Querida Carmen: Le saludamos con reconocimiento, aprecio y afecto, y le suplicamos tenga a bien disponer en la sección El Correo Ilustrado la publicación de la siguiente declaración a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nuestro Grupo Paz con Democracia.

Señores ministros: Nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestro especial interés sobre la resolución que habrán de emitir respecto de las controversias presentadas por 321 municipios indígenas.

1. Nuestra agrupación expresó en su momento la preocupación sobre la reforma indígena promulgada el 14 de agosto de 2001. Sabíamos con certeza que su contenido no respetaba los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996 por el gobierno federal y el EZLN, en el marco de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. También teníamos presente que el incipiente proceso para reanudar el diálogo en ese estado sería nuevamente frustrado.

2. Por ello consideramos importante la iniciativa indígena de acudir al máximo órgano del Poder Judicial para promover por la vía de la controversia la invalidez de la pretendida reforma. Tenemos conocimiento de que ustedes discutirán y fijarán una posición respecto de su innegable facultad, hasta hoy no ejercida plenamente, para revisar el procedimiento de reformas a la Constitución. Igualmente trascendente será que se pronuncien por el necesario cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

3. Sabemos que ustedes habrán de aplicar e interpretar el derecho y que lo harán con plena autonomía y libertad de criterio, anteponiendo el interés de la nación al del poder que representan.

4. Asimismo, queremos expresar que somos conscientes de que sus diversas resoluciones, si bien constituirán una base importante para retomar el camino hacia el diálogo y para hacer justicia a los pueblos indígenas, por sí mismas no resolverán la amplia y compleja problemática que viven estos pueblos.

5. La nación ha consentido, con sus actos y omisiones, la exclusión jurídica, social, económica, política y cultural de los pueblos originarios. Confiamos en la vigorosa defensa de la Constitución que ustedes están realizando.

Sabrán por ello valorar que a los pueblos indígenas les asiste la razón.

Por el Grupo Paz con Democracia: Miguel Alvarez Gándara, Guillermo Briseño, Miguel Concha Malo, Carlos Fazio, Víctor Flores Olea, Magdalena Gómez, Dolores González, Pablo González Casanova, Luis González Souza, Oscar González, Luis Villoro y Luis Hernández Navarro

Saludan a madres de desaparecidos políticos

Señora directora: A propósito del Día de las Madres, un grupo de amigos y amigas de las madres de los detenidos-desaparecidos del Comité Eureka queremos decirles que esperamos que rápidamente recuperen a sus hijos, nuestros compañeros.

Que las cárceles clandestinas se abran e inmediatamente se destruyan.

Que puedan volver a abrazarlos y que podamos, juntos, ustedes, ellos y nosotros y muchos más, seguir luchando por un mundo sin detenidos-desaparecidos.

Un abrazo.

Enrique Avila, Raúl Alvarez Garín, Arturo Anguiano, María de la Luz Arroyo Pineda, Elisa Benavides, Javier Elorriaga, Tatiana Fiordelicio, Luis Hernández Navarro, Raúl Jardón, Lucinda Nava, Alejandra Pacheco, Priscila Pacheco, Pepe Reveles, Daniel Rodríguez, Sergio Rodríguez Lascano y Beatriz Zalce

Demandan esclarecer crímenes en la UNAM

Señora directora: La UNAM vivió recientemente una situación de excepción: una estudiante fue asesinada y el cuerpo de otra fue encontrado en el campus.

Repudiamos dicha situación, ya que significa no sólo la terrible muerte de miembros de la comunidad, sino un atentado contra la vida pacífica que requiere la vida universitaria.

Requerimos de una respuesta clara que muestre que la comunidad universitaria no está dispuesta a aceptar la violencia como forma de vida.

Demandamos que se tomen las medidas necesarias para esclarecer estos infames asesinatos y se asegure que no habrá más violencia en nuestra máxima casa de estudios.

Solicitamos una mayor y mejor vigilancia por parte de la administración central, en coordinación con cada entidad de la universidad.

Demandamos a las instancias correspondientes el esclarecimiento y castigo de quienes perpetraron estos lamentables hechos, los cuales no pueden quedar impunes.

