Defienden la permanencia del organismo, pero con mayor poder político y económico

Elevar el INI al nivel de secretaría de Estado, reto, coinciden Xóchitl Gálvez y Huberto Aldaz

Esperan que el Congreso reciba el proyecto de reforma en septiembre, y en enero se concrete el cambio

ALMA E. MUÑOZ

La apuesta es por elevar el rango de lo que será el Instituto Nacional Indigenista (INI) al nivel de una secretaría de Estado, con poder político y económico, para incidir en el desarrollo de las políticas públicas encaminadas a la atención de las comunidades indígenas del país.

Xóchitl Galvez y Huberto Aldaz defendieron ayer, en conferencia de prensa, la permanencia del organismo pero con otro estatus jurídico, para no dejar en la orfandad a los 12 millones de indígenas que oficialmente se reconocen, a sabiendas de que son necesarios por lo menos 30 años para "ponerlos al día con el resto del país".

La titular de la Oficina para la Representación de los Pueblos Indígenas subrayó la importancia de mantener un lugar en el gabinete y no "bajar de nivel", porque el trabajo, sostiene, funcionará más si parte de una institución con cierto grado de autonomía, sin importar que quede en manos del Presidente de la República la decisión de nombrar al responsable de la nueva dependencia.

Reconoció que desde su incorporación al gabinete foxista se planteó la meta de transformar el INI, al cual, "en 54 años de existencia muy pocos le hacían caso" y otros apostaban por su desaparición. "No es válido que cada año se especule respecto de su cierre, sobre todo por la falta de dinero" (hoy trabaja sólo con 500 millones, cien menos que el año pasado, y más de la mitad (290) se utilizan exclusivamente para albergues educativos).

Tanto Gálvez como el director del INI están seguros de que un mes (julio) basta para consultar a los 62 pueblos indígenas del país respecto a cómo quieren que sea la nueva institución, su relación con el Estado y su desarrollo. Incluso ya establecieron plazos: el Congreso de la Unión recibirá la iniciativa de reforma en septiembre y en enero se concretará el cambio, aunque la transformación a las políticas públicas se podría alcanzar en un máximo de 10 años.

Huberto Aldaz adelantó que no todos los planteamientos de las comunidades se tomarán en cuenta para la elaboración del proyecto. "Es mejor hablar con la verdad con ellos, plantearles lo que sí es posible y lo que no. Sería irresponsable de mi parte asegurarles que todo lo que digan aparecerá. Antes de que el Congreso tenga la iniciativa se las haremos llegar a las comunidades para que ellos verifiquen que las aspiraciones y plan-teamientos en general se tomaron en cuenta a partir de la consulta celebrada. No tendríamos la posibilidad de perder allí credibilidad. Estamos partiendo de decir las cosas tal cual van a suceder, cómo se van a plantear".

Ambos funcionarios confían en que toda la sociedad, incluidos los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o de otros grupos armados se involucren en el proceso.

"Nos encantaría que (estos últimos) pudieran participar, que pudiéramos recibir algún tipo de propuesta de su parte para que nos oriente. En esto no habrá condicionamiento de ningún tipo. Queda fuera la posibilidad de excluir de las políticas públicas a quien sea, por ejemplo zapatista. Eso no debe suceder en el esquema de políticas públicas, todos los mexicanos tiene derecho a la salud, a la educación, al desarrollo humano, independientemente de su condición política", apuntó Xóchitl Gálvez.

Para los responsables de los asuntos indígenas del país, el Estado "no puede desentenderse" de las políticas públicas en la materia, sobre todo si se requieren por lo menos 30 mil millones de pesos "para ponernos al día en electrificación, agua potable y carreteras para los 12 millones de indígenas, y cuando sólo contamos con mil millones de pesos".

Huberto Aldaz insistió en que por ser México una nación pluricultural, el gobierno no debe actuar como Estado monocultural. "Por eso consultamos a los pueblos indígenas para conocer sus demandas al respecto, en busca de darles el reconocimiento como sujetos colectivos. Sabemos que esto no se puede lograr de un día para otro pero nos queda claro que este país no va a poder desarrollarse si no considera y no contempla a los pueblos indígenas desde sus propios planteamientos".

-ƑCrear un instituto con más poder político y económico es hablar de una secretaría o subsecretaría de Estado?

"Hoy por hoy -explicó Gálvez- no sabemos exactamente cuál es la figura jurídica, porque primero queremos saber qué va a ser esta institución. Tenemos algunas ideas, los grandes ejes. Sería muy complicado, por ejemplo, que esta institución tuviera la parte de educación o salud o desarrollo económico, porque no sería una secretaría sino una megasecretaría. Sería ilógico e irresponsable pensarlo, porque no responden así las políticas públicas. Las responsabilidades sobre esos esquemas los tienen por ley, otras dependencias, como la Secretaría de Educación, pero esta nueva institución puede intervenir para dirigir, por ejemplo, los modelos educativos con el propósito de que respondan a la enseñanza intercultural o bilingüe".

Sin embargo, aseguró que se busca elevar el rango del INI al nivel de una secretaría de Estado. "Mi oficina de alguna manera tiene esa presencia, que nos permite tener un diálogo similar con nuestra contraparte. No nos podemos bajar de ese nivel". Además, insistió, no podemos ponerlo en alguna otra dependencia, porque "funciona más como una institución con cierto grado de autonomía, impulsando políticas transversales. Esperemos la consulta. Ella nos lo va a reflejar".

A la pregunta de si fue necesario que Marcos Matías (el primer director indígena del INI y el primero nombrado por la administración foxista) dejara el cargo para impulsar la reforma, la funcionaria refirió: "las personas no necesariamente tienen que ser funcionarios públicos para servir al país. Hay otras formas. El así se sentía más cómodo. Actualmente es el presidente del Fondo Indígena en Bolivia y representante del gobierno mexicano ante el foro permanente de la ONU, aunque elaboró la propuesta de transformación del instituto".