Acepta gobernador nayarita recomendación de la CNDH

Indemnizarán con 90 mil pesos a deudos de menor asesinado por agentes judiciales

JESUS NARVAEZ ROBLES CORRESPONSAL

Tepic, Nay., 27 de junio. El gobernador Antonio Echevarría Domínguez aceptó una recomendación que le envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que su administración indemnice con 90 mil pesos a la familia del niño Raymundo de la Cruz Lemus, quien fue asesinado a balazos en abril del año pasado por agentes judiciales.

No obstante, rechaza la posición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que se indica que los policías dispararon sin motivo y dejaron morir desangrado al menor. "Los agentes están libres de toda culpa", indicó Petronilo Díaz Ponce, jefe de asesores del mandatario.

De la Cruz Lemus, de 15 años, fue asesinado cuando unos 30 agentes judiciales del estado llegaron a la comunidad de Santa Cruz, en el municipio de Acaponeta, a buscar a miembros de una banda de homicidas encabezada por Cayetano Gutiérrez.

Los agentes registraban a pobladores junto al templo cuando el niño corrió asustado. "Los policías le dispararon, y aunque todavía estaba vivo cuando llegaron a él, lo patearon y dejaron morir desangrado", señalaron testigos. Por ello, la CEDH emitió la recomendación para que se castigara a los responsables. Posteriormente hizo lo propio la CNDH.

Díaz Ponce informó este jueves que el gobernador aceptó la recomendación 19/2002 emitida por la CNDH, mediante la cual le solicita la indemnización a los familiares de Raymundo de la Cruz.

Sin embargo, dijo que "no se trata de aceptar alguna responsabilidad o culpabilidad de los agentes de la Policía Judicial del Estado, ya que el segundo tribunal colegiado del 24 circuito en el estado excluyó de toda responsabilidad penal, por legítima defensa, a los agentes de la Policía Judicial del Estado, pues se demostró de manera fehaciente que los policías actuaron en defensa propia". (De la Cruz les disparó primero, aseguran ellos.)

Ocho muertes relacionadas con el caso

En cuanto a las ocho muertes ocurridas posterior al asesinato -y que según la Procuraduría de Justicia tendrían relación entre sí-, Díaz Ponce señaló que "no hay indicios de que se tengan pruebas de ello, y sólo se pretende tomar como bandera política lo que sucedió respecto a la muerte de Raymundo de la Cruz, ya que los agentes judiciales quedaron exentos de responsabilidad y no pueden ser juzgados dos o más veces por el mismo delito".

Informó que con motivo del mismo oficio girado por la CNDH, el Ejecutivo estatal mandó otro para que el procurador general de Justicia Jorge Armando Bañuelos se abstenga en lo sucesivo "de hacer alguna declaración pública de cualquier averiguación previa hasta en tanto no se concluya la investigación respectiva"