La Jornada reveló la denuncia
del desvío de fondos
Reorientaron los 3 arraigos las pesquisas del Pemexgate
El caso pasó de Secodam a PGR e incluso llegó
al IFE
Romero Deschamps y Aldana, protegidos por su fuero
MIREYA CUELLAR Y GUSTAVO CASTILLO
Cuando el 19 de diciembre del año pasado la Procuraduría
General de la República (PGR) decidió arraigar a Antonio
Veraza, Melitón Cázarez y Andrés Heredia, colaboradores
del área de finanzas de la campaña presidencial de Francisco
Labastida Ochoa, las investigaciones por el presunto desvío de mil
100 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las actividades
proselitistas del PRI dieron un vuelco.
Después
de los informes que rindió la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) a la PGR, el Ministerio Público Federal descubrió
que Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón, secretario y
subsecretario de Finanzas del tricolor, respectivamente, habían
manejado 500 millones de pesos de los mil 100 millones que Pemex había
prestado al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana (STPRM) para la campaña labastidista.
Las pesquisas, que se desarrollaron con total sigilo,
se habían iniciado en enero de 2001, cuando más de 130 auditores
de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
(Secodam) revisaron mediante una auditoría especial las cuentas
de Pemex.
Entre las anomalías se detectó un préstamo
por 640 millones de pesos al STPRM el 8 de junio de 2000, en vísperas
de las elecciones de ese año, y que el 11 de septiembre de 2000,
una vez derrotado el PRI, la paraestatal y su sindicato llegaron a un acuerdo
mediante el cual la empresa entregó mil 100 millones de pesos a
los líderes Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto por
dos conceptos: 850 millones como "indemnización" por supuestos incumplimientos
contractuales y 250 millones más para que el gremio pudiera "atender"
el litigio que sostiene desde hace años con la empresa estadunidense
Arriba Limited.
Así, eran en total mil 100 millones de pesos. Pero
como Pemex le había hecho ya un préstamo por 640 millones
de pesos, se los descontaría de esa cifra, de tal manera que en
ese segundo momento de la negociación -según las minutas
que ha presentado el ex director de Pemex Rogelio Montemayor- el sindicato
recibió sólo la diferencia, 460 millones. Era el 19 de octubre
de 2000.
Aun cuando para septiembre de 2001 la Secodam ya tenía
todo el expediente de Pemex armado y listo para ser consignado, esperó
hasta el 10 de diciembre, momento en que en la Cámara de Diputados
había comenzado negociaciones para la elaboración del presupuesto
de 2002.
La Secodam presentó la mañana del 10 diciembre
una denuncia de hechos ante la PGR contra Rogelio Montemayor, Carlos Juaristi
Septién, Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter (los mismos
contra quienes se libró ayer orden de aprehensión), ex funcionarios
de Pemex, así como contra Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana
Prieto, dirigentes del STPRM, como presuntos responsables del desvío
de mil 100 millones de pesos.
En esa misma fecha, la Unidad Especializada contra la
Delincuencia Organizada (UEDO) solicitó a la CNBV la información
relativa a las operaciones realizadas en cuentas del STPRM, de Pemex y
de los involucrados.
El 11 de diciembre, la UEDO conoció en detalle
la manera en que se movieron recursos del sindicato petrolero al PRI. Ese
dinero era parte del préstamo que había concedido Montemayor
Seguy a los líderes petroleros.
Después de nueve días la PGR detuvo a los
tres ex empleados del tricolor, que hoy son testigos protegidos.
Pero pese a que esa condición jurídica fue aceptada, los
tres permanecieron recluidos en una casa del sur del Distrito Federal.
Durante su arraigo, los ex empleados del PRI, quienes
habían sido colocados en el Sistema de Administración Tributaria
(SAT) de Hacienda después de los comicios, se sintieron abandonados
por su partido. Eran empleados, que no miembros de la clase política,
y sus llamados de auxilio no fueron atendidos por la dirigencia y menos
por Labastida Ochoa, como comentaron a sus familiares y amigos.
