La indemnización podría ser cubierta de a peso por día, contemplan legisladores

Fernández de Cevallos recibirá más de $600 millones del caso contra SRA

Advierten que además del tráfico de influencias se tipificaría el delito de fraude

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

Al comenzar el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, el abogado panista Diego Fernández de Cevallos consiguió revivir un asunto judicial que data de 16 años atrás, y en cuestión de meses logró obtener una sentencia de indemnización por mil 214 millones 174 mil pesos, que deberán salir del erario público. De esa cifra, más de 600 millones serán pagados al despacho del también presidente de la mesa directiva del Senado de la República, por concepto de honorarios.

Documentos en poder de La Jornada confirman la celeridad que el despacho de Fernández de Cevallos y del ex procurador general de la República Antonio Lozano Gracia imprimió a las gestiones que culminaron el 26 de marzo de este año, con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que se apremia al Presidente de la República para que "conmine" a los secretarios de Hacienda y de la Reforma Agraria al pago de la indemnización millonaria a los herederos de Gabriel Ramos Millán.

Fuentes del gobierno federal aceptaron que hay un profundo malestar en el círculo cercano al presidente Vicente Fox por el papel del senador litigante, "porque si bien no hay una ley que le impida llevar casos contra el propio Estado, es criticable desde el punto de vista ético y moral".

En el Congreso, mientras tanto, se define la respuesta que se dará a la solicitud de Hacienda de autorizar recursos adicionales para cubrir la indemnización. Legisladores de PRI, PRD, PT y PVEM estudian la posibilidad de que el adeudo se cubra no en una sola exhibición, sino de a peso por día, porque -dijeron- "vamos a demostrar a la Suprema Corte que el gobierno no tiene dinero, en razón de que el déficit presupuestal es de 0.65 por ciento del PIB".

Zona populosa

Legisladores de PRI y PRD consideraron que además del tráfico de influencias, se podría tipificar el delito de fraude, además de fincar responsabilidad a las autoridades federales, ya que el monto de la indemnización es "altísimo", porque el costo promedio por metro cuadrado es de 3 mil 769 pesos, muy superior al valor real de los terrenos en litigio, ubicados en una zona populosa como Santa Ursula Coapa.

Los documentos que las autoridades de la Secretaría de Hacienda (SHCP) hicieron llegar a la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados dan cuenta de la rapidez con quese dio solución a una demanda agraria iniciada el 11 de febrero de 1985, cuando los herederos de Gabriel Ramos Millán demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de la expropiación de 33 hectáreas en el ejido Santa Ursula Coapa.

Y es que en 1984, mediante un decreto presidencial firmado por Miguel de la Madrid, se expropiaron 270 hectáreas, por causa de utilidad pública, en la zona mencionada, y la familia Ramos Millán reclamó 33 de ellas. Siete años después, el 30 de enero de 1992, se les concedió el amparo, pero se sobreseyó el juicio respecto de las autoridades señaladas como responsables.

Meses después, el 3 de diciembre de ese mismo año, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito modificó la sentencia y concedió el amparo a los demandantes, pero sin que se ejecutara la devolución de los terrenos en discordia. Pasaron cuatro años más para que, el primero de noviembre de 1996, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el incidente de inejecución 237/96 y ordenara al juzgado décimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal requerir a los quejosos para que manifestaran si aceptaban el cumplimiento sustituto de la ejecutoria de amparo.

Es decir, debido a que ya no se les podrían restituir las 33hectáreas, entonces otorgarles una indemnización por daños y perjuicios. Los herederos de Ramos Millán esperaron más de tres meses para responder afirmativamente, y lo hicieron por escrito por conducto de Armando Bernal Estrada, el 18 de febrero de 1997.

Ahí quedó detenido el procedimiento, y fue el 7 de marzo de 2001, cuando el despacho de Fernández de Cevallos y Lozano Gracia manejaba ya el litigio ?con el PAN, su partido, en el poder?, que se revivió el juicio y el juzgado décimo de distrito dictó sentencia.

El juez le dio la razón al demandante, familiar del ex procurador Lozano Gracia, y condenó a la Secretaría de la Reforma Agraria al pago de los daños y perjuicios reclamados por la cantidad de mil 214 millones 174 mil 40 pesos, pero dejó a salvo la facultad de la autoridad para entregar a los quejosos, si las hubiere, fracciones desocupadas del terreno en disputa, para disminuir en lo que corresponda el pago proporcional.

La SRA interpuso un recurso de queja el 20 de marzo de ese año, pero fue rechazado por la autoridad judicial, y el 27 de marzo del presente año el tercer tribunal colegiado en materia administrativa ?cuyo presidente es el magistrado Carlos Alfredo Soto Villaseñor? requirió tanto a la Secretaría de la Reforma Agraria como a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP a remitirle constancias que acreditaran la ampliación líquida del presupuesto de la SRA para pagar el adeudo en cuestión.

La resolución

De esa forma el PJF resolvió el incidente de inejecución 8/2001 en el que "requiere al Presidente de la República para que en su carácter de superior jerárquico del secretario de Hacienda y Crédito Público y del secretario de la Reforma Agraria, el primero de ellos a su vez jerárquico del subsecretario de Egresos, los conmine a acatar el fallo protector y que dentro del término de 24 horas remitan las constancias que acrediten que han cumplimentado el mismo, debiendo para ello remitir copia certificada de los documentales que muestren fehacientemente que han autorizado la ampliación líquida del presupuesto a la SRA, para que dicha secretaría se encuentre en aptitud de cubrir al quejoso la cantidad que le adeuda, por lo que esta última deberá remitir las constancias".

