Aduce que "están ocasionando un severo daño al ecosistema de la región"

Casi 50 comunidades podrían ser expulsadas de Montes Azules, revela documento oficial

Serán creados grupos armados legales para el desalojo, acusan autoridades autónomas

ANGELES MARISCAL CORRESPONSAL

Tuxtla Gutierrez, Chis., 31 de marzo. Ocho comunidades asentadas en la reserva de la biosfera de Montes Azules, dos de ellas identificadas como "pro zapatistas", podrían ser expulsadas de esa zona en breve ?en una primera etapa de remociones?, de acuerdo con un documento oficial elaborado por la llamada Mesa Ambiental, conformada por dependencias de los gobiernos estatal y federal.

El documento La problemática de Montes Azules, al que La Jornada tuvo acceso, señala la posibilidad de que sean reubicados 49 poblados asentados en Montes Azules, porque "están ocasionando un severo daño al ecosistema de la región".

Incluso, en el apartado "Asentamientos irregulares a desalojar de las áreas naturales protegidas de la selva Lacandona" se destaca que existe temor entre los habitantes del municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón, que podrían ser retirados en cualquier momento.

En el documento, fechado el pasado 8 de marzo y elaborado a partir de las conclusiones de estudios hechos por la Mesa Ambiental a los poblados en cuestión, se plantea desalojar, en dos etapas, a 11 de las 49 comunidades asentadas en la citada reserva de la biosfera.

Primero serían reubicados los poblados Las Ruinas Sol Paraíso, Nuevo Salvador Allende, Nuevo Ocotal, El Buen Samaritano, San Antonio Miramar, Arroyo Cristalino, Sol Paraíso y Nuevo San Rafael.

El documento contiene fotografías satelitales de la zona, gráficas de la deforestación, características de las comunidades y censos generales de cada poblado. También señala que la comunidad Arroyo Cristalino está habitada por 30 familias dedicadas al cultivo de enervantes.

En el apartado "Asentamientos irregulares a desalojar" se plantea el desalojo -en una segunda etapa- de las comunidades Primero de Enero, Nuevo Limar y Ocho de Febrero. El documento oficial identifica a estos poblados como "pro zapatistas".

La mesa analiza estrategias tendientes a desocupar la biosfera de Montes Azules para convertirla en lugar estratégico del Plan Puebla-Panamá (PPP).

Participan en dicha mesa representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social (federal y estatal), así como de las procuradurías Agraria y General de la República. También, indígenas lacandones, que buscan erigirse en "guardianes de la selva".

Rechazo al Plan Puebla-Panamá

El pasado 26 de febrero las autoridades autónomas de Ricardo Flores Magón dieron a conocer la problemática que viven las 49 comunidades que serían reubicadas. Advirtieron a los gobiernos estatal y federal que no permitirán "el desalojo ni la reubicación de nuestras comunidades. No habrá PPP en la zona". Según los zapatistas, en esa región se encuentran más de 50 puestos del Ejército Mexicano.

La presión contra las 49 comunidades, explican, se incrementó en 2000 "con el pretexto de los incendios provocados", y actualmente existiría el proyecto de crear "los llamados Guardianes de la Reserva, es decir, grupos paramilitares legalizados para el desalojo".

Los gobiernos federal y estatal, así como empresas multinacionales "han elaborado ya un plan que recomienda la reubicación de las comunidades indígenas, y para ello proponen utilizar recursos legales que sin embargo violan los acuerdos 169 de la OIT y de San Andrés", sostienen.

Por ello advierten que "en estas tierras no habrá Plan Puebla-Panamá ni proyectos de bioprospección, ni proyectos ecoturísticos, ni explotación de fuentes de agua dulce, de petróleo, de uranio, de maderas, de animales, de recursos genéticos, ni nada de lo que ya han comprometido con empresarios y fundaciones nacionales e internacionales".

Hasta el momento, tanto autoridades locales como federales se han negado a emitir declaración alguna sobre las denuncias. Sin embargo, el 28 de febrero pasado, en un boletín de prensa del gobierno estatal se informó de una reunión entre el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el coordinador general del PPP, Florencio Salazar Adame.

Según el boletín, Salazar sostuvo que el PPP responderá "a los rezagos sociales históricos de las comunidades del sur, además de promover la infraestructura para el desarrollo de la región".