Ordenes de aprehensión contra implicados en el Pemexgate

''No graves'', los delitos atribuidos a Montemayor

Ningún cargo contra dirigentes del PRI o líderes del STPRM

GUSTAVO CASTILLO, JESUS ARANDA Y LA JORNADA DE ORIENTE

El juzgado décimo tercero de distrito en materia penal libró el pasado lunes órdenes de aprehensión por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y uso indebido de atribuciones y facultades contra seis implicados en el caso Pemex, entre ellos el ex director de la paraestatal Rogelio Montemayor Seguy. Sin embargo, todos los delitos son considerados como no graves, por lo que los acusados tienen derecho a la libertad bajo fianza.

Ningún mandamiento judicial es contra dirigentes del PRI, ni líderes del sindicato petrolero; la consignación penal tampoco incluye delitos como lavado de dinero y delincuencia organizada, a pesar de que el Ministerio Público federal investigó sobre la presunta existencia de esos ilícitos, revelaron fuentes gubernamentales.

La acusación de la Procuraduría General de la República (PGR), según trascendió, se refiere sólo a las irregularidades administrativas denunciadas por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), el 10 de diciembre de 2001, en torno a la entrega de mil 100 millones de pesos al sindicato petrolero.

Dos desgloses

Sin embargo, ayer mismo se supo que la PGR mantiene abiertos dos desgloses: uno en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y otro en la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO).

Estas acusaciones se refieren a 480 millones de pesos que fueron entregados por la paraestatal al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y que no fueron contempladas en la consignación del pasado lunes por parte de la PGR.

Antes de que la información sobre las órdenes de aprehensión se hiciera pública el día de ayer, al filo de las nueve de la mañana el procurador Rafael Macedo había rechazado que, en el caso Pemex, hubiera ''tintes políticos''. A esa hora evitó responder sobre la solicitud de órdenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios de la paraestatal: ''La Unidad Especializada en Delincuencia Organizada se pronunciará sobre el particular; seguimos trabajando mucho en ello, porque hay varias vertientes de investigación que tenemos que continuar haciendo''.

Con lo anterior quiso dar a entender que el expediente no había sido consignado ante la autoridad judicial. Aún no había claridad sobre el amparo que interpuso días atrás Montemayor en contra de la PGR, porque ''no se le había permitido nombrar defensores, ni conoce las imputaciones de la Secodam en su contra''.

Pero más tarde, cuando ya se sabía de las órdenes de aprehensión, Macedo fue nuevamente entrevistado en Puebla, donde acudió a un encuentro internacional de juristas. Ahí sostuvo que la orden de aprehensión girada contra el ex director de Pemex no implica que se concluya el caso y se paren las investigaciones.

''La investigación continúa, no para; hay diferentes líneas y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, al igual que la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada seguirán trabajando en todos los aspectos que las líneas encuentren.''

No descartó que la PGR solicite al Congreso el desafuero del líder petrolero, senador Carlos Romero Deschamps, pero aclaró que procederán las querellas sólo si existen pruebas suficientes en su contra.

Cabe recordar que el pasado 19 de enero La Jornada informó en exclusiva que la Secodam había presentado una denuncia penal ante la PGR contra el ex director de Pemex; que el Ministerio Público federal mantenía bajo arraigo a tres ex empleados del PRI, y que éstos ya analizaban convertirse en testigos protegidos.

La consignación penal del expediente

El juez décimo tercero de distrito en materia penal tuvo en su poder el expediente desde hace más de 15 días, pero fue hasta el pasado lunes, al filo de las 11 de la mañana, que la PGR recibió la notificación positiva del juzgado en torno a la solicitud de órdenes de captura.

En los dos días anteriores, los mandamientos han pretendido ser ejecutados pero -de acuerdo con las fuentes consultadas- se ha detectado que Rogelio Montemayor, ex director de Pemex; Carlos Juaristi, ex director corporativo de Administración; Juan José Domene Berlanga, director corporativo de Finanzas, y Julio Pindter, ex director de Recursos Humanos de la paraestatal, están fuera del país. Los tres primeros en Europa, y el último en Estados Unidos.