En el documento se advierte que por ser una obligación ineludible, "ocasionada con motivo del indebido ejercicio de la función pública", la obligación "no está sujeta a la voluntad de las autoridades sino al imperio de la Constitución federal, dado que el pago deriva de un imperativo categórico de una resolución de daños y perjuicios que, como cumplimiento a una sentencia de amparo fue dictada por un Tribunal de Amparo, con eficacia de cosa juzgada".

La sentencia del presidente del tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, Carlos Alfredo Soto Villaseñor, no deja opciones a la SRA, ya que la obliga a pagar los mil 214 millones 174 mil 40 pesos, sin posibilidad de que abone una parte con terrenos. A partir de ello es que la SHCP comenzó a apremiar al Congreso para que apruebe la ampliación del presupuesto a la dependencia.

Cabe recordar que el año pasado, la titular de la SRA, María Teresa Herrera Tello, envió una carta al secretario de Hacienda, Francisco Gil, para que previera en el proyecto de presupuesto de 2002 la cantidad requerida para pagar la indemnización a los clientes de Fernández de Cevallos. Como no sucedió así, las autoridades hacendarias intensificaron la presión, para que el Poder Legislativo acepte, en una época de austeridad y de recortes presupuestales, otorgar a la Reforma Agraria una cifra superior a los recursos que se le asignaron para este año.

Tal petición, que analiza ya la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, ha causado un fuerte conflicto al interior del Congreso, toda vez que los legisladores de PRI, PRD, PT y PVEM no están dispuestos a conceder esos recursos, que tendrían que recortarse de los fondos de otras dependencias.

El malestar es aún mayor porque ha trascendido de fuentes gubernamentales y judiciales que el despacho de Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia cobrará a los herederos de Gabriel Ramos Millán 50 por ciento de la indemnización autorizada por el PJF, es decir, se embolsarán 600 millones de pesos.

Aunque Fernández de Cevallos ha tratado de minimizar el problema, los datos que han salido a la luz pública aumentan el escándalo. Sobre todo si se considera que es un negocio familiar en el que Lozano Gracia consiguió beneficios para el cuñado de su esposa, Gabriel Ramos Fernández.

Legisladores de todas las fuerzas políticas, excepto del PAN, se cuestionan el monto tan elevado de la indemnización y la rapidez con que se obtuvo, además de la falta de efectividad de la SRA para defenderse. "En un momento en que el Poder Judicial se ha asumido como independiente, resultan sorpresivos juicios de esta naturaleza, que después de tantos años se fallan contra una dependencia gubernamental. Resalta entonces que el antiguo régimen tan criticado sí fue capaz de defender los intereses del Estado, y el nuevo régimen, llamado del cambio, no ha sido capaz de hacerlo", consideró el senador del PRI, Fidel Herrera.

Se preguntó incluso si la SRA y la Presidencia de la República no cuentan con abogados que pudieran haber dado seguimiento a cada instancia del proceso, o contratar litigantes "del mismo calibre de los representantes jurídicos de los demandantes. ¿O qué no sabían que el despacho de Diego llevaba el caso?"

"Que pida licencia": Salgado Macedonio

La notoriedad del caso Fernández de Cevallos y su actuar como abogado-senador también causó molestia e ironía en el diputado del PRD, Félix Salgado Mecedonio. Primero, con seriedad invitó al jefe Diego a "solicitar licencia y retirarse del cargo para hacer frente a un asunto que tiene que ver con la ética y la moral".

La demanda de licencia se extendió al senador del PAN Fauzi Hamdan y el diputado priísta Salvador Rocha Díaz -quienes trabajan en actividades de abogacía con Fernández de Cevallos- porque "han roto la regla no escrita de todo ciudadano, que se refiere a no afectar el interés de la nación y de las mayorías pobres".

Si deseamos encontrar soluciones, dijo, "¡que se le pague al demandante en especie!, ¿por qué no se dan a cambio los terrenos que Diego Fernández tiene en Punta Diamante (Acapulco)?"

Salgado dio paso a la ironía: "Diego siente un poco de pena porque se tapa la cara con la barba, es el rey del cinismo en México. No conozco tanto de leyes como él, pero sí conozco la vergüenza".

En franca campaña de autodefensa Fernández de Cevallos desmintió, en una entrevista radiofónica, que en su ejercicio como abogado se haya enriquecido a la sombra de sus actividades políticas. Elevó el tono de voz y lanzó una acusación sin fundamento contra "algunos" empresarios de los medios de comunicación, porque se han enriquecido en forma inexplicable.

El cuestionado legislador consideró que muchos medios de información hablan de él sin argumentos precisos y, como en los últimos cuatro días, repitió que su ejercicio profesional lo determina la ley, y no la mediocridad y cobardía de sus detractores.

Retador, como es, el jefe Diego adujo que no utiliza su poder político para ganar dinero, y en el caso del juicio que ganó a la Secretaría de la Reforma Agraria, "vergüenza les debería dar a las autoridades" por haber perdido el caso al incumplir una sentencia judicial.