De acuerdo con información procedente del juicio por lavado de dinero seguido en Suiza contra Raúl Salinas de Gortari, y con documentos que obran en poder de las autoridades mexicanas, la vasta fortuna del llamado "hermano incómodo" provendría de la partida secreta presidencial, oficialmente llamada ramo 23, y que, hasta 1999, ponía a disposición, discreción y abuso del jefe del Ejecutivo en turno, enormes sumas del erario que lo mismo servían para financiar al partido gubernamental que para subsidiar instituciones con deficiente planificación financiera, premiar a funcionarios leales, pagar los viajes al extranjero de la familia presidencial, gratificar a periodistas y medios de prensa, financiar a la Academia Mexicana de la Lengua, pagar pensiones a las viudas de los constitucionalistas de 1917 y también, a lo que puede verse, enriquecer a parientes próximos del mandatario.

Durante el sexenio de Carlos Salinas se esfumaron -porque sería demasiado complaciente decir que se "ejercieron"-, por la vía de la partida secreta, más de 6 mil millones de pesos, valga decir, unos 2 mil millones de dólares, de acuerdo con los tipos de cambio vigentes en esos años.

El destino real de esos dineros -parte de los cuales pudo ir a parar a las cuentas de Raúl Salinas en Suiza- lo conocen, de acuerdo con la información disponible, los ex secretarios de Programación y Presupuesto y Hacienda y Crédito Público, Ernesto Zedillo y Pedro Aspe, respectivamente, así como otros altos ex funcionarios que, hasta ahora, no han sido llamados a declarar sobre este escandaloso e indignante desfalco. Junto con sus antiguos subordinados tendría que acudir ante la justicia, por supuesto, Carlos Salinas de Gortari, para que diera explicación puntual de la manera en que empleó esos fondos multimillonarios del erario.

Sin embargo, la persistencia de la impunidad para los ex presidentes y sus colaboradores cercanos, así como para los delincuentes de cuello blanco que llevan a la bancarrota a naciones enteras, sigue siendo una agraviante realidad en el país y en el ámbito internacional. Han tenido que pasar 34 años para que los organismos de procuración de justicia llamaran a cuentas a Luis Echeverría para investigar su participación en la matanza del 2 de octubre de 1968, y no hay certeza de que el proceso legal correspondiente vaya a culminar en la real procuración e impartición de justicia.

En Chile, después de una batalla legal de cuatro años, la Corte Suprema de Justicia decidió finalmente dejar impunes los crímenes del ex dictador Augusto Pinochet, con el argumento de que la demencia del acusado le impide responder adecuadamente a las imputaciones. Con esa protección legal, Pinochet pudo por fin darse el lujo de renunciar al escaño de senador vitalicio que él mismo se otorgó, toda vez que el fuero de legislador ya no le era necesario para protegerse de la justicia. Otro connotado delincuente del poder, Carlos Menem, se pasea en completa y vergonzosa libertad e incluso aspira a un tercer periodo presidencial. La lista de los impunes es, por supuesto, mucho más larga.

En lo que a nuestro país concierne, la sociedad mexicana demanda que se rompa de una vez por todas con la tradición de la impunidad, y es claro que ello sólo podría hacerse desde donde se diseñó y tejió la red de complicidades y encubrimientos que la hace posible: el poder público.