Nos informaron que Bital entregaría los recursos, dicen productores de dos estados

Campesinos: no a la banca comercial en Procampo

Reclaman la participación de instituciones de ahorro y crédito formadas por ellos

MATILDE PEREZ U.

A pesar de que aún no se aprueban las reglas de operación de la Ley de Capitalización del Programa de Apoyos Directos al Campo -que permitirá la entrega del subsidio adelantado por siete años y definirá las instituciones que participarán-, productores de Chiapas y Puebla comentaron que los gobiernos de esos estados, los delegados de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca, instancia de la que depende Procampo) y Fideicomisos Integrados en Relación con la Agricultura (FIRA) les informaron que Bital es la banca autorizada para entregar los recursos.

Las autoridades de Procampo hablan de la entrega de "anticipos" del subsidio gubernamental (873 pesos por hectárea en este año) para que los productores puedan invertir en sus proyectos; sin embargo, de lo que se trata es de un programa de crédito, y está enfocado a la banca comercial. Incluso, en abril Aserca, FIRA y la Asociación Mexicana de Bancos firmaron un convenio para promover el sistema de los "pagos anticipados", agregaron.

Ante ello, los dirigentes de diversas organizaciones de productores insisten en que se aplique el artículo 21 de la Ley de Capitalización de Procampo, el cual establece que en la operación de la entrega del subsidio y del crédito (subsidio adelantado) tendrá preferencia la banca social y hará énfasis en la de desarrollo. "Las instituciones financieras omitirán el concepto de riesgo en el cobro de intereses, y los productores con un máximo o menos de cinco hectáreas no pagarán los costos financieros."

Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), puntualizó que de aplicarse ese precepto, las instituciones de ahorro y crédito formadas por los productores -uniones de crédito, cajas solidarias, microbancos, cooperativas y cajas de ahorro y crédito, entre otras- que operan en las zonas rurales deben participar en esa entrega. Sin embargo, explicó, el obstáculo que enfrentan es que los organismos que operan con los fondos FIRA a través de la banca comercial no tienen un redescuento directo, como es el caso de las uniones de crédito; para los otros organismos no hay todavía un sistema para integrarlos al descuento con FIRA o Banrural.

Eso, abundó, no excluye que la banca social tenga sus mecanismos de ahorro y pueda otorgar créditos a los productores, quizá no para siete años, sino para dos o tres, y por tanto participar en la entrega del Procampo adelantado.

Negocios sin riesgo

"Lo que habrá es un flujo enorme de recursos al campo, derivados del sistema (Procampo), y no puede privilegiarse sólo a la banca comercial, que ya tiene todo preparado. No estamos en contra de la participación de ésta; lo que no queremos son negocios cerrados, sin riesgo ni compromiso de mediano y largo plazos con el sector", dijo.

Advirtió que de no participar la banca de desarrollo, se estrecharán las posibilidades de participación por regiones y productores, sobre todo los que están en las zonas marginadas.

La propuesta de la AMUCSS -abundó- es que se incentiven y se dé prioridad de atención a los proyectos de los productores que se agrupen, y que la entrega del Procampo adelantado contemple a todo tipo de organismos financieros.

"Pedimos que se reconozca la labor de los organismos económicos creados por los productores durante la gestión del Procampo adelantado, con la elaboración de proyectos productivos, y que no se promuevan sólo programas individuales, porque el monto de entrega, en el caso de quien tenga un predio de cinco hectáreas, sería de 30 mil pesos", agregó.

En la entrega del Procampo adelantado la banca comercial entra con un paso al frente, ya que está apuntalada con ventajas financieras, garantías, subsidio y todo armado frente a un sector de banca social y de desarrollo (Banrural) que no tiene esos incentivos y apoyos.

"Es necesario delimitar y transparentar la operación del Procampo adelantado, para que todos participen; lo que pedimos es que la banca social sea canal del Procampo normal y del adelantado, para impedir un uso político al subsidio y dar la oportunidad a ésta de crecer y dar mejores servicios a los campesinos", asentó.

En el seminario Alternativas de financiamiento rural, participantes de diversas uniones de crédito manifestaron su disgusto porque pese a que éste es el sexenio de los microfinanciamientos y esos mecanismos aparecen en distintos programas de las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social, Economía y Reforma Agraria, no hay políticas claras que los fomenten y respalden su operación.

Las reglas de operación -comentó Martín Zuvire- no establecen con claridad la creación de nuevos organismos o asociaciones de productores; todo está orientado a apoyar a los ya existentes; se excluye a quienes buscan que nazcan otras instancias de microfinanzas. A eso habría que agregar la descoordinación interinstitucional y la disparidad de objetivos de los programas federales.

Ayer, los integrantes de los organismos financieros creados por los productores escucharon los objetivos y metas de los programas Oportunidades Productivas, de Sedeso; Fondos y Microempresas, de la Secretaría de Economía, y de Fomento de Organismos Financieros (Patmir), de la Secretaría de Agricultura.

En ese foro, la coordinadora general de Patmir, María del Carmen Díaz Amador, comentó que en su caso enfrenta una enorme burocracia y atraso en la entrega de los recursos, además del desconocimiento que hay de los cambios que habrá en Banrural, del cual dependen algunos apoyos de Patmir. "Todos estamos a la expectativa del cambio; sólo sabemos que habrá cajas rurales", comentó.

Luis Tomás Hernández Belmont, subdirector técnico del Programa Oportunidades Productivas (antes Crédito a la Palabra) -la segunda fuente de apoyo de créditos para los productores rurales, ya que anualmente canaliza cerca de 500 millones de pesos-, habló de las diversas modalidades de respaldo, entre ellas la entrega de 80 mil a 100 mil pesos para proyectos, a recuperarse en tres años con una tasa anual de acuerdo con la inflación, mediante cuentas que abran los beneficiarios; sin embargo, corresponde a los gobiernos de los estados y municipios determinar qué instituciones -banca privada, cajas de ahorro o uniones de crédito, entre otras- serán las responsables de la apertura de los estados de cuenta.

Ello propició que al término de su exposición Miguel Tejero preguntara: "Ƒbajo qué ley Sedeso se convierte en una institución de crédito?"

La pregunta desconcertó a Hernández Belmont, quien mencionó que los recursos recuperados no se quedan en Sedeso, van a la cuenta bancaria del beneficiario que realizó los pagos requeridos, y eso pasa a formar parte de su capital.