Diversas organizaciones demandan estudiar sus efectos en la Sierra Juárez, en Oaxaca
Piden formalmente a comisión trinacional evaluar el impacto ambiental del maíz transgénico
Acusan a la Sagarpa de promover su cultivo, en beneficio de las exportadoras del grano
CAROLINA GOMEZ Y GEORGINA SALDIERNA
Organizaciones campesinas y ambientales presentaron ayer una solicitud formal ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, para que estudie los impactos ambientales provocados por la utilización de maíz transgénico en la Sierra Juárez, de Oaxaca.
Resaltaron que ese grano llegó a México proveniente de Estados Unidos. Tan sólo el año pasado, se importaron de ese país 6 millones de toneladas, de las cuales 30 por ciento era transgénico, es decir, aproximadamente 2 millones.
Entre las organizaciones que realizaron la demanda se encuentran las comunidades indígenas integrantes de los comisariados de bienes comunales agrupados en el Comité de Recursos Naturales de la Sierra Norte de Oaxaca, la Unión de Co-munidades Zapotecas y Chinantecas del mismo estado (Uzachi); el Grupo de Estudios Rurales y Asesoría (ERA); el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); la Unión de Grupos Ambientalistas (Ugam) y Greenpeace.
La petición de las organizaciones obedece a que las autoridades mexicanas no han dado respuesta a su demanda de detener el ingreso de maíz transgénico, ante las evidencias de que este producto contamina el suelo y otras variedades del mismo grano, además de tener efectos sobre la fauna. En el caso del ser humano, aún no se ha comprobado si lo perjudica o no.
En México existen más de 300 variedades de maíz que pueden desaparecer por la eventual contaminación provocada por el transgénico, lo que no sólo afectaría la diversidad genética, sino atentaría contra la cultura de millones de indígenas y campesinos, y comprometería la seguridad alimentaria, dijo Liza Covantes, coordinadora de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace.
Raúl Benet, director ejecutivo de Greenpeace México, atribuyó la indiferencia de las autoridades mexicanas a su interés en beneficiar a las grandes empresas exportadoras del grano. Muestra de ello es que incluso la Sagarpa promueve el cultivo de transgénicos con la entrega de 450 a 600 pesos por hectárea a todo aquel que siembre dichos productos.
Agregó que estas organizaciones no están en contra del libre comercio; simplemente lo que se busca es que se aplique una moratoria en el ingreso del maíz transgénico hasta que las investigaciones determinen los riesgos que conlleva su cultivo y consumo.
Benet fue entrevistado luego de dictar una conferencia en un acto conmemorativo del décimo aniversario de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mientras que los representantes de las organizaciones campesinas y ambientales dieron una conferencia de prensa en el centro de la ciudad.
La Comisión para la Cooperación Am-biental de América del Norte -instrumento del Tratado de Libre Comercio- tiene autoridad para iniciar investigaciones independientes y preparar reportes sobre asuntos ambientales, así como emitir recomendaciones para resolverlos. La comisión examinará en los próximos días si es de su competencia el caso, y de ser así, iniciará las averiguaciones correspondientes. Una vez terminado el estudio, se presentará un reporte al consejo de la comisión y se publicará en un plazo de 60 días.
