Reformas estatutarias

Las reformas estatutarias que aprobarían los perredistas en su séptimo congreso entrañan una restructuración de la Comisión Nacional de Garantías y del Servicio Electoral. Además, el comité ejecutivo estaría facultado para extender avales a los candidatos a la Presidencia de la República, a diputados y a senadores para que éstos no se desvíen de la línea del partido.

Los congresistas también aprobarían un resolutivo para que una comisión especial, en tres meses, resuelva el conflicto poselectoral del Distrito Federal.

Paralelamente, ayer la Comisión Nacional de Garantías informó que le falta la declaratoria de validez electoral en torno a los procesos electorales del pasado 17 de marzo en los estados de México, Puebla y Baja California Sur.

La entidad mexiquense, con 128 representantes al congreso, y la veracruzana, con 67, son las únicas que restan para la validación de los delegados que concurrirán al congreso de este fin de semana.

El documento condensador de las propuestas de reformas estatutarias, que será presentado a los delegados en el congreso para su eventual aprobación, resume en 10 temas las enmiendas a los artículos de las reglas internas perredistas.

En torno a la Comisión Nacional de Garantías la propuesta establece que su integración se reduzca de 11 a cinco miembros más dos suplentes. Por lo que hace al Servicio Electoral, se plantea que este órgano tenga una vertiente en cada una de las entidades federativas y que abandone la condición auxiliar.

Igualmente se propone que el comité ejecutivo sea facultado para la designación de autoridades interinas en los estados en los que fueron anulados los comicios del pasado 17 de marzo. A la fecha son: Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, aunque la Comisión Nacional de Garantías resolverá hoy tres estados aún pendientes: Puebla, México y Veracruz.

En relación con los comités de base, terminales organizacionales partidistas, se plantea que su integración sea en asambleas y no bajo el procedimiento electoral actual.

Respecto de la representación indígena, todavía imprecisa en los actuales estatutos, el planteamiento es que para evitar incurrir en polémicas se definirá la lengua como elemento definitivo de esa condición. Pero además se incorporaría la representación indígena en relación con la población de ese origen en cada estado. Por ejemplo, en Oaxaca tendría que ser aproximadamente de 50 por ciento.

Acerca del aval que daría el comité ejecutivo, sería parte de los elementos necesarios para aspirar a una candidatura, en los que se incluyen los porcentajes de apoyos de la militancia, entre otros.

RENATO DAVALOS