios así lo determinen", y también solicitan a Curi Pérez la intervención "de las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de nuestras familias".
Controversia entre procuradurías
En tanto, el curso de las investigaciones sobre el conflicto en San Salvador Atenco generó un diferendo entre las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado de México (PGJEM). Esta última demandó al procurador Rafael Macedo de la Concha que "investigue si hay omisiones de servidores públicos federales en el cumplimiento de obligaciones constitucionales" al no informar del número exacto de expedientes que, por razón de competencia federal, le turnó esa procuraduría.
La PGR informó que sólo analiza tres desgloses de posibles delitos federales, relacionados con los hechos violentos ocurridos el 11 de julio en San Salvador Atenco.
En un comunicado de prensa, la PGR informó que "el 13 de julio de 2002, a las 23:30 horas, se recibió en la delegación del estado de México el desglose de la averiguación previa EM/I/674/2002, instruida por los delitos de ataques a las vías generales de comunicación y medio de transporte; daño a los bienes; portación de arma de fuego prohibida, motín y lesiones".
Pero, según la PGR, como ya había caducado el plazo constitucional de detención de los inculpados, se decidió "su inmediata libertad para no violentar garantías individuales".
Asimismo, la subprocuraduría A de Procedimientos Penales, encargada del caso, explicó que el 25 de julio la delegación de la PGR en Toluca recibió el desglose de las averiguaciones previas CHIM/III/ 3439/2002 y TEX/I/2394/ 2002, que fueron iniciadas por el agente del Ministerio Público del fuero común "contra quien resulte responsable por los delitos de ataques a las vías de comunicación, privación ilegal de la libertad, robo y medios de transporte".
Por lo anterior "la PGR inició las averiguaciones previas PGR/NEZA/143/2002-II y PGR/NEZA/144/2002-II, las cuales se encuentran en investigación y serán determinadas conforme a derecho".
En respuesta, la PGJEM aseguró que resulta "inexacto que a la PGR se le hayan remitido únicamente tres averiguaciones previas, ya que desde mayo de este año se han enviado 12 asuntos relacionados" con acontecimientos ocurridos en San Salvador Atenco.
Consideró que "resulta extraño que sólo se mencionen los tres últimos desgloses de averiguaciones previas, en un caso tan trascendente para el país, y que el órgano investigador de delitos federales no le señale a la opinión pública cuántos desgloses ha recibido".
Además, pidió al titular de la PGR que investigue omisiones en el desarrollo de esas averiguaciones previas, pues "la información que tiene esta procuraduría (estatal) va en el sentido de que no se han realizado actuaciones en ninguno de los desgloses enviados, lo que indudablemente ha contribuido al clima de impunidad y violencia en la zona". (GUSTAVO CASTILLO Y ENRIQUE MENDEZ)
