Iban a pagarles $535 mil; luego de corredurías notariales las vendieron en $16 millones

En 1995, Vicente Fox expropió tierras de 900 campesinos guanajuatenses; aún les adeudan

El terreno sería destinado para construir parque industrial que no se realizó, dicen afectados

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Silao, Gto., 20 de mayo. El gobierno de Vicente Fox expropió en 1995 las tierras de 900 ejidatarios, que vieron cómo en unos meses el valor mediante el cual se les indemnizó su predio se incrementó 30 veces. Obviamente no a su favor, pues incluso se les adeuda 30 por ciento del precio inicialmente pactado, que ahora reclaman.

La historia se remonta a 1993, cuando el empresario regiomontano Sergio Argüelles, acompañado por funcionarios de Nacional Financiera, buscaba un terreno para construir un parque industrial. Al final se decidió por el ubicado en el tramo libre de la carretera Silao-Guanajuato, donde actualmente se encuentra instalada una parte de la estación intermodal de la planta de General Motors.

El industrial inicia entonces negociaciones con Carlos Medina Plascencia, entonces beneficiado por la famosa concertacesión, mediante la cual se hizo gobernador interino.

Así, el 25 de abril de 1994 llega a la Secretaría de la Reforma Agraria un oficio, mediante el cual el gobierno de Guanajuato solicita la expropiación, "por causa de utilidad pública", de un terreno ejidal de 297 mil 624.89 metros cuadrados, correspondientes al poblado Los Rodríguez, en el municipio de Silao, "para la instalación de un parque industrial para proveedores de autopartes".

El 31 de agosto de 1995, el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, decreta la expropiación y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre, mientras que en Guanajuato las elecciones extraordinarias daban como vencedor a Vicente Fox.

De acuerdo con el Diario Oficial, "queda a cargo del gobierno del estado pagar una indemnización de 535 mil 724 pesos con 80 centavos. Asimismo, el Fondo Nacional de Fomento Ejidal "cubrirá el exacto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley Agraria, y en caso de que la superficie expropiada sea destinada a un fin distinto o no sea aplicada en un término de cinco años al objeto de la expropiación, demandará la revisión de la totalidad o de parte de los terrenos expropiados que no se destinen o no se apliquen conforme a lo previsto".

Para entonces la ley había cambiado y las valoraciones realizadas por el Centro de Avalúos de Bienes Inmuebles ya no debían pagarse exactas, sino que se dictaban como una cuota mínima, razón por la que, según consta en los libros de ingresos del gobierno estatal de 1995, en el pago de indemnización que se hizo el 31 de agosto a los propietarios de los predios en Los Rodríguez, se dio la cantidad de 2 millones 232 mil 186.675 pesos.

El 23 de enero de 1996, el gobernador Fox Quesada, el secretario de Gobierno Ramón Martín Huerta y el titular de Finanzas, José Luis Romero Hicks, firman la cesión de derechos de la propiedad a la empresa Desarrollos Industriales del Bajío, SA, propiedad de Sergio Argüelles.

La transacción se realiza en la notaría pública 13 de Guanajuato y se registraría en la escritura pública 4547, con la que el gobierno del estado cede los derechos del predio y se firma una "venta por 535 mil 724.80 pesos".

Ismael Luna Rodríguez, comisario ejidal de Los Rodríguez, recuerda que el pago hecho a la comunidad por la afectación fue de 535 mil 724.80 pesos, según consta en el recibo comunitario, y no los 2 millones 232 mil 186.675 pesos que se citan en el libro de egresos del gobierno del estado. Hasta ahora se desconoce el fin de un millón 696 mil 461.875 pesos que corresponderían al saldo de la indemnización oficial y la real.

En diciembre del año siguiente el valor de la propiedad se elevó a 16 millones 46 mil 122.43 pesos, luego de una serie de compraventas. La primera de ellas con la firma de Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta y José Luis Romero Hicks, gobernador y secretarios de Gobierno y de Planeación y Finanzas, respectivamente.

Pero, además, en las transacciones hubo una violación a la Constitución estatal y a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación relacionados con bienes inmuebles del estado. La redacción del decreto de expropiación ejidal es específica: al realizarse a favor del gobierno del estado, el terreno era incorporado al patrimonio, y ahí sólo podía establecerse un parque industrial para proveedores de autopartes.

Primero porque tanto el gobernador como los secretarios de Gobierno y de Planeación y Finanzas debieron promover ante el Congreso local una autorización para que Desarrollos Industriales del Bajío pudiera beneficiarse con la expropiación del predio.

