Durante el régimen de Fox se han documentado cuatro casos; en ninguno hay avances

Persiste en México la desaparición de personas como método, denuncia AI

El organismo exigió realizar reformas para aplicar la justicia a militares involucrados

VICTOR BALLINASX

En México se siguen registrando casos de desapariciones forzadas de personas, y hoy día "todavía estamos muy lejos de que se aclaren los casos del pasado y se le ponga fin a esa práctica", aseguró Amnistía Internacional (AI). Rupert Knox, investigador para México de esa organización, añadió que el reto del presidente Vicente Fox es desmantelar la infraestructura que permite ese crimen a lo largo y ancho del país, y llevar a los responsables ante la justicia.

Al presentar ayer el informe titulado México. La desaparición, un delito permanente, Knox señaló que aunque el presidente Fox ha emprendido una serie de medidas como la apertura de archivos, el nombramiento del fiscal especial para desaparecidos, y la ratificación "a medias" de la Convención Interamericana contra las Desapariciones, eso "no garantiza el fin de la impunidad ni el esclarecimiento de las cosas".

Amnistía Internacional, abundó el investigador, ha documentado cuatro desapariciones en el actual gobierno, y "estos nuevos casos muestran similitud con los del pasado. También persiste la resistencia del gobierno a investigar las nuevas desapariciones".

Insistió Knox: "la práctica de la desaparición forzada continúa como método de este gobierno, y en el pasado fue una política de Estado que involucró al Ejército, y todavía no se hace justicia para castigar a los militares que participaron en ese tipo de actos. Es crucial que el gobierno actúe sobre el fuero militar, que lo elimine, porque si no, lo único que se hace es asegurar la impunidad".

En el informe sobre la desaparición en México se resalta que Fox, al asumir la Presidencia, "prometió acabar con la impunidad que había caracterizado gran parte de los 70 años que gobernó el PRI y añadió que su gobierno respetaría plenamente los derechos humanos y el estado de derecho"; sin embargo, apuntó Amnistía Internacional, en marzo de este año México depositó varias ratificaciones importantes de instrumentos internacionales son un valioso paso, pero falta incorporar esos principios a la legislación nacional.

Además, abunda, en junio del año pasado se efectuaron reformas a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, por las que se tipifica como delito las desapariciones; "sin embargo, esa reforma no satisface las obligaciones contraídas por México en materia de tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

La reforma, sostiene el organismo internacional, es positiva, pero no aborda cuestiones como las acciones de los particulares y de los grupos que actúan con o en nombre de funcionarios públicos implicados en desapariciones forzadas de personas, y tampoco aborda la necesidad de determinar la responsabilidad de la cadena de mando".

AI demandó al gobierno mexicano que retire la reserva y declaración interpretativa que el Senado de la República otorgó a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual ratificó el 10 de diciembre, porque con ello hace dudar seriamente de la voluntad del gobierno mexicano de aplicar efectivamente dicho compromiso.

Rosario Ibarra de Piedra, dirigente de la organización Eureka y quien también estuvo en la presentación del informe, dijo que el grupo que representa ha decidido no revisar los archivos recién abiertos ni acudir a la fiscalía especial.

"Se tardaron 30 años en abrir esos archivos, no hay necesidad de ir con el fiscal, es su obligación empezar la investigación con las denuncias que tiene, y no como ha empezado, pidiéndoles sangre a las familias de desaparecidos en Sinaloa, eso quiere decir que su idea es investigar asesinatos y no casos de desaparecidos, porque éstos no prescriben", dijo Ibarra de Piedra.

Destacó que en la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada por parte de México se puso una declaratoria interpretativa y una reserva para no enjuiciar a los militares que participaron en las desapariciones. Esto, aseguró, "es una nueva burla a los familiares de los desaparecidos".

Dijo que los familiares de desaparecidos solicitaron al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, interponer una controversia contra la ratificación del documento, para evitar esas enmiendas.

Ibarra de Piedra señaló que "aunque los organismos internacionales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitaron al gobierno la reparación del daño a los familiares, nosotras, las del Comité Eureka, no queremos dinero, queremos justicia".

También se resalta en el informe de AI que es urgente que el gobierno del presidente Fox inicie las reformas estructurales que anunció en materia de justicia, en la Procuraduría General de la República (PGR), y las procuradurías de los estados; así como en la justicia militar para poner a los culpables ante la justicia civil y eliminar el fuero que les brinda impunidad. Es obligatorio, añade el documento, realizar reformas al Poder Judicial y a los tribunales.

Knox destacó que uno de los desafíos de Fox es someter plenamente el estamento militar a la jurisdicción civil, pues la reserva al artículo nueve de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en lugar de contribuir a tal fin, refuerza la ausencia de rendición de cuentas por parte de los efectivos castrenses acusados de violar los derechos humanos. Por ello, "es esencial que el gobierno mexicano retire esa reserva sin dilación".

El investigador agregó que la impunidad ha hecho que prácticamente ninguna persona haya comparecido ante la justicia por violaciones a derechos humanos, especialmente en los casos relacionados con las desapariciones forzadas, por ello se requieren reformas al Poder Judicial, pues han incumplido reiteradamente su obligación de investigar.

Los desaparecidos durante el gobierno de Fox

Los casos documentados de desaparecidos durante el actual gobierno son los siguientes: Faustino Jiménez Alvarez, ocurrido el 17 de junio de 2001 en Tierra Colorada, Guerrero; José de Jesús González Medina y Alejandro Martínez Dueñas, el 30 de junio de 2001 en Colima, Colima, y Jerónimo Gómez López, el 20 de diciembre de 2000 en Simojovel, Chiapas.