Ayer, en el marco de una visita de trabajo a Campeche, el presidente Vicente Fox, cuestionado por los reporteros sobre la resolución emitida anteayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordena investigar los fondos presuntamente ilícitos recabados durante su campaña electoral, dijo que el tema "no tiene importancia", que "no vale la pena" y que el asunto no le preocupa en lo absoluto.

Tales expresiones resultan ofensivas, inaceptables y agraviantes para la soberanía del Poder Judicial, para la vigencia del estado de derecho y para la sociedad, a la que el actual mandatario ofreció un cambio en la forma de ejercer el poder público. El Presidente no tiene atribuciones para restar importancia a las determinaciones del máximo tribunal electoral del país, ni facultades para dictar qué procedimientos judiciales tienen relevancia y cuáles no, ni potestad para definir cuáles son las leyes que "no valen la pena".

Es cierto que el dislate de Fox en Campeche pretendió ser subsanado --así fuera parcialmente-- por su oficina, la cual emitió horas más tarde un comunicado menos descortés, aunque igualmente equívoco: por una parte, ofreció acatar una exigencia que no está dirigida a la Presidencia de la República, sino, primordialmente, al Instituto Federal Electoral (IFE), al cual se ordena investigar los fondos dudosos de la campaña foxista y se le inviste con poderes para exigir a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores documentación relacionada con el caso. Por la otra, el comunicado de la Presidencia parece insistir en considerar de poca monta la investigación sobre el financiamiento de la candidatura del actual mandatario, al pedir su pronta resolución "para continuar trabajando en los temas relevantes de la agenda nacional".

El hecho preocupante es que, al desairar el procedimiento judicial referido, el propio Fox vulnera el equilibrio de poderes, arremete contra el estado de derecho y pone en tela de juicio sus proclamados compromisos con el cambio, con la legalidad, con la transparencia, con la vigencia de las instituciones y contra la corrupción.

Si el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) es irrelevante, si las resoluciones del máximo tribunal electoral del país no tienen importancia, y si el cumplimiento de las leyes --electorales en este caso-- es un asunto que "no vale la pena", cabe preguntarse qué credibilidad puede tener el discurso legalista del actual régimen, y si no resulta obligado ver sus acciones como mera expresión de intereses facciosos.

Es obligado preguntarse, por ejemplo, con qué criterio se determinó que el proceso iniciado por el PRI y el PRD en torno a los recursos de la campaña foxista carece de relevancia, y por qué habría de tenerla, en cambio, la investigación en torno al presunto desvío de fondos de Pemex para sufragar la propaganda del priísta Francisco Labastida Ochoa, episodio que ayer desembocó en una orden de captura contra el ex director general de la paraestatal, Rogelio Montemayor Seguy.

En suma, la inopinada y lamentable reacción de Fox al fallo emitido anteayer por el TEPJF mina severamente la credibilidad de su gobierno y tiende un manto de sospecha en torno al conjunto de sus acciones legales.