La semana pasada se informó en estas páginas de la dramática situación de Safiya Hussaini Tungar-Tudu, una nigeriana de 35 años, madre de cinco hijos, que fue condenada a muerte por un tribunal islámico de su país debido a que se embarazó a pesar de estar separada de su esposo y fue considerada, por tanto, adúltera. De acuerdo con la ley islámica, o sharia, tal situación configura un delito grave que debe ser castigado con la lapidación. Ayer, una corte de apelaciones de Nigeria, bajo la presión de un clamor internacional sin precedente, absolvió a Safiya. De esta forma se consiguió una importante victoria de la opinión pública mundial, encabezada por organismos defensores de los derechos humanos y grupos de mujeres, los cuales lograron que incluso la Unión Europea enviara una firme protesta a las autoridades de Abuja.

La historia de Safiya es emblemática de las exasperantes circunstancias que aún deben enfrentar millones de mujeres en las sociedades islámicas. A la puesta en vigor de legislaciones bárbaras, en las cuales la diferencia de género implica una discriminación automática para las mujeres, debe agregarse que tales leyes son aplicadas por hombres en forma por demás arbitraria. La pena de muerte es en sí misma un agravio intolerable a los derechos humanos; que se pretenda aplicarla en casos de adulterio constituye una cuota adicional de salvajismo; que la forma de ejecución sea la lapidación pública resulta degradante, y que la disposición valga sólo para las adúlteras, mas no para los adúlteros, habla de una indignante discriminación de género. Pero hay un dato adicional que convierte todo el proceso contra Safiya en un hoyo negro de horror: incluso juzgada bajo esas leyes aberrantes, la mujer era inocente y, además, víctima, toda vez que su embarazo fue producto de una violación de su ex marido.

La salvación de Safiya es una victoria de la razón, de la legalidad y de la ética, pero, por desgracia, siguen siendo millones las mujeres que se encuentran en circunstancias similares de desprotección legal, institucional y humana, particularmente en las sociedades islámicas -ayer se supo de la condena a la misma pena a otra nigeriana, por igual motivo-, pero también en países como el nuestro, donde, en fecha reciente, una menor de edad que resultó embarazada por su violador fue impedida de abortar por funcionarios municipales y estatales panistas adeptos a una suerte de trasnochado y totalitario puritanismo católico.

Cabe hacer votos por que el triunfo de Safiya y sus defensores aporte nuevas pautas para combatir y erradicar las lacerantes injusticias que aún se ciernen, en numerosas naciones, contra las mujeres, y que su historia se convierta en un símbolo mundial de justicia, igualdad y humanidad.