Red de defensores de derechos humanos denuncia hostigamiento a población indígena

Nuevos sobrevuelos militares en La Realidad

También el municipio autónomo Tierra y Libertad es asediado por aviones castrenses

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Municipio Autonomo San Pedro de Michoacan, Chis., 14 de junio. Los aviones militares han vuelto a sobrevolar a diario La Realidad "como en los tiempos de Zedillo", dice un vocero del concejo autónomo. Al caer el día. A media altura. Siempre. Sábados, domingos y días festivos.

Los pobladores de Amparo Aguatinta, municipio autónomo Tierra y Libertad, en la frontera con Guatemala, refieren algo parecido: "Cuando menos lo pensamos, aparece allá del cerro el avión y pasa encima de toda la comunidad".

Además, a escasos kilómetros del poblado persiste un puesto de revisión del Ejército Mexicano que no dejó de operar ni siquiera cuando el presidente Vicente Fox, al tomar posesión, anunció la suspensión de patrullajes y retenes en la zona de conflicto.

Los patrullajes terrestres militares por diversas comunidades de Tierra y Libertad son permanentes, tanto sobre la carretera como en los caminos vecinales que conducen a posiciones castrenses lejos de la línea fronteriza.

Como se recordará, este municipio autónomo es uno de los que "desmanteló" el gobierno en tiempos de Ernesto Zedillo y Roberto Albores (el primero de mayo de 1998: no cabe duda que quien ha decidido las fechas de ataque a los municipios autónomos practica un desconstructivismo histórico digno de mejores causas).

El día de hoy, el diario Expreso Chiapas informó que campesinos de las comunidades Chajul y Pico de Oro, en la misma región, denunciaron que "en días recientes se ha incrementado el número de efectivos del Ejército federal, creando un clima de inseguridad y temor entre los indígenas, a quienes revisan sus pertenencias cuando circulan por los caminos de la selva".

Estas denuncias de patrullajes aéreos se suman a las del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, en el extremo norte de la selva Lacandona, en semanas recientes. Y también a las de los ejidos Lázaro Cárdenas (Huitiupán) y Francisco Villa (Palenque) en la zona norte; estos dos últimos casos son verdaderos conatos de ocupación militar de las comunidades indígenas.

Otras acciones intimidatorias

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la zona Salto de Agua-Palenque denunció esta semana un fuerte hostigamiento militar sobre el ejido Francisco Villa. A finales de mayo, en dos ocasiones, el Ejército invadió literalmente el poblado.

El 20 de mayo, un convoy integrado por 50 soldados, un vehículo de Seguridad Pública y uno más de la Policía Judicial, procedente de Antioquia, se detuvo frente a la vivenda del señor Miguel Gutiérrez Guzmán. "Los militares bajaron pidiendo tortilla, aceite y sal, así como la casa para preparar comida. Ocuparon la casa durante cinco horas", informó la red.

El día 25 se repitió el operativo. A las 7:30 de la mañana los soldados "pasaron por toda la comunidad pidiendo a la población agua, tortillas, gallinas, loros y una casa para preparar alimentos. La gente, temerosa, se negó a proporcionarles lo que pedían", refiere la red. Entonces la patrulla se internó en las milpas. "Cruzaron el arroyo donde la gente se baña, y salieron al rancho propiedad de don Lalo, y allí permanecieron hasta las 13 horas".

Los vehículos de la Seguridad Pública y Policía Judicial volvieron a atravesar Francisco Villa alrededor de las 11 de la noche, con dirección a la comunidad de Antioquia, de donde regresaron a la una de la mañana del día siguiente.

"Ante la inconformidad y el temor de los habitantes del ejido Francisco Villa", la red declara que "la presencia militar y policiaca rompe con la vida cotidiana de la comunidad" cuando, bajo el pretexto de pedir comida, se introducen en las casas de los campesinos. "Estas acciones que realizan el Ejército federal y los cuerpos policiacos van en contra del estado de derecho, que se supone deben resguardar, y sólo hostigan a esta población indígena".

Amenaza de desalojo en comunidad tojolabal

Las autoridades autónomas de San Pedro de Michoacán hicieron eco a lo denunciado por el nuevo centro de población Emiliano Zapata, sobre el desalojo que podrían sufrir las bases de apoyo zapatistas.

Entrevistado en el camino que conduce al ejido Tabasco, un vocero del municipio rebelde dijo que la demanda de desalojo fue presentada en la capital chiapaneca por la viuda de quien fuera propietario de las fincas, recuperadas ahora por zapatistas e integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). El dueño, de origen estadunidense, murió hace dos años, pero dejó los ranchos desde 1994, y recibió indemnización del gobierno.

Como ocurre en otras regiones donde "brotan" conflictos de tierra con otras organizaciones "independientes", este caso parece prefabricado. "A la señora ya no le interesaban esos ranchos, pero de pronto se acordó de ellos", dice el vocero de los autónomos. "Lo raro es que los de la CIOAC no han dicho nada, como si no se sintieran amenazados".

El municipio autónomo autorizó tanto a los zapatistas como a los integrantes de la central ocupar las tierras. "Pero ahora quieren ellos todo", agrega el vocero. "Parece que los anda apoyando El Camarón" (como se conoce al dirigente perredista Antonio Hernández Cruz, hermano del actual diputado Luis Hernández Cruz. El Camarón posee un largo historial de fricciones con los zapatistas de la región, debido a su recurrente papel de "administrador" de créditos gubernamentales y los conflictos que han enrarecido la aceptablemente armónica convivencia entre los pueblos de la región tojolabal).

El vocero zapatista expresa la sospecha de que la "reclamación" de la señora Reyna obedece a un acuerdo con la central (alguna vez llamada "zapatista" o independiente, para distinguirla de la "oficial", pero que se volvió gobiernista y desconoció sus acuerdos con el municipio autónomo tras el cambio de gobierno estatal). "Los de la CIOAC se hacen los que no, pero sí. Quieren sacar a los compas para quedar nomás ellos".

Sólo Emiliano Zapata es ocupado por zapatistas; los demás predios obran en poder gente de la central campesina. Los indígenas del nuevo centro de población, nacidos allí, son hijos y nietos de los peones acasillados en las antiguas fincas. En ese suelo se encuentran enterrados sus ancestros y sus propios cordones umbilicales.

En un comunicado, el concejo autónomo expresa textualmente: "Denunciamos al C. Pablo Salazar Mendiguchía por pretender realizar el desalojo de los predios Medellín del Carmen, La Colmena, La Floresta y La Florecita, con base en la denuncia que le presenta la señora María del Socorro Reyna Camacho en la Coordinación de Atención Ciudadana en Tuxtla Gutiérrez con fecha del 30 de marzo. Declaramos que los campesinos que ocupan los predios son ocupados y trabajados por bases de apoyo del EZLN, y que este territorio pertenece a este municipio en rebeldía San Pedro de Michoacán. Por lo tanto, la señora María del Socorro Reyna Camacho no tiene ningún derecho de recurrir a ustedes (el gobierno) para provocar el desalojo o el pago compensatorio de dichos predios. Los compañeros campesinos que actualmente trabajan estas tierras presentan todos los derechos, porque sus abuelos y padres trabajaron y aún sus huesos existen enterrados en estas tierras. Por eso están y serán reconocidos por el municipio autónomo, para el uso y disfrute de estas tierras".