Mantuvo personal que cometió torturas y abusos, afirma la comisión nacional

Implica la CNDH al gobierno panista de Yucatán en el maltrato a jóvenes internos en correccional

Autoridades actuales aceptaron recomendación, pero culpan a sus antecesores

LUIS A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 12 de mayo. El gobierno estatal panista violentó los derechos humanos de los internos de la correccional para menores local, al mantener personal que durante la gestión pasada maltrató y torturó a jóvenes reclusos, documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 10/2002.

De esta manera, el conflicto en la Escuela de Educación Social para Menores Infractores involucró no sólo a la ex directora del plantel, Rocío Marthell López, sino también a José Orlando Sánchez Queb, actual responsable de la institución.

A finales del mes pasado, la CNDH emitió una recomendación al Poder Ejecutivo de Yucatán, en la cual documentó diversas arbitrariedades en el penal estatal para menores, a quienes habría inferido tratos inhumanos la entonces directora, Marthell López. Entre las anomalías registradas están golpes físicos, abusos sexuales y hacinamiento contra los internos.

Actualmente se ignora el paradero de la ex funcionaria y la Procuraduría General de Justicia del Estado la busca, no obstante que todavía no hay denuncia formal contra ella.

Según la recomendación de la CNDH, estarían involucrados en maltratos a menores al menos seis empleados de la correccional que laboraron durante la gestión de Marthell López, de 1997 a 2001. Los nombres de Fernando Canché Tec, Víctor Canché May, Martín Espínola Escalante, Eduardo Can Tun, Marco Acevedo Pool y Armando Gómez Yamá, figuran en el citado documento de la CNDH como presuntos involucrados en atropellos cometidos en el plantel.

Según la CNDH, Víctor Canché amenazó a muchachos con castigarlos "al estilo de Rocío Marthell" si revelaban algo comprometedor a los visitadores de la instancia federal cuando éstos recorrieron las instalaciones en enero.

De igual forma, la procuradora de la Defensa del Menor, Concepción Lizárraga Pérez, y la agente del Ministerio Público de la agencia 31 adscrita al Consejo Tutelar de Menores Infractores, Gabriela Madero Tuz, habrían remitido niños al plantel cuando, por sus condiciones sicológicas, requerían tratamiento especializado y no reclusión.

El gobierno que encabeza Patricio Patrón Laviada aceptó la recomendación de la CNDH, pero insiste en culpar de las arbitrariedades en la correccional a funcionarios que trabajaron en la administración de Víctor Cervera Pacheco, de 1995 a 2001.

Preocupación entre legisladores por posible creación de cuerpo paramilitar

Miembros de la Comisión Permanente de Seguridad del Congreso estatal expresaron su preocupación por la eventual creación de pelotones rurales armados en comunidades indígenas de Valladolid, una de las principales ciudades en el oriente de Yucatán.

Los diputados locales panistas Fernando Castellanos Pacheco y Miguel Pat Xuluc consideraron "inconveniente" la presencia de grupos indígenas militarizados, que no descartaron pudieran "desatar la violencia al haber de por medio armas de fuego".

Los legisladores argumentaron que "la preservación de la paz social" es deber de las autoridades constituidas para ello, como las policías y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con un proyecto de la 32 zona militar, destacamentada en Valladolid, 21 comunidades rurales de ese municipio tendrían cada una pelotones conformados por diez personas, que recibirían entrenamiento y dotación de armas de corto alcance con el objetivo de apoyar al Ejército Mexicano ante emergencias naturales o de otro tipo. Además, eventualmente apoyarían en tareas de vigilancia.

Actualmente la zona oriente yucateca está bajo estricta vigilancia policiaca y militar a raíz de la ejecución del diputado local priísta Pánfilo Novelo Martín, ocurrida el 9 de enero pasado, además que es considerada "puente" del narcotráfico a baja escala.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) analiza el proyecto de la 32 zona militar, la Comisión Permanente de Seguridad llevará el asunto al pleno del Congreso local, y exigirá a las autoridades castrenses le dé mayor información al respecto, anunciaron Castellanos y Pat.