Después
de 10 días sin recibir un solo mensaje del equipo con el que habían
trabajado, dos de ellos, Melitón Cázares y Andrés
Heredia, decidieron acogerse al Programa de Testigos Protegidos de la PGR
y entregaron documentación que acreditaba la transferencia de recursos
del STPRM al partido político.
Los tres arraigados eran la punta de una larga madeja
que enreda a la clase política priísta, y por su condición
fueron utilizados, sin saber que los recursos eran ilegales, para transportar
el dinero de la empresa de resguardo de valores Cometra a la sede nacional
del partido.
En la PGR y en el gobierno foxista la investigación
era conocida sólo por altos funcionarios de la administración
como Operación Crudo.
El 19 de enero de este año, La Jornada reveló
el caso luego de una larga investigación periodística. No
sólo ofreció detalles de la investigación, sino que
hizo públicos los nombres de los tres arraigados, el monto por el
que Montemayor había sido denunciado, y que parte del dinero fue
empleado en la campaña de Labastida Ochoa.
La víspera, Francisco Barrio, titular de la Secodam,
advirtió en su natal Chihuahua: "En breve se van a freír
pescaditos de buen tamaño", y deslizó: "Pretendían
cambiar bolsas de cacahuates por talegas de oro".
De hecho alardeó ante el grupo de empresarios que
tenía por auditorio en Ciudad Juárez: "Son tres ex funcionarios
federales de primer nivel a los que se les integra expedientes, en un caso
que traerá serías implicaciones políticas".
Una vez difundida la primicia por La Jornada, diversos
medios de comunicación dieron seguimiento al caso, algunos con ánimo
persecutorio, centrando sus baterías no en aportar elementos para
el conocimiento de la opinión pública, sino en delatar al
o a los supuestos filtradores.
La
difusión de la Operación Crudo desató una tormenta
política. La noche del sábado 19 de enero fuentes del PRI
afirmaron que para el partido "cualquier asunto relacionado con los gastos
de la campaña presidencial de 2000 era un caso cerrado".
Recordaron que en 2001, cuando PAN y PRD presentaron pruebas
adicionales sobre el financiamiento de Carlos Cabal Peniche a la campaña
de Ernesto Zedillo, tanto el Instituto Federal Electoral (IFE) como el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desecharon
los recursos.
La respuesta priísta fue directamente de Dulce
María Sauri, entonces presidenta del partido, quien desde Mérida,
Yucatán, acusó el domingo 20 de enero al gobierno federal
de lanzar una "andanada" para debilitar al sindicato de la paraestatal
y abrir la puerta a una eventual venta de esa empresa. La diputada Beatriz
Paredes, en plena campaña por la presidencia del PRI, consideró
grave que el gobierno estuviera "enturbiando con persecuciones infundadas"
el ambiente político.
La presión sobre las autoridades para que hablaran
públicamente del caso fue tal que el lunes 21 la Secodam confirmó
todo lo dicho el sábado anterior por La Jornada.
Habló de seis actos ilícitos cometidos por
ex directivos de Petróleos Mexicanos y dirigentes del sindicato
que ameritarían sanciones penales, entre ellos "maquinar la distracción
del patrimonio de la paraestatal argumentando negociaciones obrero-patronales
de dudosa legitimidad".
De acuerdo con la denuncia presentada por la Secodam ante
la PGR, los ex directivos de Pemex y dirigentes del STPRM "dispusieron
de recursos ajenos a los objetivos de la paraestatal", y acusó directamente
a Rogelio Montemayor de haber empleado "artificios" para ocultar al consejo
de administración de la paraestatal "las operaciones indebidas"
que realizó con su gremio en junio de 2000.
El ex director de Pemex, según la denuncia, omitió
decir al consejo de administración de la paraestatal "la aparente
problemática" que había con el STPRM, y "mucho menos explicó
que parte de los recursos (245 millones de pesos) serían distraídos
para saldar un litigio que era ajeno a Pemex".
Recibida con el número de folio 4331 en la oficialía
de partes de la PGR el pasado 10 de diciembre, la denuncia describe en
detalle la forma, aparentemente legal, en la que "los servidores públicos
involucrados dispusieron de recursos ajenos a los objetivos de la paraestatal
(mil 100 millones de pesos), lo que podría ser constitutivo de un
ilícito penal".
