Pide sanción para 20 agentes judiciales por violaciones a derechos de 2 detenidos

Emite el ombudsman capitalino recomendación a la procuraduría por dos casos de tortura

Necesario, promover reformas para invalidar pruebas obtenidas por ese medio, indica

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

A partir de dos casos de tortura atribuidos a agentes de la Policía Judicial capitalina, la Comisión de Derechos Humanos del DF recomendó a la Procuraduría General de Justicia adoptar medidas de vigilancia en las áreas donde permanecen los detenidos, y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la ciudad promover reformas que invaliden las pruebas obtenidas por la autoridad violando las garantías constitucionales, y sólo sea válida como prueba la confesión rendida ante los jueces.

Emilio Alvarez Icaza, ombudsman capitalino, presentó ayer la recomendación 5/2002, derivada del caso de Miguel Angel García Jacinto y Enrique García López, quienes el primero de diciembre de 1999 fueron detenidos en su domicilio en la colonia El Rodeo, delegación Iztacalco, y trasladados a instalaciones de la PGJDF en la colonia Doctores, donde fueron sometidos a torturas físicas y sicológicas y aceptaron cargos en su contra por el delito de robo.

Según la denuncia, agentes judiciales exigieron a los familiares el pago de 250 mil pesos con la amenaza de desaparecerlos si no entregaban el dinero.

Las víctimas denunciaron a los agentes judiciales involucrados, alrededor de 20, pero fueron acusados de falsedad en declaración y consignados a un juez penal, quien los absolvió. García Jacinto identificó a dos agentes: Esteban Romero Ramírez, El Catrín, de quien fuentes judiciales indicaron que está adscrito a la Fiscalía de Delitos Sexuales, así como al padre de éste, David Romero Ramírez, El Oso, adscrito a la Fiscalía para Delitos Financieros. Según las fuentes consultadas, hijo y padre no tiene el grado de comandante de la PJDF, como se identificaron ante las víctimas.

La queja se inició el 11 de enero de 2000; sin embargo, la administración del entonces ombudsman, Luis de la Barreda, cerró el caso sin llegar a la conclusión de tortura, y al detectar la actual administración que no se sancionó a los agentes, reabrió la queja y realizó la investigación aplicando los ordenamientos internacionales, como el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul, y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de las Naciones Unidas, ambos adoptados por México, entre otros.

El ombudsman llegó a la conclusión de que se violaron los derechos humanos de las víctimas, con "detención inconstitucional y arbitraria, injerencias arbitrarias en el domicilio (allanamiento de morada), sometimiento a tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura, secuestro, robo y daños en propiedad ajena".

Tan grave como los hechos, advirtió el ombudsman, es que la procuraduría no haya investigado las violaciones a los derechos humanos enunciadas y que las víctimas no hayan sido resarcidas, ni material ni moralmente.

Por esto, recomendó que los agentes judiciales y los funcionarios de la dependencia que "con sus actuaciones en ejercicio de sus funciones no protegieron a las víctimas o han impedido que se procure justicia"..."sean llevados ante un juez para que se resuelva su probable responsabilidad en los delitos que se configuren por las violaciones a los derechos humanos documentadas", así como la debida y justa reparación del daño a las víctimas.