La indemnización podría ser cubierta
de a peso por día, contemplan legisladores
Fernández de Cevallos recibirá más
de $600 millones del caso contra SRA
Advierten que además del tráfico de influencias
se tipificaría el delito de fraude
ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL
Al comenzar el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada,
el abogado panista Diego Fernández de Cevallos consiguió
revivir un asunto judicial que data de 16 años atrás, y en
cuestión de meses logró obtener una sentencia de indemnización
por mil 214 millones 174 mil pesos, que deberán salir del erario
público. De esa cifra, más de 600 millones serán pagados
al despacho del también presidente de la mesa directiva del Senado
de la República, por concepto de honorarios.
Documentos en poder de La Jornada confirman la
celeridad que el despacho de Fernández de Cevallos y del ex procurador
general de la República Antonio Lozano Gracia imprimió a
las gestiones que culminaron el 26 de marzo de este año, con la
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por
la que se apremia al Presidente de la República para que "conmine"
a los secretarios de Hacienda y de la Reforma Agraria al pago de la indemnización
millonaria a los herederos de Gabriel Ramos Millán.
Fuentes del gobierno federal aceptaron que hay un profundo
malestar en el círculo cercano al presidente Vicente Fox por el
papel del senador litigante, "porque si bien no hay una ley que le impida
llevar casos contra el propio Estado, es criticable desde el punto de vista
ético y moral".
En el Congreso, mientras tanto, se define la respuesta
que se dará a la solicitud de Hacienda de autorizar recursos adicionales
para cubrir la indemnización. Legisladores de PRI, PRD, PT y PVEM
estudian la posibilidad de que el adeudo se cubra no en una sola exhibición,
sino de a peso por día, porque -dijeron- "vamos a demostrar a la
Suprema Corte que el gobierno no tiene dinero, en razón de que el
déficit presupuestal es de 0.65 por ciento del PIB".
Zona populosa
Legisladores de PRI y PRD consideraron que además
del tráfico de influencias, se podría tipificar el delito
de fraude, además de fincar responsabilidad a las autoridades federales,
ya que el monto de la indemnización es "altísimo", porque
el costo promedio por metro cuadrado es de 3 mil 769 pesos, muy superior
al valor real de los terrenos en litigio, ubicados en una zona populosa
como Santa Ursula Coapa.
Los documentos que las autoridades de la Secretaría
de Hacienda (SHCP) hicieron llegar a la Comisión de Programación
y Presupuesto de la Cámara de Diputados dan cuenta de la rapidez
con quese dio solución a una demanda agraria iniciada el 11 de febrero
de 1985, cuando los herederos de Gabriel Ramos Millán demandaron
el amparo y protección de la justicia federal en contra de la expropiación
de 33 hectáreas en el ejido Santa Ursula Coapa.
Y es que en 1984, mediante un decreto presidencial firmado
por Miguel de la Madrid, se expropiaron 270 hectáreas, por causa
de utilidad pública, en la zona mencionada, y la familia Ramos Millán
reclamó 33 de ellas. Siete años después, el 30 de
enero de 1992, se les concedió el amparo, pero se sobreseyó
el juicio respecto de las autoridades señaladas como responsables.
Meses después, el 3 de diciembre de ese mismo año,
el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito
modificó la sentencia y concedió el amparo a los demandantes,
pero sin que se ejecutara la devolución de los terrenos en discordia.
Pasaron cuatro años más para que, el primero de noviembre
de 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el
incidente de inejecución 237/96 y ordenara al juzgado décimo
de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal requerir a
los quejosos para que manifestaran si aceptaban el cumplimiento sustituto
de la ejecutoria de amparo.
Es decir, debido a que ya no se les podrían restituir
las 33hectáreas, entonces otorgarles una indemnización por
daños y perjuicios. Los herederos de Ramos Millán esperaron
más de tres meses para responder afirmativamente, y lo hicieron
por escrito por conducto de Armando Bernal Estrada, el 18 de febrero de
1997.
Ahí quedó detenido el procedimiento, y fue
el 7 de marzo de 2001, cuando el despacho de Fernández de Cevallos
y Lozano Gracia manejaba ya el litigio ?con el PAN, su partido, en el poder?,
que se revivió el juicio y el juzgado décimo de distrito
dictó sentencia.
El juez le dio la razón al demandante, familiar
del ex procurador Lozano Gracia, y condenó a la Secretaría
de la Reforma Agraria al pago de los daños y perjuicios reclamados
por la cantidad de mil 214 millones 174 mil 40 pesos, pero dejó
a salvo la facultad de la autoridad para entregar a los quejosos, si las
hubiere, fracciones desocupadas del terreno en disputa, para disminuir
en lo que corresponda el pago proporcional.
La SRA interpuso un recurso de queja el 20 de marzo de
ese año, pero fue rechazado por la autoridad judicial, y el 27 de
marzo del presente año el tercer tribunal colegiado en materia administrativa
?cuyo presidente es el magistrado Carlos Alfredo Soto Villaseñor?
requirió tanto a la Secretaría de la Reforma Agraria como
a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP a remitirle constancias
que acreditaran la ampliación líquida del presupuesto de
la SRA para pagar el adeudo en cuestión.
La resolución
De esa forma el PJF resolvió el incidente de inejecución
8/2001 en el que "requiere al Presidente de la República para que
en su carácter de superior jerárquico del secretario de Hacienda
y Crédito Público y del secretario de la Reforma Agraria,
el primero de ellos a su vez jerárquico del subsecretario de Egresos,
los conmine a acatar el fallo protector y que dentro del término
de 24 horas remitan las constancias que acrediten que han cumplimentado
el mismo, debiendo para ello remitir copia certificada de los documentales
que muestren fehacientemente que han autorizado la ampliación líquida
del presupuesto a la SRA, para que dicha secretaría se encuentre
en aptitud de cubrir al quejoso la cantidad que le adeuda, por lo que esta
última deberá remitir las constancias".
