Demanda castigar a los responsables de la matanza
Reabrir el caso Aguas Blancas, pide el Congreso de
Guerrero
Ayer, dos marchas en memoria de los 17 asesinados en
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MISAEL HABANA Y JESUS SAAVEDRA CORESPONSALES
El Congreso de Guerrero y organizaciones no gubernamentales
solicitaron ayer a las autoridades federales reabrir el caso de la matanza
de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, ocurrido hace siete años,
y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen
"de lesa humanidad".
Desde Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez,
ayer partieron dos marchas con las que fueron recordados los 17 campesinos
asesinados en 1995 por la Policía Motorizada, cuando se dirigían
a manifestarse a la capital guerrerense.
Previamente,
y con dos horas de retraso, 10 miembros del Consejo Cívico Comunitario
Lucio Cabañas Barrientos y de la Corriente Critica del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) en Acapulco efectuaron una
ceremonia luctuosa frente al monumento construido donde el 28 de junio
de 1995 la policía emboscó a los miembros de la Organización
Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), provocando 17 muertos y 25 heridos.
Después del mediodía, unos 300 integrantes
de organizaciones provenientes de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y la
ciudad de México caminaron ayer desde las afueras de Aguas Blancas
hasta El Vadito, donde ocurrió la matanza, pidiendo justicia y castigo
para los responsables materiales e intelectuales del asesinato masivo de
los campesinos. Con una gran manta contra el "olvido oficial" y en favor
de "la memoria y la coordinación del pueblo", los manifestantes
arribaron al lugar.
Una hora más tarde, del mismo lugar salió
otro contingente encabezado por la OCSS y su líder Benigno Guzmán,
quien fue detenido después de la matanza, acusado de pertenecer
al Ejército Popular Revolucionario. Tras ellos marcharon decenas
de indígenas de la Organización Independiente de Pueblos
Mixtecos y Tlapanecos, entre ellos mujeres de El Charco, donde militares
asesinaron a 11 personas el 7 de junio de 1999.
Por la OCSS habló Norma Mesino, quien insistió
en la reapertura del caso y en que éste sea atraído por la
Procuraduría General de la República (PGR).
También asistieron los ex líderes de la
OCSS Hilario Mesino, Marino Sánchez y Benigno Guzmán. Este
último exigió la presentación de los miembros de esa
organización sobrevivientes de la matanza y posteriormente desaparecidos:
los hermanos Benito y Mauro Bahena Maldonado y Gilberto Romero Vázquez.
Tras ellos arribaron Erika Zamora y Efrén Cortez,
sobrevivientes de la matanza de El Charco y detenidos el mismo 7 de junio
de 1999, acusados de pertenecer al Ejercito Revolucionario del Pueblo Insurgente.
Ambos fueron liberados recientemente luego de que realizaran una prolongada
huelga de hambre.
Efrén Cortez convocó a la unidad de las
organizaciones sociales, y dijo que no hay voluntad política del
"régimen empresarial" de Vicente Fox para castigar a los responsables
de la matanza de Aguas Blancas, por lo que pidió que el caso sea
reabierto y atraído por la PGR.
Aseveró que en la cárceles del país
hay 480 "presos políticos", y demandó castigar a los ex presidentes
de la República y los miembros del Ejército que participaron
en guerra sucia de los años 70.
Lamentó que de nuevo, como el año pasado,
no pudieran acordar marchar unidos. "Han pasado siete años y no
nos hemos puesto de acuerdo para que se juzgue a Rubén Figueroa
Alcocer", dijo en alusión al entonces gobernador, quien ordenó
detener "a como diera lugar" a los campesinos que pretendían llegar
a la capital del estado.
Exigió castigar a Figueroa Alcocer y a funcionarios
su administración: Rubén Robles Catalán, ex secretario
de Gobierno; Gustavo Olea Godoy, ex director de la Policía Judicial;
Rosendo Armijo de los Santos, ex director de Seguridad Publica, y Héctor
Vicario Castrejón, entonces subsecretario de Finanzas y ahora senador.
Erika
Zamora, excarcelada después de una prolongada huelga de hambre,
expresó que esta zona de la Costa Grande de Guerrero "ha pagado
muy caro el derecho de vivir dignamente".
En la capital de Guerrero, el Congreso local aprobó
por unanimidad un punto de acuerdo mediante el cual se solicita a las autoridades
federales la reapertura del caso de la matanza de Aguas Blancas y el castigo
de los responsables materiales e intelectuales de ese "acto de lesa humanidad".
Sebastián de la Rosa Peláez, coordinador
de la fracción parlamentaria del PRD, sostuvo que ese hecho, "que
ha manchado vergonzosamente la historia de Guerrero, debe ser investigado
y castigado conforme a derecho".
Demetrio Saldívar Gómez, del Partido de
la Revolución del Sur, exigió al presidente Vicente Fox que
cumpla con sus promesas de campaña de justicia y de hacer prevalecer
el estado de derecho.
El punto de acuerdo aprobado por el Congreso local indica
que no se trata de indemnizar y reparar el daño a las víctimas,
sino de castigar a los culpables, porque ello es un reclamo social.
El legislador priísta Rubén Figueroa Smunty,
hijo del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, subió a tribuna
para decir que lo sucedido hace siete años "es un hecho que todos
los guerrerenses lamentamos", pero que éste ya fue juzgado por una
autoridad judicial.
"La vida sigue, y lo que pasó... fue lamentable
y los responsables de los hechos ya fueron juzgados", expresó.