El nivel de precios petroleros, bueno; no es argumento suficiente para el recorte, señalan

Cuestionan expertos las bases del ajuste presupuestal anunciado

El gobierno foxista tiene al borde del desmantelamiento a la industria de hidrocarburos, afirman

HUMBERTO ORTIZ MORENO

Investigadores universitarios ad- virtieron que el recorte presupuestal anunciado por Hacienda y Presidencia no tiene fundamento, toda vez que los precios internacionales del petróleo muestran repuntes importantes que topan los 20 dólares por barril, por lo cual no son argumento suficiente para el ajuste; por ende, expusieron, las autoridades deben aclarar ante la opinión pública el motivo real de la medida.

Demandaron que el gobierno federal haga transparentes las cuentas nacionales, toda vez que hasta ahora ningún ciudadano conoce el estado que guardan las finanzas nacionales.

En materia petrolera, Arturo Bonilla Sánchez, Olivia Angeles Cornejo y Sergio Suárez Guevara, expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, advirtieron que México es gobernado por una administración foxista total y abiertamente trasnacionalizada, que tiene al país al borde del desmantelamiento de la industria de los hidrocarburos para satisfacer el mercado estadunidense, cuando es la base para sustentar el crecimiento económico mediante el abasto de insumos vitales para la planta productiva nacional.

El objetivo del gobierno federal, lamentan, es cumplir con los compromisos del Area de Libre Comercio de las Américas y del trato que firmó Ernesto Zedillo con Estados Unidos en 1995 para enfrentar la crisis financiera, advirtieron.

Muñoz Leos, representante de intereses trasnacionales

Los investigadores aseguraron que en las afirmaciones del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Raúl Muñoz Leos, se esconde el verdadero fondo del proyecto de privatización de la paraestatal: pretende que se eliminen las cargas fiscales a la empresa para dejar la mesa puesta y limpia a los inversionistas del extranjero que rechazan pagar impuestos tan elevados al fisco del país.

Para los tres investigadores universitarios no existe duda: el presidente Vicente Fox sigue la misma táctica política y de reforma neoliberal de sus antecesores priístas, al reducir drásticamente presupuestos a las áreas estratégicas de Pemex, como la petroquímica y las refinadoras, so pretexto de ineficiencia e inoperatividad; además, en el asunto de los desvíos de recursos en la empresa tiene preparado un ''quinazo salinista'' como arma de presión y de manipulación contra los opositores a la trasnacionalización del petróleo.

Frente a las intenciones trasnacionalizadoras del gobierno, casi al unísono los tres analistas aseguraron que la paraestatal ha sido eficiente durante sus 64 años de operaciones tras la expropiación, y ahora tiene capacidad suficiente para corregir errores y seguir abasteciendo con el principal insumo energético los requerimientos del aparato fabril frente al crecimiento económico.

En consecuencia, se manifestaron por revisar a fondo la propuesta de retirar la pesada carga tributaria para Pemex -72 por ciento de sus ingresos van al fisco-, porque esos dineros públicos se destinan a pagar la deuda externa e interna, y a cubrir los enormes montos derivados de la ineficiencia de los bancos privatizados.

''Hay que recordar que el director de Pemex (Muñoz Leos) representa a una trasnacional en México'', planteó el maestro Bonilla Sánchez.

Cuestionó el programa de producción de petróleo dispuesto por Muñoz Leos, pues canaliza prácticamente todas las inversiones a extraer ''más y más'' hidrocarburos, sin darles valor agregado. ''Sólo está empobreciendo rápidamente las reservas y eso no es eficacia ni eficiencia, sino ponerlas en los puertos de Estados Unidos; no podemos jugar con el futuro del país poniendo en manos de extranjeros un recurso que sirve para abastecer nuestra generación de electricidad y mover al transporte'', entre otras actividades.

En consecuencia, establecieron que no hay mejor forma para limpiar a Petróleos Mexicanos que usando la capacidad de técnicos y administradores mexicanos, y no con entidades ajenas a los intereses nacionales.