En el documento se advierte que por ser una obligación
ineludible, "ocasionada con motivo del indebido ejercicio de la función
pública", la obligación "no está sujeta a la voluntad
de las autoridades sino al imperio de la Constitución federal, dado
que el pago deriva de un imperativo categórico de una resolución
de daños y perjuicios que, como cumplimiento a una sentencia de
amparo fue dictada por un Tribunal de Amparo, con eficacia de cosa juzgada".
La sentencia del presidente del tercer tribunal colegiado
en materia administrativa del primer circuito, Carlos Alfredo Soto Villaseñor,
no deja opciones a la SRA, ya que la obliga a pagar los mil 214 millones
174 mil 40 pesos, sin posibilidad de que abone una parte con terrenos.
A partir de ello es que la SHCP comenzó a apremiar al Congreso para
que apruebe la ampliación del presupuesto a la dependencia.
Cabe recordar que el año pasado, la titular de
la SRA, María Teresa Herrera Tello, envió una carta al secretario
de Hacienda, Francisco Gil, para que previera en el proyecto de presupuesto
de 2002 la cantidad requerida para pagar la indemnización a los
clientes de Fernández de Cevallos. Como no sucedió así,
las autoridades hacendarias intensificaron la presión, para que
el Poder Legislativo acepte, en una época de austeridad y de recortes
presupuestales, otorgar a la Reforma Agraria una cifra superior a los recursos
que se le asignaron para este año.
Tal petición, que analiza ya la Comisión
de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados,
ha causado un fuerte conflicto al interior del Congreso, toda vez que los
legisladores de PRI, PRD, PT y PVEM no están dispuestos a conceder
esos recursos, que tendrían que recortarse de los fondos de otras
dependencias.
El malestar es aún mayor porque ha trascendido
de fuentes gubernamentales y judiciales que el despacho de Diego Fernández
de Cevallos y Antonio Lozano Gracia cobrará a los herederos de Gabriel
Ramos Millán 50 por ciento de la indemnización autorizada
por el PJF, es decir, se embolsarán 600 millones de pesos.
Aunque Fernández de Cevallos ha tratado de minimizar
el problema, los datos que han salido a la luz pública aumentan
el escándalo. Sobre todo si se considera que es un negocio familiar
en el que Lozano Gracia consiguió beneficios para el cuñado
de su esposa, Gabriel Ramos Fernández.
Legisladores de todas las fuerzas políticas, excepto
del PAN, se cuestionan el monto tan elevado de la indemnización
y la rapidez con que se obtuvo, además de la falta de efectividad
de la SRA para defenderse. "En un momento en que el Poder Judicial se ha
asumido como independiente, resultan sorpresivos juicios de esta naturaleza,
que después de tantos años se fallan contra una dependencia
gubernamental. Resalta entonces que el antiguo régimen tan criticado
sí fue capaz de defender los intereses del Estado, y el nuevo régimen,
llamado del cambio, no ha sido capaz de hacerlo", consideró el senador
del PRI, Fidel Herrera.
Se preguntó incluso si la SRA y la Presidencia
de la República no cuentan con abogados que pudieran haber dado
seguimiento a cada instancia del proceso, o contratar litigantes "del mismo
calibre de los representantes jurídicos de los demandantes. ¿O
qué no sabían que el despacho de Diego llevaba el caso?"
"Que pida licencia": Salgado Macedonio
La notoriedad del caso Fernández de Cevallos y
su actuar como abogado-senador también causó molestia e ironía
en el diputado del PRD, Félix Salgado Mecedonio. Primero, con seriedad
invitó al jefe Diego a "solicitar licencia y retirarse del
cargo para hacer frente a un asunto que tiene que ver con la ética
y la moral".
La demanda de licencia se extendió al senador del
PAN Fauzi Hamdan y el diputado priísta Salvador Rocha Díaz
-quienes trabajan en actividades de abogacía con Fernández
de Cevallos- porque "han roto la regla no escrita de todo ciudadano, que
se refiere a no afectar el interés de la nación y de las
mayorías pobres".
Si deseamos encontrar soluciones, dijo, "¡que se
le pague al demandante en especie!, ¿por qué no se dan a
cambio los terrenos que Diego Fernández tiene en Punta Diamante
(Acapulco)?"
Salgado dio paso a la ironía: "Diego siente un
poco de pena porque se tapa la cara con la barba, es el rey del cinismo
en México. No conozco tanto de leyes como él, pero sí
conozco la vergüenza".
En franca campaña de autodefensa Fernández
de Cevallos desmintió, en una entrevista radiofónica, que
en su ejercicio como abogado se haya enriquecido a la sombra de sus actividades
políticas. Elevó el tono de voz y lanzó una acusación
sin fundamento contra "algunos" empresarios de los medios de comunicación,
porque se han enriquecido en forma inexplicable.
El cuestionado legislador consideró que muchos
medios de información hablan de él sin argumentos precisos
y, como en los últimos cuatro días, repitió que su
ejercicio profesional lo determina la ley, y no la mediocridad y cobardía
de sus detractores.
Retador, como es, el jefe Diego adujo que no utiliza
su poder político para ganar dinero, y en el caso del juicio que
ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria, "vergüenza
les debería dar a las autoridades" por haber perdido el caso al
incumplir una sentencia judicial.