El fallo del Poder Judicial de la Federación que obliga a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a pagar a unos terratenientes urbanos, cuyos predios fueron expropiados en 1984, una indemnización de mil 214 millones de pesos -cifra que rebasa el presupuesto total de la dependencia-, ha derivado en un escándalo que ilustra las graves distorsiones y lagunas de la legalidad en nuestro país y que coloca bajo los reflectores de la opinión pública, una vez más, a los legisladores que, en el ejercicio privado de la abogacía, aprovechan con fines particulares los resquicios y huecos de las leyes que ellos mismos aprueban para supuesto beneficio de la nación: Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, Salvador Rocha Díaz y otros de la misma calaña.

En su condición de representantes populares, estos sujetos tendrían que defender al Estado y sus instituciones. Pero una vez que se levantan de sus curules y se trasladan a sus despachos privados, se llevan todo el conocimiento de los intríngulis legales, por no hablar de la influencia y el poder de sus cargos, para ejercer, en condiciones ventajosas, el lucrativo oficio de litigantes. Como lo señaló el constitucionalista Elisur Arteaga, "cuando un legislador lleva un caso ante los tribunales, la otra parte -acusado o acusador- está en gran desventaja, porque no cuenta ni con las influencias ni con los contactos personales de su 'oponente'".

 La permisividad en materia de negocios privados de los parlamentarios hace posibles acciones más graves que las señaladas: permite que el trabajo legislativo de los abogados en activo se distorsione en función de los intereses de sus respectivos despachos, y que individuos como Rocha Díaz, Fernández de Cevallos, Hamdan y demás, elaboren leyes a la medida de su conveniencia y de la de sus clientes. Cabe preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto gravitaron tales intereses en el gigantesco desfalco al país que significó la legalización parlamentaria del rescate bancario zedillista, y en la que participaron buen número de priístas y panistas que ejercían, además, como litigantes particulares.

Podría decirse, en paráfrasis del refrán popular, que un abogado de éstos nunca pierde un caso, y que cuando pierde, legisla. Y si quedan sospechas, insulta, como Fernández de Cevallos, quien no tiene empacho en atribuir la indignación social que suscitan sus andanzas a una mera reacción de "coyotes", "mediocres", "burros" y "estúpidos". Finísima persona, el senador.

Podría resultar gracioso que, en materia de expresión verbal, algunos panistas se comporten, hoy, como los caciques priístas chicharroneros -para retomar la expresión lopezportillista-, pero es trágico, inadmisible, inmoral y profundamente oneroso para el interés público que en el Congreso de la Unión tengan asiento individuos que cobran sus dietas del dinero de los contribuyentes y que, como litigantes privados, y con todas las ventajas que les confiere su investidura, sangran al Estado para favorecer a sus clientes. Es urgente, por ello, que los propios integrantes del Legislativo se obliguen a renunciar a las actividades remuneradas privadas -sean cuales sean- en el curso de su estadía en el Congreso de la Unión, como ocurre actualmente con los funcionarios del Poder Judicial y con los consejeros electorales federales.