Una declaración de guerra...
Horas
después de que los medios electrónicos difundieron la versión
oficial de la Operación Crudo, Humberto Roque Villanueva,
presidente de la comisión que organizaba la elección interna
del PRI, programada para el 24 de febrero, consideró que las acusaciones
del gobierno eran "una declaración de guerra política", una
"venganza" del gobierno por la actitud del PRI ante la reforma fiscal y
un intento por presionar al partido hacia la privatización energética.
Para Roque resultaba "clara" la intención del gobierno
federal de inmiscuirse en el proceso interno del PRI. Inmediatamente apareció
en escena el secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien señaló
que en las investigaciones sobre el presunto desvío de recursos
provenientes de Petróleos Mexicanos para financiar parte de la campaña
presidencial del PRI no habría "ni venganzas ni vendetas políticas...
no quiero que de esto se haga un escándalo político".
Pero para entonces ya lo era. No sólo todos los
medios de comunicación estaban sobre el tema, sino que el senador
sonorense Eduardo Bours, encargado de conseguir financiamiento privado
para la campaña priísta, dijo la tarde del 23 de enero que
él solo había conseguido 890 millones de pesos entre empresarios
para la campaña de Labastida.
Sus declaraciones, más que liberar al PRI de responsabilidades
(pretendía mostrar que había solvencia en la campaña
labastidista y que no hubiera requerido echar mano del erario), lo metieron
en un nuevo problema. Los 890 millones de pesos rebasaban, con mucho, los
topes de gasto de campaña fijados por el IFE en 491 millones de
pesos para los aspirantes a la Presidencia.
Dos días después se desdijo argumentando
que había sido "una confusión" de su parte. Negó que
hubiese servido de enlace entre los empresarios y el candidato presidencial,
y todo lo que había dicho la noche del 23 de enero cuando él
mismo convocó a una conferencia de prensa para "dar la cara" en
el momento crítico del escándalo.
Las declaraciones iniciales de Bours dieron pie a que
Pablo Gómez, representante del PRD ante el IFE, presentara una queja
solicitando al órgano electoral reabrir la revisión de los
gastos de campaña del PRI, ya que había nuevos elementos
que hacían presumir irregularidades. Gómez incluyó
en su denuncia todos los recortes de prensa que dieron cuenta hasta esa
fecha de las investigaciones judiciales que ya se daban.
En Los Pinos la preocupación por el escándalo
provocó que el Presidente convocara a Francisco Barrio, al procurador
Rafael Macedo de la Concha y al titular de Energía, Ernesto Martens.
Todo giró en torno de la implicación que la revelación
tendría en la negociación con el PRI sobre la reforma energética.
Rogelio Montemayor apareció entonces. Por conducto
de Hero Rodríguez Newman, quien había sido su vocero, el
ex gobernador de Coahuila dijo en el noticiario conducido por Joaquín
López Dóriga que su ex jefe no había salido del país
y que desde hacía varios días sostenía reuniones con
sus abogados, "viendo en qué forma puede afrontar las acusaciones
de las que ha sido víctima por parte de los medios de comunicación",
dado que en ese momento no había recibido todavía notificación
de la PGR o de la Secodam.
Las diferencias entre los miembros del gabinete en torno
al manejo público del tema empezaron a surgir. Macedo de la Concha
dijo que la PGR evitaría que "se realicen acciones que pongan en
duda el esfuerzo de las instituciones", porque no se debe especular ni
establecer hipótesis sin sustento en la legalidad mientras no concluya
la investigación.
Precisó
que no se había determinado la responsabilidad penal de algún
funcionario de Pemex en la transferencia de los mil 100 millones de pesos.
"En la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada sólo están
documentados 640 millones en la denuncia inicial", expuso.