No obstante esa omisión, el 31 de mayo de 1996 Desarrollos Industriales del Bajío vende el predio a la compañía The Calcuta Trading Company Inc., por 5 millones 13 mil 602 pesos y 76 centavos, según queda asentado en la notaría pública 78, con sede en Matamoros, Tamaulipas.

Sólo dos semanas después, el 12 de junio, esta empresa revende la propiedad a Eaton Real Estate Inc. por 5 millones 164 mil 637 pesos, con 57 centavos, transacción que queda registrada en la escritura pública 2157 en la notaría 211, en el DF.

Para el 19 de junio de 1996, el mismo empresario que cinco meses antes pagó al gobierno de Guanajuato menos de 536 mil pesos por los terrenos, paga a Eaton Real Estate Inc. 5 millones 320 mil 222 pesos con 25 centavos, a través de su empresa Fraccionadora Industrial del Norte, SA (Finsa), y recupera el inmueble. Esta transacción se registró en la escritura pública 71733 en la notaría 74 en la capital del país.

Poco tiempo después, mediante la escritura pública 74932 de la notaría pública 74, del Distrito Federal, se da cuenta que Sergio Argüelles escindió Finsa y se da posesión a Finsa del Centro y le transmite el terreno con un valor de 16 millones 46 mil 122.43 pesos, transacción fechada para el 13 de octubre de 1997, según las actas notariadas, cuyas copias posee La Jornada.

Al margen de las correrías por las notarías públicas del país, han pasado ya siete años del decreto y el ejido continúa en manos del primer beneficiario. Sin embargo, a un costado de la superficie del terreno se ha instalado la planta intermodal de la empresa automotriz General Motors y no un parque industrial para autopartes, como se dictó en el decreto de expropiación.

Afectados reclaman liquidación

Paralelamente, los campesinos del rancho Los Rodríguez reclaman la liquidación del pago de las afectaciones por sus predios.

Eliseo Luna Rodríguez, quien desde su tejabán ubicado a la falda del cerro observa diariamente cómo las que fueron sus tierras reposan bajo los vehículos que produce General Motors, asevera que "no cumplieron con lo que habíamos quedado, no se ha cumplido nada. Nos compraron en 1995, nos dijeron que nos iban a poner camino de empedrado, que nos iban a poner agua, que nos iban a dar trabajo, y nomás nos vieron la cara", dice.

Ramiro Rivera Rodríguez, delegado de la comunidad, indica que "cada hectárea la pagaron a 75 mil pesos, de los de antes. Primero nos dieron 10 por ciento, como a los dos años nos dieron otro 10 por ciento, y después, a los tres años, 50 por ciento. Ahí nos embaucaron y nos fregaron porque no han vuelto a darnos nuestro dinero"; es decir, 30 por ciento restante.

Ramiro Rivera dice que fueron casi 900 personas afectadas por la expropiación de los terrenos, que "trabajábamos para mantener a la familia. Nos dijeron que nos iban a dar trabajo, pero nada de eso llegó. Ahora nomás vamos al día".

Eliseo Luna, quien cada que habla apunta a lo que fue suyo, recuerda que "en los buenos tiempos sacaba de mi tierra hasta cinco toneladas de maíz, sorgo o alfalfa, ahora no tengo nada... el gobierno me dejó más pobre".

Documentos en mano, el comisario ejidal Ismael Luna Rodríguez dice que pese a la garantía que dejaron empeñada tanto el gobierno de Fox Quesada y Finsa no se han vuelto a aparecer por las calles pedregosas y polvorientas de la ranchería. "Ya no han buscado al gobierno para reclamar, Ƒpara qué? Allá no nos oyen, nos hacen pendejos, no nos quieren.

"A todas esas empresas el gobierno las protege mucho y a nosotros nos hacen patrás. ƑQué hace uno con ellos? Nomás aguantar. Meterse uno con el gobierno sale perdiendo nomás", dice mientras ve cómo están paradas las tierras que desde hace 80 años pertenecieron a su familia.

"De todos los que estamos afectados a nadie le dan trabajo. Ahí se benefició mucha gente de otros lados, pero de los afectados, nadie... No quieren que nos paremos ni siquiera por enfrente. Lo toman a malo, nos dicen que qué andamos haciendo ahí, que qué hacemos por ahí, pero como es parte del ejido, pues por ahí tenemos que pasar", dice Eliseo Luna.

Los lugareños ven en la administración de Vicente Fox "un gobierno para ricos. A ellos sí les va bien, a nosotros nos dejó bien fregados", concluyen los afectados.