No se debe archivar el juicio contra Emilio Botín, considera, según El Mundo

Insiste juez en imputar 138 delitos a presidente de Santander

Madrid, 20 de julio. La juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, insistió ayer en imputar 138 delitos fiscales por cooperación necesaria y falsedad continuada al presidente del Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, y a cuatro altos ejecutivos del antiguo Banco Santander, cita el diario El Mundo.

El rotativo agrega que en un auto notificado ayer, la magistrada rechaza de forma rotunda el recurso de reforma presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, partidario de archivar la causa.

El diario español señala que Palacios presenta un solo razonamiento jurídico para dejar abierta la posibilidad de que Emilio Botín se siente en el banquillo. Al contrario que el fiscal, considera que sí existen indicios de que la cúpula de la entidad estuvo al tanto del ofrecimiento a los clientes de las cesiones de crédito de nula propiedad, un producto que ofrecía una excelente rentabilidad y la posibilidad de eludir el pago de las retenciones al fisco equivalentes al 25 por ciento del capital invertido.

Las cesiones se comercializaron en los años 1988 y 1989. La entidad realizó 47 mil 274 operaciones por un importe de 432 mil 963 millones de pesetas y la juez entiende que el perjuicio causado a Hacienda es de 145 mil 120 millones de pesetas.

Además, Palacios imputa a los cinco altos directivos del banco -uno de ellos, Lorenzo Solana, falleció en 1997- un presunto delito de falsedad documental continuada. En su auto del pasado 27 de junio, argumentó que el Santander obstruyó los requerimientos de la Agencia Tributaria a la que entregó listas de los clientes que suscribieron cesiones de crédito con identidades falsas, incluso de personas ya fallecidas.

La resolución de la magistrada era, en gran parte, previsible, dado que había rechazado todas las peticiones de sobreseimiento formuladas por Fungairiño, desde que éste asumió la causa en 1997.

Ante este nuevo conflicto de la juez -añade El Mundo-, el fiscal jefe interpuso ayer sin dilación un recurso de queja ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

En su escrito, Fungairiño va más allá y solicita que se celebre una segunda vista ante el tribunal por "la importancia del asunto". Cita como precedente el caso Sogecable, cuyo sobreseimiento se decidió tras informar las partes a la sala de lo penal.

Fungairiño argumenta que es inviable inculpar a un total de 149 personas "cuando no existe concierto o relación entre ellas y, en definitiva, cuando no puede hablarse de delitos conexos". El Ministerio Público insiste en que no hay indicios de que los directivos del Santander cometieran los delitos que les imputa la juez.

Además, critica a Palacios por no ofrecer "ni una mínima relación o enumeración de actos manifiestos que permitan establecer cuándo, cómo, dónde, con qué medios los directivos del banco se concertaron y pusieron de acuerdo con los clientes y acaso con los directores de las sucursales para elaborar un plan o maquinar una trama tendente a la defraudación tributaria".

El fiscal arremete también contra las acusaciones populares -Iniciativa por Catalunya y Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes- que, a su juicio, han mostrado una actitud "caprichosa" al sumarse tarde al procedimiento.

Fungairiño defiende que la conducta de Botín y de los demás directivos "no constituye delito alguno". Ni de defraudación tributaria, puesto que los clientes ocultaron sus ingresos patrimoniales antes de que interviniera el banco, ni de falsedad, puesto que, a su juicio, lo que se produce no es un lícito penal sino una "obstrucción a la labor de inspección tributaria", sancionable sólo por la vía administrativa.

Mientras, la Asociación para la Defensa de Inversores impugnó ayer el recurso de reforma interpuesto por el SCH contra el auto de transformación de la juez, concluye el diario El Mundo.