Aún sin castigo, funcionarios que impidieron legrado

Pide la CIDH al gobierno mexicano informe ampliado del caso Paulina

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 7 de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno mexicano un informe ampliado del caso de la menor Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, víctima de violación en 1999, en Mexicali, a quien funcionarios estatales negaron su derecho a un legrado.

Tras la solicitud, la Dirección de Derechos Humanos de la cancillería mexicana pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana (PDH) de Baja California un informe sobre el caso que ameritó una recomendación de este organismo al gobierno local.

El ombudsman bajacaliforniano, Raúl Ramírez Baena, informó que la cancillería hizo llegar la víspera una petición de ampliación de informes sobre el caso de la menor, a quien el ex procurador general de justicia de la entidad Juan Manuel Salazar Pimentel llevó ante un sacerdote cuando ella solicitó su derecho a terminar anticipadamente un embarazo producto de una violación.

Entonces la familia de Paulina, de 14 años, acudió ante la PDH para presentar su queja y demandar la reparación del daño, así como el castigo a los servidores públicos que se negaron a que la menor hiciera valer su derecho a un aborto, por lo que se emitió una recomendación.

También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Baja California, la 18/2000, por el caso.

Esa resolución fue en favor de la menor, y se recomendó al gobierno bajacaliforniano resarcir el daño y encargarse de la manutención de Paulina hasta que pudiera valerse por sus propios medios.

El expediente en la comisión se abrió luego de que el gobierno estatal no aceptó la recomendación 02/2000 de la PDH.

La queja ante la comisión interamericana fue presentada a principios de este año por la organización Alaíde Foppa luego de que se cumpliera parcialmente la recomendación, al otorgar a la menor un pie de casa y una compensación económica; sin embargo, falta sancionar a los ex funcionarios involucrados.