Jaime Martínez Veloz

Privatizaciones en Baja California

Baja California está sirviendo de cabeza de playa en la claudicación de la política energética soberana de México, y como paradigma de lo que son las susodichas reformas estructurales del foxismo. En ese estado se está autorizando indiscriminadamente la instalación de plantas generadoras de electricidad, priorizando las necesidades energéticas de la California estadunidense, sin considerar ni la legalidad ni los intereses nacionales. Por encima de todo debería prevalecer una política de Estado soberana y que la entidad decidiera la construcción de plantas en función de sus intereses, no al gusto de necesidades foráneas.

Hay antecedentes. El 4 de julio de 2001 el Congreso de la Unión presentó recurso de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial por un permiso ilegal de generación eléctrica otorgado sin licitación. A Energía Azteca VIII, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) le dio un "permiso sobre permiso" para vender "excedentes" fuera de licitación, en San Luis de la Paz, Guanajuato.

En Mexicali, Energía Azteca X, también subsidiaria de la empresa estadunidense InterGen Aztec Energy, se está beneficiando de permisos sobre permisos para evadir la obligada licitación. El 7 de agosto de 2000 la CRE autorizó a Energía Azteca generar electricidad como productor independiente. El permiso E/174/PIE/2000 resultó de la licitación pública internacional 18164093-007-98, convocada el 15 de octubre de 1998 por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para adjudicar un contrato de "compromiso de generación y compraventa de energía eléctrica".

El 16 de junio de 2000 la CFE comunicó a la CRE el fallo favorable de la adjudicación a InterGen, del cual se derivó el permiso referido. Sin embargo, el 22 de agosto de 2000 Energía Azteca X solicitó a la CRE otro permiso más, esta vez para la generación de "energía eléctrica destinada a la exportación", exponiendo los antecedentes de su permiso E/174/PIE/2000 cuando ganó la licitación de la CFE.

Energía Azteca X tendría una capacidad de 298.62 megavatios para exportar electricidad a Estados Unidos vía Coral Power LLC. De manera muy oficiosa, la CRE pidió "opinión" a la CFE sobre la solicitud y, luego de un plazo inmediato sin "respuesta oficial", notificó que entendía "como favorable la opinión con respecto al permiso solicitado", conforme a lo establecido en el " 'trámite CRE-00-001-F Exportación de energía eléctrica' inciso 2.2, del Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el registro federal de trámites empresariales que aplican la Secretaría de Energía y su sector coordinado", dicho en un lenguaje que envidiaría el burócrata más oficioso.

Salvados esos pequeños trámites administrativos, la CRE de manera ágil dio a Energía Azteca X el permiso E/182/EXP/2000, el 20 de diciembre de 2000, para "generar energía eléctrica destinada a la exportación". Nada importó que se evadiera una licitación para dar este permiso sobre permiso, que ya parece ser la tónica con la que la CRE evade los engorrosos marcos constitucionales.

No es raro tampoco que sea en Baja California donde tienen lugar esas irregularidades. Desde 1989, cuando llegaron los panistas al poder, la entidad se ha convertido en un auténtico laboratorio de prueba y error para las administraciones blanquiazules. En ese corto lapso se ha dado un escalamiento siniestro en violencia, criminalidad y adicciones, fenómenos institucionalizados en los que punteamos al país. Aquí no fue necesario "soportar" 70 años de "dictadura" priísta, porque en sólo 13 años los panistas han superado a sus adversarios.

Considerando el desastre panista en Baja California, el futuro nacional es preocupante ahora que la administración federal quedó en sus manos. En 13 años han destrozado el tejido social, abatiendo además de los niveles de bienestar, los índices de participación electoral, cosa no vista en ningún otro estado. No son ajenos a la corrupción. Así, el alcalde panista de Mexicali puede comprar con dinero público 50 camionetas en la distribuidora del gobernador panista, negando violar su sacrosanto código de ética.

Las famosas "reformas estructurales" que el foxismo tanto invoca son la pantalla para entregar la soberanía mexicana a intereses en el exterior, sin importarles la independencia, patriotismo ni sangría económica, mucho menos las implicaciones políticas o sociales. Baja California es prueba de ello.

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