Absuelven a líder de desocupados en Argentina

Niegan libertad a Cavallo, acusado de contrabando agravado de armas

AFP, DPA Y REUTERS

Buenos Aires, 4 de abril. La justicia argentina rechazó este jueves un pedido de liberación de Domingo Cavallo, el ex superministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, detenido ayer por presunto "contrabando agravado" de armas al exterior entre 1991 y 1995.

Horas después el dirigente piquetero Emilio Alí fue liberado por disposición de la justicia argentina, que lo absolvió en una causa y cambió la carátula de otro expediente, por los que había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión, tras pedir comida en un supermercado en la sureña ciudad de Mar del Plata en 2000.

En este contexto y luego que el presidente Eduardo Duhalde aseguró que "a pesar de lo que digan los economistas, comunicadores o habladores, en julio vamos a estar saliendo de la recesión con la ayuda externa", su gobierno aumentó un impuesto que grava las exportaciones de granos de 10 a 20 por ciento en una medida que busca mejorar los alicaídos ingresos del fisco, pero que no será bien recibida en el sector agropecuario.

El juez de lo penal-económico Julio Speroni, a cargo de la causa de la venta de armas a Croacia y Ecuador, negó la solicitud de libertad presentada el miércoles por Eduardo Oderigo y Rafael O'Gorman, abogados de Cavallo.

El ex ministro, de 55 años, fue acusado de "contrabando agravado", ya que como ministro de Economía tenía bajo su mando la aduana al momento de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Ese delito implica una pena de 4 a 12 años de prisión.

Cavallo "estaba bien y de buen ánimo" durante su segunda jornada de detención en el Escuadrón Buenos Aires de la Gendarmería, donde está alojado en una habitación de 3 por 3.5 metros, la misma que ocupó su ex colega del gabinete, el ex ministro de Defensa, Erman González, dijeron fuentes de esa fuerza de seguridad.

El juez no le había autorizado hasta este jueves disponer de un teléfono celular, una televisión y una computadora, como ocurre con otros detenidos en el lugar, agregaron las fuentes.

Por la misma causa de las armas estuvo detenido durante 167 días, hasta el 20 de noviembre pasado, el ex presidente Menem (1989-99), quien fue liberado por un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó la existencia de una "asociación ilícita" en esa operación, un cargo distinto al que pesa sobre Cavallo.

La Corte, cuestionada por sus lazos con el gobierno de Menem, enfrenta ahora un juicio de destitución del Parlamento por esa controvertida resolución que favoreció al ex mandatario y a su ex asesor y ex cuñado, Emir Yoma.

A su vez, la Cámara de Casación Penal de La Plata dispuso absolver al líder de los desocupados organizados por la causa de "extorsión" y redujo el otro cargo a "coacción", aplicándole una condena de dos años y seis meses en suspenso. Como la causa remonta al año 2000 y la condena es excarcelable, Alí recuperó su libertad la noche del jueves, horas más tarde de conocer la sentencia.

"Ganamos una batalla política", fueron las primeras palabras que pronunció Alí, quien se dice un "luchador social".

La libertad de Alí fue reclamada en numerosas marchas por organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre ellas la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París.

Alí estuvo un año y 10 meses preso por haber reclamado comida frente a un supermercado de Mar del Plata, el 5 de mayo de 2000, cuando se cumplía un paro nacional, junto a un grupo de 120 piqueteros (desocupados) a quienes tras una larga negociación se les concedió una entrega con 150 paquetes de alimentos.

Al mes siguiente Alí fue citado por la policía y quedó detenido bajo los cargos de "coacción y extorsión", agravados por la imputación de un fiscal de Mar del Plata que lo acusó de haber amenazado con violar a las hijas y quemar la casa de un comerciante vecino, en otro episodio.

Esas acusaciones fueron negadas por Alí, que las atribuyó a una "causa inventada a nuestra sociedad de fomento" y aseguró que su condena tiene "trasfondo político".

En Argentina hay unos 3 mil procesados por participar en protestas sociales.