Ayer, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo que constituye un hecho positivo para la vida republicana del país y una buena noticia en el descompuesto y confuso entorno actual de la clase política nacional.

Los aspectos nodales de la reglamentación mencionada son, por una parte, la obligación de las instituciones públicas de poner a disposición de la ciudadanía la información relativa a su funcionamiento, desempeño y empleo de los recursos que se les asignan; y por otra, el derecho de los particulares a tener acceso a tal información.

En lo que concierne al Ejecutivo federal, la ley establece mecanismos específicos que permiten el cumplimiento de esta obligación y derecho referidos --a través de la conformación de unidades y comités encargados para ello-- y estipula que los poderes Legislativo y Judicial establezcan por sí mismos las modalidades para entregar a los ciudadanos los datos que soliciten.

Las disposiciones referidas recogen el principio de división de poderes. Por desgracia, otra de las medidas incorporadas en la ley, la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, ostenta un inesperado acento presidencialista, en la medida en que señala que los cinco comisionados que encabezarán dicha instancia serán nombrados por el titular del Ejecutivo federal.

Aunque está previsto que el organismo disponga de autonomía presupuestaria, operativa y de decisión, cabe preguntarse si no pesará en el ánimo y desempeño de los comisionados, a la hora de resolver controversias entre particulares y autoridades, la gratitud hacia la figura presidencial, a la que le deberán sus nombramientos.

Debe apuntarse, por otro lado, que la legislación referida se limita a regular el otorgamiento de información a particulares, pero siguen persistiendo lagunas y discrecionalidad --a pesar de todo-- en la relación entre el poder público y los medios informativos, relación que debe regularse, también, en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia.

En suma, aunque perfectible, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública es un paso correcto en el robustecimiento y regulación de la vida ciudadana del país, y cabe esperar su pronta ratificación del Senado de la República.