Los panistas también mostraron su nerviosismo por
la situación. Felipe Calderón, coordinador de los diputados
blanquiazules, señaló que las indagaciones debían
mantenerse en el ámbito estrictamente jurídico y del estado
de derecho, no en el político, y además "no deberán
influir en la eventual reforma energética". Como las pesquisas golpeaban
de frente al equipo labastidista, y por tanto a la campaña de Beatriz
Paredes, identificada con dicho grupo, los madracistas se mantuvieron unos
días al margen; sin embargo, los últimos días de enero
el propio Roberto Madrazo demandó que el caso se aclarara, "porque
el PRI no puede ser rehén de pequeños grupos que, por proteger
intereses personales, lastiman a la militancia".
Esos días fueron de mensajes en todos los sentidos.
Los priístas endurecieron su postura frente a la reforma energética
y Francisco Barrio les aclaró que la investigación "no es
negociable". Las imputaciones contra funcionarios y dirigentes petroleros
constituyen "hechos reales, concretos y verificables".
El 25 de enero, este diario publicó que de los
mil 100 millones de pesos, 600 millones quedaron en manos de los líderes
petroleros y, ante el temor de una devaluación con el arribo de
Vicente Fox a la Presidencia, lo más conveniente fue "invertir"
en dólares. Así lo hicieron. Romero Deschamps y Aldana Prieto
abrieron una cuenta en un banco de Houston, Texas.
La PGR descubrió después que los petroleros
también habían realizado, con el dinero recibido de la paraestatal,
triangulaciones de capital en países europeos. Concretamente Interpol
México solicitó a las autoridades de Francia, España
y Suiza informes sobre las cuentas que tuvieran detectadas a nombre de
cualquier implicado en la Operación Crudo.
La indagatoria judicial avanzaba lentamente mientras los
priístas quemaban todas las posibles pruebas incriminatorias del
movimiento de dinero presuntamente ilícito. Los archivos con la
doble contabilidad de las finanzas durante la campaña presidencial
acabaron en una pira.
La UEDO citó a Carlos Romero Deschamps y Ricardo
Aldana Prieto a una comparecencia que debía ser desahogada el 5
de febrero a las 10 de la mañana; sin embargo, los secretarios general
y de finanzas del STPRM, respectivamente, no se presentaron. Ambos tienen
fuero: el primero por su calidad de diputado y el segundo porque es senador.
La participación del IFE
El
5 de marzo el IFE se involucró abiertamente en el caso, al convertirse
en parte acusadora en el proceso judicial contra quien resulte responsable
en el presunto desvío de recursos de Pemex. Hizo suya la queja administrativa
presentada por el PRD en enero para que el órgano electoral investigara
la Operación Crudo y la presentó como "denuncia de
hechos" ante la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales.
El 21 de abril Rogelio Montemayor envió un comunicado
de prensa a los medios informando que había entregado a la PGR un
nuevo documento, acompañado de un "extenso ofrecimiento de pruebas",
con las cuales pretendía demostrar la "legitimidad" de los convenios
celebrados por la paraestatal con su sindicato, mediante los cuales se
transfirieron mil 100 millones de pesos.
Pero esa no fue la única ocasión en que
Montemayor envió mediante sus abogados escritos en los que alega
la legalidad de los contratos. Todos los documentos se recibieron formalmente,
pero sus más recientes argumentos, según la defensa del ex
director, le fueron rechazados.
Por ello el bufete Esponda, Zinser, Gómez Mont
interpuso una solicitud de amparo para conocer el expediente de la Operación
Crudo. Según los defensores, se les negó el acceso al
mismo siempre que lo requirieron al Ministerio Público. La PGR aún
mantiene silencio sobre el caso pero en los tribunales ya se libraron las
órdenes de aprehensión por lo que se refiere a los delitos
de tipo administrativo en que Montemayor, Juaristi, Domene Berlanga y Pindter
habrían incurrido al otorgar al STPRM mil 100 millones de pesos.
El Ministerio Público tiene pendientes de consignar
los desgloses de la averiguación previa inicial. Estarían
en análisis las acusaciones por lavado de dinero, delincuencia
organizada y delitos electorales, pero aún le faltan pruebas para
ir por los priístas y los líderes sindicales.