Todavía el pasado domingo 5 de mayo los abogados defensores de Montemayor dieron a conocer que habían interpuesto un amparo ante el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo, en el que solicitaban que se ordenara al procurador Macedo y al titular de la UEDO, Santiago Vasconcelos, que rindieran los informes correspondientes en razón de que al ex funcionario ''no se le habían nombrado defensores ni conocía las imputaciones de la Secodam''.

Interrogado sobre la queja, Macedo señaló: ''Bueno, si fuera el caso, no tengo la información como se ha comentado; yo siempre he dicho que las garantías de todos están perfectamente a salvo y serán debidamente observadas por el Ministerio Público federal... Vamos a ver qué dice la fiscalía y cuáles son las razones por las que estos documentos tendrán que llevarse a donde tengan que llevarse, dentro de la averiguación que se practique''.

-ƑHabrá una revancha entre el Tribunal Electoral, la Contraloría y la PGR por el caso Pemex?

-No, no tiene porqué haberla; no hay tintes políticos en lo absoluto.

Por otra parte, los informantes revelaron que la causa penal 42/2002 no abarca delitos como lavado de dinero, asociación delictuosa, ni delitos electorales, debido a que no se han obtenido las pruebas suficientes para consignar esas imputaciones que involucrarían al diputado priísta y líder del STPRM, Carlos Romero Deschamps; al tesorero de ese gremio, Ricardo Aldana Prieto; a Manuel Limón Hernández, integrante del comité de vigilancia, y al líder de la sección 24, Fernando Pacheco.

Dentro del desglose de la averiguación previa, abierta en la UEDO y la Fepade, se mantiene la posibilidad de que ex dirigentes priístas como el ex secretario y ex subsecretario de Finanzas, Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón, respectivamente, sean consignados.

En caso de que la PGR determine consignar los desgloses abiertos, los priístas y los líderes sindicales serían acusados de lavado de dinero, fraude cometido durante el desarrollo y entrega de premios relacionados con el llamado Sorteo del Milenio (del PRI), así como por delitos electorales. Lo anterior en caso de documentarse que las transferencias provenientes del STPRM, por un monto de 500 millones de pesos, se utilizaron sin ser reportados al Instituto Federal Electoral en la campaña presidencial de Francisco Labastida.

Al respecto, fuentes cercanas al sinaloense confirmaron que cuando se hicieron públicas las indagaciones de la PGR sobre los gastos de campaña de Labastida, su equipo destruyó la documentación relativa a los recursos procedentes de Pemex.

Pendiente, informe de EU

De acuerdo con las fuentes, en torno al lavado de dinero, pese a que las autoridades de Estados Unidos habrían aceptado colaborar con sus contrapartes mexicanas en la investigación denominada Operación Crudo, la información relativa al manejo y movimientos financieros en las cuentas de Pemex, del STPRM, de Montemayor y de los líderes Romero Deschamps y Aldana, no ha sido entregada.

En este contexto, trascendió que la Unidad Especializada en Lavado de Dinero emitió una opinión técnico-jurídica, en la cual se mencionaba que los indicios obtenidos a partir de los documentos aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como por la Procuraduría Fiscal Federal, no eran lo suficientemente fuertes como para apuntalar acusaciones en ese sentido, debido a que no se tenían elementos de prueba del delito previo que dio origen a una conducta típica, como puede ser peculado, desvío de recursos o algún otro acto contrario a la ley.

Por su parte, la Fepade continúa integrando una averiguación previa por delitos electorales en contra de Montemayor, sus ex colaboradores, los líderes sindicales y ex integrantes del equipo de campaña de Labastida; para ello han llevado a cabo más de 30 interrogatorios a distintos empleados de Pemex.