Alfonso Gómez Navarro, consejero universitario, y Jorge Carreto Sanginés, Clemente Ruiz Durán, Isaías Martínez García, Julio San Vicente Reynoso, Ricardo Martínez Maya, Gastón Sosa Ferreira, Yolanda Trápaga Delfín y Enrique López Santiago, consejeros técnicos

Solidaridad con Ericka Zamora

Estimada directora: Deseo enviar mi solidaridad a Ericka Zamora, quien desde el cereso de Chilpancingo nos da lecciones de esperanza. Ella ha decidido optar por un amparo directo para no ser sometida a una prisión que le resulta injusta y se ha puesto en huelga de hambre.

Confío en que haya en el Poder Judicial de la Federación, presidido por un hombre sensible e inteligente, manos que retomen el guante lanzado, no desde la desesperación, sino desde la apuesta por la esperanza, y actúen con el apremio legítimo que merece un riesgo asumido en la propia piel.

Si hoy le parece a ella necesaria esta medida, corresponde a toda la sociedad hacer lo posible para que en un futuro próximo deje de serlo. El acceso a la justicia es un derecho humano que el Estado mexicano está comprometido a hacer efectivo.

En el caso de Ericka hubo graves violaciones al proceso legal que debió seguírsele tras su detención. Quiero referirme sólo a la reclusión anticonstitucional que sufrió en Jalisco, en un penal federal de alta seguridad diseñado para varones, el trístemente célebre cefereso 2 de Puente Grande.

Como ciudadana y como presidenta entonces de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) me constituí el 4 de abril de 2000 en quejosa (en su nombre y en el de otras dos mujeres) a raíz de la nota aparecida el mismo día en La Jornada, en la que se reportaba que su traslado desde Guerrero había sido hecho con tortura y que su reclusión vulneraba los principios penitenciarios del artículo 18 constitucional, que ordena separar a varones y mujeres en centros específicos.

Envié mi queja al ombudsman nacional como procedía. Coincidía con otra, en el mismo sentido, del obispo emérito de la diócesis de Tehuantepec, don Arturo Lona Reyes.

Como consta en el oficio V3/012978 del tercer visitador general de la CNDH, la queja fue desechada por ésta con una tibia argumentación: justificaba la reclusión como no violatoria de la Constitución, pues las mujeres estaban en una estancia del Centro de Observación y Clasificación y no convivían con los varones (tampoco socializaban; estaban totalmente segregadas). De la tortura no se respondía nada entonces.

A ese oficio contesté con otro, el 29 de junio del mismo año (P/CEDHJ/88/2000), dirigido al doctor José Luis Soberanes, publicado además en la Gaceta 6 de Diciembre, órgano editorial de la CEDHJ, número 20, abril-junio 2000, p. 95, donde insistí en la queja.

Nunca tuve respuesta.

Tras la fuga de El Chapo en enero de 2001, el ombudsman emitió en mayo la tardía recomendación 15/2001 para que las internas del Cefereso 2 fuesen reubicadas en centros femeninos. Entonces las mujeres no eran tres, sino seis.

Desde febrero de 2001, en mi cuarto y último informe de actividades, solicité públicamente su intervención a la Comisión de Derechos Humanos del Senado y seguí haciendo gestiones. Meses después, la CNDH reconocía que se violaban los derechos humanos en el ámbito penitenciario de Ericka y sus compañeras.

Un proceso justo para Erika nos dará a todos la certidumbre de que efectivamente algo se mueve en ese poder, sin cuya concurrencia está incompleta la vida democrática.

El Poder Judicial es la última frontera donde se decide si los derechos humanos son o no mera retórica; respetarlos y hacerlos valer en las sentencias del orden interno es un paso que saludaremos como una voluntad de incorporar a México en el cumplimiento pleno de sus compromisos internacionales como parte de la comunidad civilizada. También será bienvenida, como ella misma lo solicita, una ley de amnistía para quienes sufren prisión por sus ideas y por su solidaria participación social.

Ma. Guadalupe Morfín Otero

Taller de cultura popular

A 14 años de su fundación y en espera de una solución favorable para la restitución de sus instalaciones, la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 invita a participar en los talleres artísticos en el Zócalo capitalino.

La cita es en este mes de mayo, los días 11 y 12 (taller de diseño de cartel) de 10 a 13 horas, y el 19 (taller de caricatura política) de 11 a 14 horas. Pedimos a los asistentes traer lápices, plumones, hojas grandes, interés y mucha, mucha creatividad.

Responsables: Carlos García, fotógrafo, y la Convención Metropolitana de Artistas y Trabajadores de la Cultura.