Exigen familiares del occiso apoyo del INM

Niega EU permiso para regresar a México cadáver de indocumentado

ANDRES T. MORALES, RUBEN VILLALPANDO Y DAVID SOSA CORRESPONSALES

Familiares del migrante veracruzano Bernardo Ramón García, fallecido hace casi dos meses en Estados Unidos, denunciaron que por motivos desconocidos el gobierno estadunidense se niega a autorizar el retorno de los restos, pese a que ya se realizaron los trámites consulares correspondientes.

Señalaron que el migrante, originario del municipio de Alvarado, Veracruz, habría fallecido aparentemente por envenenamiento en Iowa, y que existe la sospecha de que su deceso haya sido provocado para utilizar sus órganos. Solicitaron la intervención del gobierno estatal y del Instituto Nacional de Migración (INM) para repatriar los restos.

Agripina García Martínez y Alfredo Avila García, madre y primo de la víctima, recordaron que desde hace ocho meses Bernardo Ramón trabajaba en una empresa manufacturera de Estados Unidos, adonde llegó de manera indocumentada luego de que no encontró un empleo fijo en Alvarado.

Ramón García, de 21 años de edad, vivía en Iowa junto con varios migrantes latinoamericanos, quienes por conducto de un pastor de la Iglesia anglicana avisaron a los familiares de la repentina muerte.

Señalaron que, a pesar de que ya realizaron los trámites consulares respectivos, las autoridades forenses de Estados Unidos se niegan a dar la autorización para el retorno de los restos, aun cuando ya pasaron 60 días del deceso.

Por otro lado, el consulado de México en El Paso, Texas, acordó con jueces de distrito de Estados Unidos poner en marcha el programa Testigos de cargo, que tiene como objetivo beneficiar a cientos de mexicanos que son víctimas de coyotes y polleros.

También tiene como propósito evitar que los connacionales que son testigos de algún ilícito, sin ser delincuentes, sean recluidos, como sucede hasta la fecha, ya que los tienen encerrados en el Centro de Detención del SIN de El Paso, informó el cónsul mexicano Juan Carlos Cué Vega.

Explicó que desde 2000 habían logrado la reducción -de tres meses a uno- del tiempo de espera que la corte federal estadunidense requería para el desahogo de declaraciones. Ahora, con el nuevo programa, se acelera el procedimiento, mismo que se pretende desarrollar en máximo 24 horas y así evitar el ingreso transitorio a la cárcel.

Por otra parte, la Policía Federal Preventiva detuvo a seis chinos y cinco guatemaltecos indocumentados en dos operativos que llevó al cabo en el sur de Quintana Roo.

Angel Aguilar Aguilar, inspector en jefe de esa corporación, informó que la primera detención se efectuó en la madrugada, cuando los agentes detectaron un autobús de transporte público detenido. Al revisarlo, descubrieron a seis chinos. Tras inspeccionar sus pasaportes, los agentes descubrieron varias irregularidades. En el otro caso, arrestaron a cinco guatemaltecos que viajaban en un taxi por la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.