Soledad Loaeza
De reformas y revoluciones
La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una legislación en la materia, así como las reformas propuestas por el Ejecutivo a la ley orgánica del Conacyt. Este paso indica que los proyectos serán sometidos al pleno de la Cámara antes del fin del periodo legislativo, el próximo 30 de abril. Estas reformas tienen la intención de aterrizar en acciones concretas la voluntad presidencial de fortalecer el impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, atacando los que son -a su manera de ver- obstáculos importantes para la movilización de recursos financieros y humanos en esa dirección.
Los cambios propuestos no son banales. De entre ellos el más importante se refiere a la autonomía de Conacyt, que dejará de formar parte de la intrincada estructura de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para convertirse en un organismo descentralizado del Estado, no sectorializado. La trascendencia de la decisión estriba en que se trata de una discontinuidad institucional que puede acarrear efectos disruptivos de largo alcance sobre las actividades de investigación y formación de recursos en marcha actualmente. Hasta ahora las reformas propuestas no prevén medidas precisas para contener los efectos de las probables disrupciones.
Las reformas administrativas no son como las revoluciones científicas à la Kuhn. Las instituciones son el resultado de la continuidad, de la generación en el tiempo de patrones de decisión, de normas y de reglas, que a su vez estructuran y articulan comportamientos, imprimen predictibilidad, confiabilidad, credibilidad. Estas cualidades hicieron de Conacyt una institución acreditada en los ámbitos nacional e internacional, de suerte que su sello también era un aval de los estudiantes, los investigadores, los programas y centros de investigación, los proyectos, las publicaciones, los acuerdos que acogía. Por definición las características institucionales trascienden a las personas.
Muchas de esas características ha logrado construir Conacyt en sus más de 30 años de existencia, con todo y sus insuficiencias. Por ejemplo, ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de una cultura de evaluación entre pares, y sólo Dios sabe por qué ésa es la única evaluación que tiene legitimidad en las comunidades científicas, algunos de cuyos mayores pecados son la suspicacia y la arrogancia. Conacyt también se ha constituido en el eje articulador de una comunidad amplia, diversa, plural y contradictoria que, no obstante impulsos a la dispersión, ha encontrado allí un referente externo de identidad adicional a los propios.
Las reformas propuestas imprimen urgencia a la preservación de esta capacidad del organismo, en vista de que fomentan la integración de nuevos componentes, tanto empresas como instituciones privadas, que desconocen las reglas que rigen el medio de la investigación, y cuyo ingreso podría acarrear desequilibrios internos cuyas repercusiones podrían ir más allá de la transformación.
Será mucho más fácil alcanzar los objetivos que se ha planteado el Ejecutivo de concentración y articulación de recursos, si se integra el capital acumulado en la experiencia de lo que pronto será el viejo Conacyt.
La propuesta de autonomía de este organismo también está fundada en la aspiración de convertirlo a la larga en una secretaría de Estado; al menos implícitamente se le atribuye ese estatus al colocarlo en directa dependencia de la Presidencia de la República. Este cambio es también muestra de la importancia prioritaria que el Ejecutivo atribuye a la ciencia y la tecnología dentro de sus responsabilidades gubernamentales. El desprendimiento de Conacyt de la SEP también se justifica porque en muchos casos sus objetivos han quedado sumergidos bajo la maraña de esta enorme secretaría.
Asimismo, se espera que la liberación de Conacyt contribuya a incrementar sus recursos porque tendrá un presupuesto independiente y consolidado. Los beneficios de liberar la ciencia y la tecnología de la subordinación de la SEP no exigen la desaparición de los vínculos entre ambas, tal como se desprende de las reformas propuestas, en las que la presencia de la secretaría responsable de la formación de recursos humanos en el país está por completo desdibujada. En cambio, habría que recrear esos vínculos porque resulta extraño sustraer las actividades de investigación y formación de recursos en ese nivel del sector educativo, para orientarlo en forma casi exclusiva al sector productivo. En varias ocasiones el Ejecutivo federal se ha referido a la necesidad de vincular la investigación con las necesidades del sector productivo, pero parece indudable que la investigación no puede desarrollarse desvinculada de la educación. Si eso llegara a ocurrir, entonces sería muy poco lo que podría aportar al sector productivo. La debilidad de la presencia de la SEP llama la atención también porque contrasta con el papel central que se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en temas fundamentales para la comunidad cientítifica y educativa.
El primado del sector productivo en las reformas propuestas del Ejecutivo les impone sesgos a favor de la investigación aplicada y en contra de las ciencias sociales y de las humanidades. No obstante, la historia de Alemania, Austria, España, Cuba y la Unión Soviética dan prueba de que los rezagos en estas materias son tan costosos como pueden ser los atrasos tecnológicos, y que al igual que éstos pueden acarrear el sacrificio de varias generaciones.
