Campo: los beneficios del negocio

Fue el parto de los montes. El proyecto estrella de Vicente Fox para el campo nació disminuido. Los recursos que llegarán al agro serán mucho menores de lo ofrecido. Los verdaderos ganadores no serán los campesinos, sino la banca privada y los vendedores de maquinaria agrícola e insumos.

El jefe del Ejecutivo, el secretario de Agricultura y Juan Antonio Fernández Ortiz, director del Procampo y antiguo presidente de Amigos de Fox, afirmaron reiteradamente que su propuesta de adelantar a los productores rurales los recursos de Procampo y permitir su utilización como garantía para contratar más crédito era la gran opción para capitalizar y hacer despegar al campo. Según Fernández Ortiz, con esta medida "en 2002 entrarían al campo, de golpe y porrazo", casi 100 mil millones de pesos.

Distintas organizaciones y analistas vieron en la iniciativa una desnaturalización del Procampo y una especie de jubilación rápida de productores excedentarios; otros, en cambio, pensaron que podía ser una salida viable después de muchos años de ausencia de financiamiento estructural en el sector.

El Procampo consiste en un pago directo de 873 pesos por hectárea a los agricultores para compensar sus pérdidas ante la sustitución de un sistema de precios de garantía agrícola por uno de precios de mercado y de apertura comercial. En total reciben este subsidio alrededor de 3 millones de productores, que siembran cerca de 15 millones de hectáreas. Es el programa más importante del sector rural, con una erogación aproximada de 12 mil 500 millones de pesos anuales.

La iniciativa de la nueva administración se formalizó el pasado 31 de diciembre con algunos cambios y la aprobación de la Ley de Capitalización de Procampo. Sin embargo, de acuerdo con las reglas de operación que el pasado 18 de mayo presentó el secretario Usabiaga al Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la ejecución del programa está muy lejos de corresponder a la oferta inicial, ya que se reduce a una vía de operación de crédito utilizando el FIRA como garantía.

Resulta que no habrá recursos adicionales para el campo. El crédito del BID, destinado a financiar el programa, no llegará, pues la ley específica, que debería autorizar el pago anticipado de recursos, se retrasó. No obstante que de acuerdo con la ley se debe eximir del pago de intereses a productores de cinco o menos hectáreas, los beneficiarios tendrán que pagarlos. Por si fuera poco, la operación no se llevará a cabo a través de la banca de fomento y desarrollo, sino mediante la banca privada. Un negocio redondo y prácticamente sin riesgos.

Se refuerza así la tendencia a beneficiar desde la administración pública al sector privado contra el sector social, presente también en la adjudicación de programas de capacitación y contratos que el subsecretario Antonio Ruiz García dio a la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural (FMDR), organización no gubernamental en la que se desempeñó como director general.

Lo sucedido con el Procampo adelantado está lejos de ser una excepción en el gabinete para el campo del nuevo gobierno. En contra de la oferta de federalizar programas y recursos del sector, las nuevas autoridades han optado por su centralización, probablemente para evitar el control de los gobernadores (sobre todo de oposición). Este año se concentrarán a nivel federal alrededor de 40 por ciento de los recursos, cuando en años pasados se federalizó hasta 90 por ciento de ellos.

Lo mismo acontece con la promesa de acabar con el corporativismo de las organizaciones rurales. Entre la disyuntiva de apostar por la interlocución de nuevos representantes democráticos o mantener el control político, Usabiaga ha optado por sostener buenas relaciones con los líderes tradicionales. Al igual que hicieron durante los gobiernos del PRI, las dirigencias agrarias siguen administrando sus cotos y disfrutando de su renta institucional, ahora a través de una bolsa de 60 millones de pesos del Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Rural y el Desarrollo Humano.

El año pasado la movilización campesina y el nuevo papel de gobernadores y Congreso (el Legislativo incrementó el presupuesto destinado a los apoyos a la comercialización a 5 mil 600 millones de pesos, casi el doble de lo propuesto por Fox) permitieron una mejoría en los precios de las materias primas agrícolas. Fue, además, un ciclo agrícola de buenas lluvias y un año excepcional en el envío de remesas: casi 9 mil millones de dólares. Gracias a estos factores el PIB agropecuario creció poco más de 2 por ciento.

Hace dos meses el secretario Usabiaga insistió en que hay que transformar el campo para convertirlo en un negocio rentable. Con el rumbo que ha tomado el Procampo adelantado habría que preguntarle si los beneficios del negocio serán para sus amigos o para los campesinos.