Dejó de recibir el estado 601 millones de pesos por participaciones federales

Por ajuste en las finanzas públicas inicia proceso de despido de burócratas en Veracruz

Se impulsará programa de retiro voluntario, indica secretario de Finanzas

GUADALUPE LOPEZ ESPINOSA CORRESPONSAL

Jalapa, Ver., 4 de abril. A consecuencia del ajuste por mil millones de pesos en las finanzas públicas estatales, anunciado el pasado 15 de marzo -que incluye la desaparición de varias dependencias-, el despido de burócratas empezó a darse luego de haber cobrado su última quincena el 27 de marzo.

El ajuste obedece a que de octubre a la fecha el estado ha dejado de recibir 601 millones de pesos de participaciones federales, y a los 2 mil 700 millones de pesos que le adeudan las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Educación Pública.

La medida de austeridad prevé reducir 20 por ciento la nómina en cada una de las dependencias y entidades previstas en el presupuesto de egresos, ajustando al personal seleccionado a un programa de retiro voluntario "con estricto apego a los derechos laborales", para lo cual el gobierno del estado anunció que destinaría 50 millones de pesos.

De acuerdo con el decreto publicado en la Gaceta Oficial del estado el 25 de marzo, más de 50 dependencias, desde subsecretarías hasta oficinas, direcciones y consejos, desaparecen de la estructura del gobierno estatal.

Juan Amieva Huerta, secretario de Finanzas, había declarado que serían unos 10 mil los trabajadores afectados, entre despedidos, y a los cuales se les reduciría el salario o se les quitarían compensaciones. Sin embargo, luego de las manifestaciones y tomas de oficinas que empezaron a realizar los afectados, la secretaria general de gobierno, Nohemí Quirasco Hernández, aseguró que no serán más de mil los despedidos, de los cuales sólo 5 por ciento sería de base.

No obstante, dirigentes de los dos sindicatos que agrupan a los empleados al servicio del Poder Ejecutivo, indican que la medida afecta también a trabajadores de base y sindicalizados con hasta 27 y 29 años de antigüedad, y exigen liquidaciones apegadas a la ley.

El miércoles de Semana Santa los burócratas despedidos, al recibir su cheque quincenal, se les comunicó verbalmente que era su último pago y que deberían entregar equipo de trabajo y oficinas, porque a partir del día primero de este mes quedarían varias dependencias cerradas.

Lo anterior se registró en la Subdirección de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Finanzas, que desapareció con todo y 150 auditores, la mayoría de base, asegura su representante, Fernando Rodríguez Antonio.

En Maquinaria de Veracruz se despidió a 43 trabajadores de base y de contrato; en la Junta Local de Caminos a 33, y siguen 50 en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, más los que serán despedidos de las demás dependencias.

Mientras tanto, dirigentes del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz, han manifestado que hasta hoy 70 trabajadores de base pertenecientes a esa organización habían sido despedidos, más 80 de contrato, mientras que a 150 de la Dirección de Obras Públicas -la mayoría de base- les será reducido el salario.

De acuerdo con trabajadores que han participado en las movilizaciones, en la Dirección de Gobernación se les ha ofrecido que se les liquidará conforme lo marca la ley, con una indemnización constitucional de tres meses de salario, más 20 días por año, pero en las mesas que se instalaron para atender cada caso les ofrecen solamente un mes de salario.

Juana Consuelo Méndez Vázquez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del estado, señaló que de sus agremiados han sido afectados 56 de base, al desaparecer siete oficinas de Hacienda en igual número de municipios.

Dijo que algunos trabajadores han aceptado su liquidación, pero otros quieren reubicarse, por lo que ella gestiona esa petición.

Indicó que exige que las liquidaciones sean conforme a la ley, que prevé tres meses de salario, más 20 días por año, aguinaldo proporcional y prima de antigüedad, además de que se respete al que quiera liquidarse y al que no quiera.

Dijo que de los 56 despedidos de su sindicato, 60 por ciento tenía entre 10 y 27 años de antigüedad.

Rufo Seechi Ordóñez, miembro de la dirigencia del Sindicato Democrático, citó los casos de María de Jesús McKinley, quien tenía 29 años de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Regional, y el de Rosa María Vista Gatica, quien tenía 27 años de servicio en la Secretaría de Finanzas.

A ellas se suma el caso del auditor Tiburcio García, con 28 años de antigüedad, y el de María Elena Aburto Ramírez, con 10 años. Todos ellos trabajadores de base.

De entre los despedidos hay una viuda, con una hija de 11 años, y embarazada, que rompió en llanto mientras participaba en una de las manifestaciones del miércoles, mientras calificaba de "injusto" su despido que, dijo, ni siquiera se lo comunicaron con anticipación para haber buscado otro empleo. Ella tenía 11 años de antigüedad en la plaza que ocupó al morir su esposo.