Duhalde pide un "crédito puente" a países de AL

Ahorristas argentinos redoblan las protestas y crece la tensión

Los bancos no apoyan ninguna salida al corralito

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 8 de mayo. Un fuerte debate en el Congreso por la ley que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige eliminar y que significaría la impunidad para los banqueros que defraudaron al país, junto al recrudecimiento de manifestaciones de ahorristas, empleados bancarios y estatales, muestran hasta dónde se ha tensado la cuerda de presión sobre Argentina.

Este día, una pareja de ancianos de 81 y 86 años se atrincheró en el Banco de la Nación exigiendo la devolución de sus ahorros, ya que debido a su avanzada edad ellos figuran en las leyes de excepción y tendrían que recibir su dinero. El matrimonio, dispuesto a quedarse en la sede bancaria del barrio de Colegiales "aunque amanezcamos muertos", recibió el espontáneo apoyo de cientos de vecinos, hasta obtener un acuerdo con el banco.

Los ahorristas redoblaron su protesta, y en el centro porteño atacaron camiones de caudales, al conocer que los bancos extranjeros se niegan a garantizar un bono conjuntamente con el Estado -que sería entregado en lugar de los ahorros- para aliviar el corralito financiero impuesto sobre depósitos, salarios, ahorros de indemnizaciones y otros desde diciembre pasado.

"Nos sentimos como si estuviéramos viajando en un tren hacia Auschwitz", comentaba este mañana un trabajador de una clínica de salud, cuyo salario -como el de una gran cantidad de sus colegas- quedó cautivo en el Scotianbank de Canadá, después que los directivos anunciaron que se van del país.

"El FMI pide seguridad jurídica para banqueros y ladrones de guante blanco y deja en la inseguridad a millones de argentinos", exclamaban empleados bancarios que hoy se manifestaron frente a las embajadas de España -el Santander Hispano también amenaza con irse- y Canadá, denunciando más de un millar de despidos en los últimos días. "La banca extranjera debe traer la plata (dinero) que se llevó", gritaban los enfurecidos trabajadores bancarios.

Además, esta madrugada estalló una bomba lanzapanfletos en una sucursal del Banco Francés (BBVA) que se atribuyó un desconocido comando nacionalista Ricardo López Jordán, un día después que otro artefacto casero explotó en una sucursal del Banco Río (sucursal local del Santander Hispano) sin provocar daños.

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, solicitó prudencia a los altos funcionarios de los bancos que, como en el caso del Río, afirman que sólo pueden sostenerse 90 días más.

Desde hace dos días las protestas de ahorristas aumentaron, con los ataques a camiones de caudales o la destrucción de cajeros a martillazos. La crisis se agrava con la inflación de abril, que se disparó más de 10 por ciento, mientras la pérdida del valor adquisitvo del salario desde la devaluación en enero supera 40 por ciento al de la hiperinflación de 1989.

Todo esto cuando está en marcha una investigación al comprobarse que, además de la multimillonaria fuga de capitales entre marzo y noviembre de 2001 de los dineros de ricos y poderosos que se escabulleron aun después del corralito, los ahorros liberados por amparos judiciales correspondieron mayoritariamente a grandes depósitos que pertenecen a una minoría.

En tanto, los bancos no parecen dispuestos a apoyar ninguna salida gubernamental al corralito, y surgen las más fuertes presiones del FMI, lo que crea una situación insostenible. Tanto senadores como diputados parecen acorralados: o escuchan las voces de las mayorías o las imposiciones externas. Anoche, la diputada Elisa Carrió, una de las escasas figuras políticas populares, habló de "extorsión", al referirse a la exigencia del FMI de anular la ley de subversión económica que permitiría juzgar a los banqueros que no han respondido dónde fue a parar el dinero de los ahorristas.

Corrió el rumor de que el titular del Banco Central, Mario Blejer, habría hecho gestiones para que el FMI acepte otra redacción sobre el tema de la ley de subversión económica, a fin que sea aceptada por los diputados.

Precisamente ayer el ex embajador peronista Juan Gabriel Labaké, quien está en la dirección del llamado Foro de los Argentinos, presentó una denuncia penal solicitando investigar a la consultora Giaccobbe y Asociados, que realiza en el sur del país una encuesta para ver la disposición de la población a cambiar deuda por territorio. Labaké afirma que atrás de esta campaña están acrreedores extranjeros y funcionarios estadunidenses como Paul O'Neill, además de sectores locales, para "hacerles creer a los argentinos que son incapaces de gobernarse a sí mismos".

A su vez, Duhalde emprendió otra cruzada: pedir un crédito puente a países latinoamericanos para evitar una moratoria con el Banco Mundial, el FMI y otros organismos, para no entrar en mora en el pago de casi mil 200 millones de dólares. Para el Banco Mundial, Argentina tiene que pagar "en defensa de su propio interés", mientras el FMI se dedicó a comentar que "no elabora" el plan económico de Argentina, aunque ayer la número dos del organismo confirmó cierta participación en un plan económico.

Para muchos analistas locales, sin embargo, la presión del FMI está destinada a golpear al presidente Eduardo Duhalde en todos sus flancos, porque estaría esperando la oportunidad de deshacerse de quien consideran un "populista", con un adelanto de las elecciones y la oportunidad de tener un candidato a su medida.