Existe consenso en más de 90 por ciento de la iniciativa, expresa legislador priísta

La ley de acceso a la información pública sería aprobada en breve, prevén diputados

Transparentar la gestión gubernamental, entre los objetivos de la norma propuesta

CIRO PEREZ SILVA

El dictamen sobre la iniciativa de ley federal de acceso a la información pública alcanzó consenso en más de 90 por ciento de su contenido, y sólo falta lograr acuerdos en cuatro artículos, afirmó el diputado priísta Víctor Gandarilla.

Las partes en que "todavía no hay consenso tienen que ver con la posibilidad de que esa ley sea reglamentaria del artículo sexto constitucional", agregó, y aún es necesario "definir si los comisionados del instituto que se crearía para dirigir el órgano correspondiente deben ser ratificados por la Cámara de Diputados; si el instituto podrá hacer recomendaciones no vinculatorias a los órganos de otros poderes, y los efectos de la falta de respuesta de la autoridad a la demanda de información, es decir, positiva ficta versus negativa ficta".

De acuerdo con el coordinador panista, Felipe Calderón Hinojosa, esta ley, que establece la obligación de los órganos del Estado de proporcionar a cualquier persona la información que genere el gobierno, es una de las que pueden ser aprobadas en el presente periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de mayo.

Uno de los objetivos es transparentar la gestión pública, señaló; además "es un paso decisivo para la democracia, genera automáticamente una redistribución del poder hacia los ciudadanos, establece un mecanismo de control desde la sociedad y no sólo de las elites políticas, favorece la rendición de cuentas del gobierno y contribuye a la consolidación de la cultura de la transparencia, entre otros beneficios".

Actualmente se dictamina sobre tres iniciativas presentadas de manera formal a la Cámara de Diputados. Una fue propuesta por el diputado perredista Miguel Barbosa; otra por el Grupo Oaxaca, integrado por representantes de los principales periódicos del país y que han hecho suya las fracciones de PRD, PRI, PT y PVEM, y una más por el Ejecutivo federal, que apoya el PAN.

La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de esa cámara estableció para su análisis un grupo técnico de trabajo, el cual ha elaborado un proyecto que engloba las tres iniciativas y cuenta con casi total consenso.

Los principios básicos de que parte el dictamen son que la información en posesión del Estado es pública, pero la información reservada constituye la excepción; además, se protegen los datos personales, y toda interpretación de la ley deberá favorecer la transparencia.

La norma será obligatoria para los tres poderes; los órganos constitucionales autónomos, incluyendo universidades; los tribunales administrativos, e indirectamente los partidos políticos, por medio del Instituto Federal Electoral (IFE), así como para todo aquél que reciba recursos públicos.

Se considera información reservada aquella que pueda poner en peligro la seguridad nacional, las relaciones y negociaciones internacionales, la estabilidad financiera, económica y monetaria, la vida, integridad física o la privacidad de las personas, la prevención o persecución de los delitos y la impartición de justicia.

En ese mismo caso se encuentran las averiguaciones previas; los expedientes judiciales -en tanto no hayan causado estado-; los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario y fiduciario; el proceso deliberativo mientras no haya sido tomada la decisión definitiva -la cual deberá estar documentada- y aquella establecida como confidencial por otros ordenamientos jurídicos. El plazo máximo de reserva serán 12 años, aunque puede ser ampliado en casos excepcionales.