Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Viernes 5 de julio de 2002
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Política

Presentan informe luego de recoger testimonios en 34 comunidades indígenas

Crece la presencia militar en la zona de conflicto de Chiapas, denuncian activistas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 4 de julio. "La salida del Ejército de las tierras que ocupa ilegalmente no debe ser utilizada como herramienta de negociación entre la población civil y el gobierno mexicano". Por lo demás, la presencia militar tampoco ha garantizado la seguridad, afirma el informe sobre la militarización y paramilitarización en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón y en Montes Azules presentado por el Centro de Análisis Político e Investigación Social y Económica (CAPISE).

El documento confirma versiones de que en las recientes semanas han crecido el número y las acciones de los efectivos militares en la zona de conflicto (incluyendo "simulacros" de ocupación de comunidades). "En respeto irrestricto a las leyes constitucionales e internacionales, resulta incuestionable la ilegalidad de las ocupaciones militares en los terrenos indígenas", determina el centro de análisis, integrado por Ernesto Ledesma, José Antonio Montero, Julio César Ortega y Jorge Luis Sierra, defensores de derechos humanos y expertos en el proceso social chiapaneco.

El informe se basa en testimonios recogidos en 34 comunidades de la Selva Norte. Contrariamente a las versiones oficiales, la militarización ha crecido sensiblemente en las regiones indígenas de Chiapas. "Durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía, el municipio Flores Magón es la región que más operativos militares ha padecido" (33 por ciento de los 288 denunciados en meses recientes).

A esto se agrega un creciente hostigamiento de grupos paramilitares "que durante su proceso de gestación fueron armados y entrenados por Seguridad Pública y el Ejército". Las autoridades autónomas proporcionaron una lista de los paramilitares y líderes provenientes de San Jerónimo Tulijá (sin mencionar a los que estarían organizados en Taniperla, Monte Líbano, El Censo, Nueva Palestina, Chamizal y otras comunidades).

El grupo de observación civil identificó in situ 12 posiciones militares en la región de Montes Azules, si bien existen más. Los cuarteles y campamentos se localizan en Península, Crucero, Monte Líbano, Taniperla (hay dos: Agrupamiento Guzmán, en un extremo de la localidad, en lo alto de un cerro; otro más, dentro del poblado, ocupa la parcela de la escuela), Ocotalito, San Jerónimo Tulijá, Cintalapa, San Caralampio, Calvario (Caribal), Lacanjá Tzeltal, crucero Piñal y crucero Palestina. Habría que agregar el campamento de avanzada en la "casa del yanqui", de la laguna Suspiro. Una posición más, en Peña Limonar, ahora la sostiene un destacamento de Seguridad Pública.

Varios de estos puestos castrenses ocupan tierras ejidales sin el consentimiento de sus propietarios. En Monte Líbano una hectárea, propiedad de Marcelo Gómez Sánchez, está en poder de los soldados desde el 9 de febrero de 1995. Lo mismo ocurre en tierras comunales que pertenecen a todos los ejidatarios de la primera ampliación en la comunidad Cintalapa. Uno de los campamentos militares en Taniperla ocupa sin autorización la parcela escolar. En San Jerónimo Tulijá, desde febrero de 1998 el Ejército federal se asienta en los terrenos de la primaria monolingüe Cuauhtémoc.

Las comunidades denuncian un "alarmante" incremento de soldados vestidos de civil. En el crucero de Monte Líbano y en San Jerónimo Tulijá estos militares encubiertos toman fotografías, controlan el paso e ingresan directamente a las casas, "con el pretexto de comprar alguna cosa, y mediante engaños revisan el lugar y reparten dulces entre los niños para que les den información".

Los soldados han estado patrullando las comunidades en busca de zapatistas y para ubicar sus casas; entrenan en los caminos y apuntan con sus armas a los pobladores. Además ocupan las veredas que conducen a las milpas. En algunos lugares la tropa realiza continuos destrozos en los campos de cultivo. Los patrullajes a pie o en carro asustan a mujeres y niños. Son frecuentes los disparos en la noche y los sobrevuelos de aviones y helicópteros.

El ejemplo que dan es "pésimo", pues pasean con armas y prostitutas dentro de los pueblos. Los indígenas acusan a los militares "del tráfico de maderas preciosas", así como de introducir alcohol y drogas, lo cual "está prohibido por las leyes zapatistas". Algunos soldados se han visto involucrados en robos, "concretamente en la desaparición de caballos".

En Cintalapa, lo que era un campamento se ha convertido en cuartel. Esta posición ha dado pie a otra novedad: los retenes móviles. "Ahora aparecen aquí y luego allá, revisando a todo el mundo", dicen los habitantes de los municipios autónomos. El mismo día de la reunión con los observadores del CAPISE, muchos de los asistentes fueron interceptados e interrogados por patrullas de soldados. El informe relata un episodio reciente: el 17 de mayo, cuando se realizaba una reunión de comunidades en La Culebra, el Ejército movilizó desde Santo Domingo 30 camiones con soldados armados y realizó vuelos sobre el sitio de la reunión.

Las autoridades de Flores Magón no consideran válida la "excusa" de presunto narcotráfico para ocupar militarmente la zona, ya que en lugares como Marqués de Comillas (donde de veras hay cultivo y tráfico de drogas, y se producen muchos asaltos), el Ejército no realiza esta clase de patrullajes.

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