Los terrenos en litigio los ocupan la Escuela Nacional de Antropología y el Reclusorio Oriente

Tendría que pagar el GDF $376 millones por expropiaciones mal realizadas en el pasado

La Corte emitirá en breve su fallo El asunto compete a la Federación: López Obrador

ELIA BALTAZAR

El Gobierno del Distrito Federal enfrenta dos litigios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las expropiaciones que realizaron administraciones priístas en los años 60, de los terrenos donde se encuentran la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el Reclusorio Preventivo Oriente.

Los propietarios reclaman ante la SCJN el pago de 176 millones 500 mil pesos, en el caso del predio de la ENAH, y 200 millones por aquel donde se halla el reclusorio. Son 376 millones 500 mil pesos los que deberá cubrir el gobierno capitalino si los ministros del máximo tribunal del país fallan a favor de los particulares, según información de las autoridades locales.

La Corte incluso podría solicitar la destitución del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, si se negara a cumplir la resolución y a pagar las indemnizaciones, según explicó el mandatario local en su conferencia de prensa matutina, en la que denunció la corrupción que ha imperado en la mayoría de esos juicios por expropiaciones, por parte de funcionarios que actuaron de manera dolosa o irresponsable a favor de un particular y en contra del interés público.

López Obrador aseveró que en esa maraña de influyentismo y corrupción también deben ser investigados los despachos de abogados que se dedican a ese tipo de juicios. "No son muy buenos abogados, pero tienen buenas agarraderas, influencias, y son hasta políticos", expresó.

No es justo, dijo, que el presupuesto público se utilice para pagar esos asuntos. Advirtió que no está dispuesto a recortar el presupuesto social para cumplir con el pago de dichas indemnizaciones. Agregó que si hay que cumplir con esos pagos, entonces el Legislativo deberá prever en los presupuestos anuales partidas destinadas a ese fin, para no afectar el gasto social. Porque "no es el gobierno, sino el pueblo el que tiene que pagar todo esto". López Obrador consideró necesario que la Comisión Nacional de Derechos Humanos revise si hubo corrupción en las actuaciones de servidores públicos "que no hicieron bien su trabajo y no cumplieron con una buena defensa en los juicios y los perdieron".

Como recién ocurrió a la Secretaría de la Reforma Agraria, que se verá obligada por el Poder Judicial a cubrir una indemnización de mil 214 millones de pesos por la expropiación de un terreno en Santa Ursula Coapa, so pena de destituir al titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, así López Obrador estaría obligado a pagar el monto que demandan los propietarios de los predios del Reclusorio Oriente y la ENAH. El litigio en este último caso corresponde a un terreno de 18 mil metros cuadrados, de los 78 mil que en su momento se asignaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia; el predio fue expropiado en los años 60 por el entonces Departamento del Distrito Federal. El propietario, Angel Veraza, y ahora su sucesión, promovieron el proceso judicial y consiguieron un amparo de los juzgados de distrito en contra del decreto expropiatorio, ya que hubo un error en la publicación en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 15 de octubre de 1962. Allí se apuntó que la expropiación tenía sustento en la Ley de Explotación en vigor, en lugar de decir de expropiación.

El amparo, sin embargo, no fue acatado por las autoridades del DDF, y los propietarios recurrieron a un recurso conocido como incidente de ejecución, que también fue ignorado. Y así promovieron un incidente de inejecución, que llegó a la SCJN cuando ya hubo un gobierno electo en el DF, y que ahora podría significar para la administración de López Obrador el pago de 172 millones 500 mil pesos, según peritaje elaborado en 1998. No obstante, esta cantidad está muy por encima del costo real comercial del predio, valuado por los peritos del GDF en 4 millones 199 mil 287 pesos.

La SCJN está a punto de emitir su fallo en este caso. López Obrador explicó que "no hay la amenaza y ni siquiera la advertencia (pero) sí existe la posibilidad de que nos obliguen a pagar, so pena de que me destituyan del cargo si no acatamos la resolución". Para el jefe de Gobierno se trata de un asunto a todas luces injusto y del cual tendría que hacerse cargo el gobierno federal, pues el caso se remonta a la época en que el DF dependía de la Federación.