Plan para reubicar cerca de la mitad de comunidades de municipios en rebeldía

Zozobra en la selva Lacandona por violencia de paramilitares y amenazas de desalojos

Ante la parcialidad de autoridades, zapatistas se deslindan de crímenes perpetrados en la zona

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 31 de marzo. El norte de la selva Lacandona se ha convertido en "territorio minado", tanto por las provocaciones de los paramilitares de Taniperla y Palestina y la violencia de Paz y Justicia en Roberto Barrios como por las amenazas de desalojo en Montes Azules. Todo esto en una zona intensamente militarizada.

El concejo municipal de Ricardo Flores Magón difundió la relación completa de comunidades en riesgo de ser desalojadas, reubicadas o afectadas dentro del territorio autónomo.

Casi la mitad de las 110 comunidades que constituyen éste, uno de los municipios en rebeldía de mayor extensión, se encuentran en situación crítica. En primer lugar, Laguna el Paraíso, Laguna Suspiro, Nuevo San Pedro, Seis de Octubre, Nuevo Guadalupe Tepeyac y Nueva Cintalapa, las cuales podrían ser desalojadas por completo de la reserva de la biosfera en fecha próxima.

Los derechos ejidales serían afectados (en sus dotaciones o ampliaciones) a causa de la reserva, en comunidades tanto zapatistas como de la Aric Independiente, e incluso priístas: San Antonio Escobar, Plan de Ayutla, Chamizal, La Culebra, Cintalapa, Limonar, Santa Rita, Taniperla, El Jardín, Villa las Rosas y Zapotal.

Además verían afectados sus derechos ejidales por la llamada zona lacandona los poblados Lacanjá Tzeltal, Santo Domingo, Arroyo Granizo, Plan de Guadalupe y Niños Héroes.

Otras comunidades serían mutiladas directamente por la "zona de amortiguamiento": Monte Líbano, Santa Elena, Censo, Taniperla, Manuel Velasco Suárez, San Jerónimo, Agua Azul, Emiliano Zapata, Perla de Acapulco, El Zapotal, San Caralampio, San José, Calvario, Nuevo Monte Líbano, Guadalupe San Luis, Sibal, San Francisco, Infiernillo, Zaragoza y Lacandón.

Y todavía se agregan las comunidades afectadas por la zona de protección forestal en el río Tulijá: San Jerónimo Tulijá, Ranchería Paraíso Tulijá, Ranchería San Isidro, Ranchería San Felipe, Ranchería San Pedro, Ranchería San Marcos, Río Jordán, San Juan y Jol Tulijá.

Asesinato en Roberto Barrios

La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos de la zona Salto de Agua-Palenque denunció la desaparición de una persona de filiación priísta en el ejido Roberto Barrios.

La esposa del desaparecido, Virginia Méndez Gómez, acudió con el agente municipal oficial del ejido para darle a conocer que su esposo, José Alirio Miranda Chávez, de nacionalidad hondureña y radicado en el ejido, "salió a pescar el día primero de marzo en la tarde, invitado por Gustavo Méndez Balcázar, y ya no regresó a su casa".

La señora sospechaba que lo habían ejecutado, porque la persona que lo invitó a pescar tuvo una riña con él, y lo culpaba también de un robo en la casa de Simón Díaz Oleta, quien el 24 de febrero acusó a Miranda Chávez de robarle un televisor, una grabadora, un rifle y ropas.

El pasado viernes 29 fue encontrado el cadáver de Miranda Chávez dentro de una fosa mal cavada, en las proximidades de la comunidad y el río.

Observadores civiles y defensores de derechos humanos señalaron hoy, en carta dirigida a La Jornada, que varios agentes del Ministerio Público ingresaron prepotentemente a la comunidad en vehículos con placas de Campeche, y uno sin placas, "para investigar los hechos".

Tratando a la población como si todos fueran sospechosos, los agentes del MP obligaron a los indígenas a exhumar el cadáver, sin el equipo ni el personal adecuados, en pésimas condiciones de higiene. El hoy occiso apareció mutilado y con su caña de pescar al lado. Al retirarse, casi a la una de la tarde, los agentes dijeron que el diagnóstico de la necropsia estaría listo en 72 horas.

Según testimonios recabados por el municipio autónomo El Trabajo, a las 10 de la noche del 2 de marzo, Díaz Oleta se presentó en casa del desaparecido, armado con rifles y machetes en la cintura, amenazando de muerte a su familia, y al no encontrarlo fue a la casa de Cristóbal Méndez Pérez (suegro del desaparecido), a quien amenazó "apuntando de arriba abajo con el cañón".

Las autoridades autónomas (que ya habían denunciado la desaparición y el posible asesinato) culpan del crimen a Carmen Cruz Balcázar, Tomás Cruz Balcázar, Humberto Balcázar Mendoza, Mariano Pérez López, Asisclo Pérez Gómez y Rubén Pérez De Mesa.

Por medio de la red, el concejo autónomo exige que se deslinde a las bases de apoyo zapatistas de toda responsabilidad por la desaparición de José Alirio, "ya que los agresores son los mencionados, como lo demostró el agente municipal oficial Francisco Pérez Pérez, quien en un oficio dirigido a la agencia estatal de investigación de Palenque señala a Gustavo Méndez Balcázar como la última persona que vio con vida al esposo de la señora Virginia".

La red de defensores solicita la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales. Los observadores civiles, a su vez, señalando las anomalías en la investigación ministerial, consideran posible "que las autoridades no actúen conforme a derecho".

Tanto la red como los observadores civiles que presenciaron la exhumación en Roberto Barrios responsabilizan a la presidencia municipal de Palenque, la PGJE y el gobierno federal de cualquier agresión o cacería de brujas contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Las autoridades priístas de Palenque, siempre hostiles con los zapatistas, han solapado los delitos de los priístas de la localidad, presuntos miembros de Paz y Justicia.

Las bases de apoyo del EZLN exigen la investigación profunda de la desaparición y el asesinato de Miranda Chávez, así como de los demás crímenes ocurridos en Roberto Barrios respecto a los cuales jamás se han realizado investigaciones: la muerte de Rafael Gómez Pérez y las agresiones sufridas el 12 de marzo de 1997; el asesinato de Trinidad Cruz Pérez, el 14 de marzo de 1998, y el fallecimiento de una niña de 2 años de edad a causa de las quemaduras que sufrió el 24 de mayo de 1998 por un incendio provocado.

Otra muerte sin resolver (aunque los asesinos están identificados) es la de José Tila, poco después de presentar denuncias ante la primera Comisión Internacional de Observación sobre la violencia de militares y priístas en la región. Las autoridades autónomas demandan también que se investiguen otras agresiones, amenazas y hostigamientos, ya denunciados, sin que en ningún caso se haya hecho justicia.

El concejo autónomo dio a conocer más tarde un comunicado donde declara: "Nos deslindamos de la desaparición y muerte de esta persona; nosotros los zapatistas somos gente que estamos trabajando en la construcción de la autonomía indígena, y en este proceso es muy importante el respeto a los derechos humanos. Por esto aclaramos que en este problema no tuvimos nada que ver y no queremos que nos involucren con la siembra de estupefacientes ni con otros crímenes".