Orlando Delgado
Crecimiento y reformas
Las señales de la recuperación económica no han aparecido. Persisten tasas negativas en la producción (-1.8 para la industria en febrero, -0.5 para la minería, -2.5 en la manufactura, -0.2 en la construcción; el único indicador positivo es en electricidad, con 2.4 por ciento), las exportaciones de este primer trimestre fueron menos de la mitad que las del año pasado, las ventas al mayoreo y menudeo cayeron 7.9 y 1.7, respectivamente, y el empleo sigue mostrando fuertes reducciones respecto de diciembre de 2000, lo cual, como ha reconocido el Banco de México, no podrá recuperarse en este año. Por ello, aunque la recesión parece estar cerca de su término, difícilmente se logrará un crecimiento superior a 1.5 por ciento.
Es obvio que tal resultado está lejos de lo que se requiere para empezar a recuperar los acuciantes rezagos en materia de empleo. No se podrá decir que es el efecto de la recesión estadunidense, ya que el impresionante resultado del primer trimestre (5.7 por ciento), aunque no se sostenga con ese ritmo en los próximos meses, hace pensar en un crecimiento anual superior a 3 por ciento. El Banco de México no podrá, como hace en el informe anual de 2001, encontrar una explicación casi única en la desaceleración estadunidense. Tendrá que considerar el efecto de una política monetaria restrictiva que en ese año, afortunadamente, resultó contrarrestada con el crecimiento del consumo privado, producto de incrementos salariales por encima de la inflación, misma que fue menor a la prevista.
En este 2002, mantener restricciones a la oferta de dinero a través del corto puede resultar dañino. Los analistas y los responsables de los organismos internacionales que han conducido la globalización, como la OCDE y el Banco Mundial, piensan distinto. Para ello, primero "debe mantenerse la disciplina fiscal y monetaria", lo cual implica evitar que las finanzas públicas tengan un déficit superior al previsto, al tiempo que la economía permanece "en una senda sin inflación". El gobierno, por supuesto, de acuerdo con esta visión restringe el gasto y el Banco de México mantiene su política.
Pero no sólo están de acuerdo en esto. También sostienen que para lograr un crecimiento fuerte a partir de 2003 es indispensable que se aprueben las famosas reformas estructurales. El discurso del Banco Mundial, del gobierno federal, del PAN, así como el de la OCDE, son prácticamente idénticos. Se argumenta que para ampliar el potencial de crecimiento de nuestra económica, es decir, la capacidad máxima de expansión de nuestras fuerzas productivas, debe fortalecerse la competencia, lo que se logra abriendo la posibilidad a la participación privada y con una regulación orientada al mercado en telecomunicaciones y en el sector eléctrico.
Esta propuesta ha sido instrumentada en numerosos países sin que haya significado un incremento verificable del potencial de crecimiento y sin que el impacto sobre la dinámica económica haya sido perceptible. Ciertamente privatizar y regular para favorecer la vigencia de las leyes del mercado es muy aplaudido por inversionistas y cámaras patronales, pero comprobar rigurosamente que la economía mejorará su desempeño porque en el sector eléctrico participen empresas extranjeras no es trivial. Hay numerosas evidencias internacionales que prueban lo contrario.
Otras reformas estructurales que se han mencionado, pero en las que el gobierno ha mantenido un acuerdo sólo de palabra, son las referidas al acceso a crédito de las pequeñas y medianas empresas, así como al desarrollo del capital humano. Sobre esto no existen planteamientos gubernamentales serios, pese a su indudable pertinencia. El sector bancario es un ejemplo claro. A escala internacional se le reconoce crecientemente sólido y tan rentable como sus contrapartes en los países de la OCDE; la supervisión y la estructura regulatoria están cerca de las mejores prácticas; sin embargo, la productividad del trabajo es baja, tiene limitada su capacidad para cobrar créditos malos, y el crédito para el sector privado es reducido, afectando a la pequeña y mediana empresas, ya que la grande tiene acceso a financiamiento externo (OCDE, Economic surveys México, marzo, 2002).
El gobierno no asume responsabilidad alguna, a pesar de que destina recursos cuantiosos para mantener funcionando a los bancos. Sólo se atreve a señalar la necesidad de reactivar el crédito. Si urgen reformas estructurales, deberían empezar con la bancaria.
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