Como se sabe, y como han escrito en noviembre de 2000 los Servicios de Seguridad de Estados Unidos, el dominio de los yacimientos de gas de todo el mundo tiene una importancia estratégica fundamental dada la marcha acelerada al agotamiento de las reservas petroleras que Pemex estima, en nuestro país, en apenas 21 años más, al ritmo actual de explotación. Es lógico, por consiguiente, que al entrar el mundo por decisión del presidente George W. Bush en un periodo bélico los recursos energéticos del golfo Pérsico, del mar Caspio o de Venezuela resulten una presa ambicionada. El gas de nuestro país, por supuesto, no constituye una excepción. En estas condiciones el gobierno federal repropone la concesión a empresas trasnacionales del gas mexicano, bajo la cobertura de contratos de servicio que, según los padres de la idea, serían indispensables para efectuar las exploraciones, las perforaciones y la producción de gas natural que Pemex no estaría en condiciones financieras o técnicas de desarrollar.

La idea, sin embargo, viola el espíritu de la Constitución, que otorga al Estado el monopolio "inalienable e imprescriptible" de los recursos del subsuelo. Como en el caso anterior de la energía eléctrica que contó con el fallo contrario de la Corte, vuelve a aparecer el intento de atribuir a los privados (en este caso a compañías trasnacionales, que son las únicas en condiciones de aprovechar ese negocio) los recursos esenciales para el desarrollo nacional, excluyendo además a Pemex y a sus técnicos y trabajadores de ese sector energético estratégico y vital paralelo que quedaría en manos de extranjeros. Para colmo, el diputado Salvador Rocha Díaz y el senador Natividad González Parás, ambos del Partido Revolucionario Institucional, han presentado por su cuenta un proyecto de decreto para reformar los artículos 4o y 6o de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo. Independientemente de que una modificación de una ley reglamentaria no puede oponerse al espíritu de la Constitución, que prevalece sobre todas las leyes, el proyecto en cuestión presenta graves incongruencias, como sostener que la Constitución prohíbe el uso de los recursos petroleros por particulares, pero no la exploración y la habilitación (o sea, la puesta en marcha de los pozos) que según ellos no serían formas de dicho uso. El proyecto de los dos legisladores priístas formula también serias amenazas para el patrimonio nacional, al poner como ejemplo de posibles modos de explotación de los recursos petroleros lo que sucede en otros países donde los mismos no pertenecen exclusivamente al Estado. Dicho proyecto además es prácticamente un calco de los contratos de servicio que piensan poner en marcha las autoridades, lo cual hace suponer que responde a un pedido preciso a ambos legisladores y que no sale del Poder Legislativo sino de Pemex o de las trasnacionales que negocian intensamente con las autoridades federales para hacer entrar por la ventana y como hecho consumado un atentado a la Constitución.

Porque de eso se trata. Sin que el Poder Legislativo decida nada sobre el asunto, la Secretaría de Energía y Pemex han organizado para la semana próxima una conferencia oficial internacional (observar lo de oficial) sobre el sector del gas en México que "introducirá la nueva estrategia mexicana de desarrollo del gas natural para los próximos años y las oportunidades de participación del sector privado en vista del aumento de la demanda en México". En la misma, que se realizará en un elegante hotel, y no en instalaciones oficiales, asistirá la plana mayor gubernamental, encabezada por el secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo, y por el director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos. Un público de grandes petroleros internacionales (que incluye, por ejemplo, a los de la Royal Dutch Shell) escuchará las ofertas o incluso teorizará, como el director internacional de Negocios de TotalFinaElf, sobre la "cooperación" entre las compañías petroleras nacionales y las trasnacionales. A los asistentes éstas les ofrecerán las comidas y el día de la clausura el ágape estará a cargo nada menos que de Repsol YPF (la empresa española que saqueó el petróleo argentino que cobra al consumidor del país donde lleva a cabo la extracción cinco veces más caro que lo que paga el consumidor en España).

Sería urgente que la Cámara de Diputados y el mismo PRI aclarasen cuál es su posición ante esta renovación del intento fracasado anteriormente en el campo de la electricidad para "los próximos -¿cuántos?- años". Los constitucionalistas sin duda tienen también la responsabilidad de descartar las artimañas legales y las falsas interpretaciones del texto constitucional que podrían permitir que se hiciera brecha en los preceptos legales para abrir la puerta a un saqueo de consecuencias imprevisibles. Cuando el petróleo se hace escaso y, por lo tanto, más valioso, y cuando el gas es estratégico resulta evidentemente ilógico -e inmoral- malbaratar los recursos de los cuales depende el desarrollo nacional y nuestra misma soberanía.