Indicios de que Emilio Botín incurrió en 138 delitos fiscales y de falsedad documental

La Audiencia Nacional española investiga ahora al presidente del Banco Santander

El y cuatro ex directivos habrían trasladado cuentas de sus clientes fuera de ese país

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 28 de junio. El presidente del Banco Santander Central Hispano (BSCH), Emilio Botín, habría incurrido en al menos 138 delitos fiscales y uno de falsedad documental entre 1988 y 1991, según un auto dictado hoy por la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, que investiga desde hace cinco años los entresijos de este presunto fraude. En estos momentos los dos principales bancos españoles, el BSCH y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), son escrutados por la justicia por gestiones turbias de sus respectivos directivos.

Según la magistrada hay "indicios" de que el banquero cántabro y cuatro ex directivos del Banco Santander -que después de su fusión se convirtió en el BSCH- incurrieron en 138 delitos fiscales mediante la cesión de créditos que trasladaban a cuentas opacas para evadir al fisco. Además de Botín, se sospecha de Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés, Lorenzo Solana y Ricardo Alonso como los autores intelectuales de estas transacciones, similares a las realizadas de forma reiterada por el BBVA en diversos paraísos fiscales.

La justicia española indaga desde hace 10 años la supuesta ilegalidad de un producto financiero que el Banco Santander comercializó entre 1988 y 1991, que consistía en captar clientes que buscaban evadir al fisco, a los que les ofrecían la posibilidad de la cesión al propio banco de la titularidad de un crédito para posteriormente refugiarlo en cuentas opacas y evadir el pago de 25 por ciento que correspendería a Hacienda. La suma de los 138 casos investigados supera los 50 millones de dólares.

La juez Palacios finalizó la instrucción del caso, y pidió a las partes del proceso que se pronuncien y presenten su escrito de acusación, lo que propiciaría el inicio del juicio oral y la comparecencia ante la justicia de Botín, el banquero más rico y con más poder de España.

En los delitos presuntamente cometidos con las cesiones de crédito, la juez considera que han podido incurrir en un delito fiscal y falsedad todas aquellas personas que se prestaron a que se utilizase su identidad en sustitución de los titulares verdaderos de las cesiones de crédito que comercializó el antiguo banco Santander. Entre estas personas, la juez destaca a Alfonso Derqui Barranco, a quien atribuye tres delitos fiscales y falsedad documental continuada, y a María Salat Burzón, con dos delitos fiscales y falsedad continuada. Pero el Santander también utilizó como titulares de los créditos a personas fallecidas y a supuestos testaferros.

Entre estos años, el Santander hizo cerca de decenas de miles de operaciones, lo que causó un perjuicio a Hacienda, según afirma la juez, de 145 millones 120 mil de pesetas (alrededor de 53 millones de dólares), procedentes de 9 mil 566 operaciones en la que la titularidad del cliente estaba cambiada. En el auto emitido por la juez, contra el que cabe recurso, se afirma que, tras varios años de instrucción, se deduce que el banco aseguraba a sus clientes esta opacidad a Hacienda para comercializar el producto.

"El Banco de Santander las venía haciendo sin practicarse retenciones sobre los rendimientos pagados a los clientes", y además la entidad defendía que esta "ausencia de retención significa una venta económica y financiera para los clientes. Omite el banco que tan importante es la ventaja financiera de la ausencia de retención, como la ausencia de información a Hacienda sobre la identidad de los titulares, que el banco se comprometió a no dar al ofrecer el producto como opaco, como 'pretendidamente opaco' para ser exactos", señala el auto de la juez Palacios.

Este caso se inició a finales de los años 80, cuando medio centenar de entidades se lanzaron a la comercialización de productos fiscalmente opacos a Hacienda, como fueron las cesiones de crédito, en 1990 y ante la constancia de que estos productos estaban sirviendo de cobijo para el dinero negro, el gobierno español inició una campaña inspectora para detectar las operaciones defraudatorias. Si bien la única investigación que prosperó fue la del Santander.

Perú abrirá archivos a Garzón

En relación con la trama de las cuentas secretas del BBVA, trascendió que la justicia peruana autorizó al juez Baltasar Garzón investigar el supuesto pago de un soborno millonario al ex presidente peruano, Alberto Fujimori, y a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que habría servido para que el banco español adquiriera la mayoría accionaria del Banco Continental, entonces sometido a un proceso de privatización. Garzón podría viajar al país andino para recabar documentos e interrogar a personas involucradas en este supuesto ilícito.