Necesario, subsanar lagunas

Piden esclarecer delitos cometidos durante la guerra sucia

CAROLINA GOMEZ MENA

A escasos 15 días de que la fiscalía especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales-políticos del pasado, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, rinda su primer informe de labores, organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos fustigaron el hecho de que tenga un escaso rango de acción para ejercer justicia.

En conferencia de prensa, Raúl Alvarez Garín e integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Amnistía Internacional sección México y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, entre otros, demandaron al Poder Ejecutivo que elimine las figuras que impiden juzgar a los violadores de los derechos humanos.

Entre ellas, la reserva realizada a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los de Lesa Humanidad, la reserva y la declaración interpretativa realizadas a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Sobre ello, Alvarez Garín destacó que para emprender acción penal contra quienes cometieron crímenes durante la llamada guerra sucia, lo único que falta es "tener voluntad política", la cual -deslizó- hasta ahora no se ha visto.

El papel del gobierno

Durante la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, los integrantes de las ONG especificaron que el gobierno debe mostrar voluntad para crear las condiciones jurídicas y políticas propicias para que la mencionada fiscalía "desarrolle su labor adecuadamente", y para ello debe "subsanar las lagunas y obstáculos legales que ponen en riesgo la adecuada procuración de justicia para las víctimas de estas violaciones".

Miguel Concha, directivo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, añadió que contrario a las acciones que se deberían emprender, "el gobierno ha puesto en marcha varias decisiones que coartan la posibilidad de que las víctimas de estas violaciones obtengan una verdadera justicia", lo que "pone en duda la voluntad del actual gobierno" en cuanto a "poner fin a la impunidad y terminar con la protección de ciertos grupos de poder en el país".

Dijeron que el 20 de marzo se publicó en el Diario Oficial un acuerdo de la Procuraduría General de la República por el cual se delega al fiscal especial (Carrillo Prieto) la facultad de autorizar el no ejercicio de la acción penal y de autorizar la reserva de la averiguación previa, acciones que son propias del Ministerio Público".

Para las agrupaciones esto es "muy grave, pues delega en el fiscal toda la autoridad para abrir y cerrar las investigaciones discrecionalmente sin que exista otra autoridad que pueda fiscalizar su correcta actuación".

Por otra parte, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada fue ratificada por el Senado, realizando una reserva y una declaración "interpretativa que frustran el objeto y fin de dicha convención".

También mencionaron que es una opinión internacional que hay "parcialidad" cuando la justicia militar investiga violaciones a los derechos humanos cometidos por su propio cuerpo, tal y como ocurre en México.