Una información destaca que la Bolsa de Valores de Nueva York ha perdido desde marzo de 2000 nada menos que 7 billones 700 mil millones de dólares, o sea casi cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de todas las economías de América Latina y el Caribe, calculado por el Banco Mundial en 2 billones de dólares (esto es, 2 millones de millones). Sólo en la semana pasada, la bolsa citada perdió 750 mil millones de dólares, es decir, dos veces el PIB de todos los países del Africa subsahariana (que llega a 322 mil 700 millones de dólares). Esa pérdida de 750 mil millones en una semana debe ser comparada con el PIB de México, que asciende a 630 mil millones de dólares, pero para todo el año.

Si se llegase al aumento de 10 por ciento del precio del petróleo que anuncia el presidente venezolano Hugo Chávez, los costos energéticos de las empresas estadunidenses y de los consumidores de ese país también aumentarían, lo cual tendría sin duda un efecto negativo sobre las ganancias y los consumos. Es lógica, por lo tanto, la preocupación del presidente George W. Bush y de su gabinete no sólo por la corrupción que salpica cotidianamente a su gobierno sino también por el estado de la economía, sobre todo en un periodo prelectoral.

Sin duda la economía estadunidense sigue siendo la primera del planeta y cuenta con recursos que le permiten sobreponerse al estallido reiterado de las burbujas especulativas y al continuo aumento de la desconfianza de los hogares--altamente endeudados-- en los dirigentes y en las grandes corporaciones. Pero para quienes vivimos a la sombra de un elefante enfermo resulta fundamental seguir de cerca su estado de salud, evitando como la peste el falso optimismo, para poder tomar las medidas del caso ante las consecuencias (sobre los envíos de los emigrantes, sobre las exportaciones, sobre el flujo de inversiones, por ejemplo) de una recesión que parece ser más larga y más profunda de lo previsto, lo cual confirma que el modelito hace agua...

La reprivatización de los 27 ingenios azucareros expropiados por el actual gobierno se realizará en mayo próximo, una vez que los mismos hayan sido saneados y se haya aumentado su productividad. De este modo se añade un nuevo capítulo a una historia particularmente vergonzosa de despilfarro del dinero de los contribuyentes para ayudar a unos pocos --siempre los mismos-- "barones" de la industria permanentemente endeudados, permanentemente ineficientes. Ya hace más de 30 años, el gobierno de Luis Echeverría había expropiado "por causas de utilidad pública y en favor de la nación" 67 ingenios, de los cuales 60 fueron reprivatizados entre 1989 y 1992 por Carlos Salinas de Gortari a precio de ganga (y con alto costo para el contribuyente, que había saneado mientras tanto los ingenios así regalados).

El decreto presidencial de expropiación de los ingenios que serán reprivatizados sostenía que los señores del azúcar "llevaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del gobierno federal, poniendo con ello en riesgo, además del patrimonio de los trabajadores del campo, el de todos los mexicanos". Uno de ellos, Enrique Molina Sobrino, había comprado por sólo 100 millones de dólares 17 por ciento de los ingenios, y entre él y otros empresarios de apellidos que se repiten en cada reprivatización acumularon una deuda de 3 mil millones de dólares, sin contar los 25 mil millones perdidos por la Financiera Nacional Azucarera, liquidada en los últimos días del gobierno de Ernesto Zedillo, el privatizador.

Un puñado de familias, reunidas en 10 grupos azucareros, controla un imperio en ruinas que tiene estrechísimos lazos con el capital financiero y con las embotelladoras de refrescos. Sus nombres aparecen en el Fobaproa y en los consejos de administración de las principales refresqueras. Ahora el gobierno, con dinero que debería ir al desarrollo, a la sanidad, la educación, la protección del campo, vuelve a salvar a ese grupo (por supuesto, favoreciendo a las compañías embotelladoras extranjeras), desviando fondos nuevamente hacia los más ricos.

Si las empresas resaneadas por el contribuyente son ahora lucrativas, ¿por qué no hace el negocio el Estado para resarcirse de sus gastos en ese sector?; si en cambio son frágiles, ¿por qué no financia a cooperativas de cañeros y productores, si quiere hacer una política social y mantener una importante fuente de empleo? Lo que no es lógico es mantener una política wash and wear, de lavado y renovación de empresas en quiebra, para que les queden a la medida a algunos empresarios aventureros. Tampoco es aceptable que, como sucedió con los bancos, el pueblo pague ahora una especie de Fobazúcar...