La PGR solicitará que se libren órdenes de aprehensión contra ambos dirigentes

Buscan desafuero de Deschamps y Aldana

Una vez que se concedan, el MPF pedirá al Congreso iniciar el proceso correspondiente

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) irá por el desafuero del líder petrolero y diputado federal Carlos Romero Deschamps y del tesorero de esa organización y senador de la República, Ricardo Aldana Prieto, en el caso Pemex.

Fuentes oficiales revelaron que la dependencia que encabeza el general Rafael Macedo de la Concha consignará la averiguación previa PGR/UEDO/182/2001, y solicitará a un juez federal el libramiento de órdenes de aprehensión contra los líderes sindicales, y una vez que ésto haya sido concedido, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitará al Poder Legislativo el desafuero de ambos legisladores priístas.

Mejor conocida como Operación Crudo, la indagatoria del presunto desvío de mil 580 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) está en las últimas fases.

Las fuentes indicaron que se está a la espera de que la PGR, por conducto de la subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, obtenga información proveniente de Europa y otras naciones para corroborar el trabajo de inteligencia que detectó la supuesta transferencia de una parte de esos recursos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

La acción penal se ejecutaría contra Rogelio Montemayor Seguy, ex director de Pemex; Carlos Juaristi Septién, ex director corporativo de Administración; Juan José Domene Berlanga, ex director corporativo de Finanzas, y Alonso Veraza López, Melitón Antonio Cázarez Castro y Andrés Heredia Jiménez, empleados del PRI durante la campaña presidencial de Labastida Ochoa.

Asimismo, las solicitudes de órdenes de aprehensión abarcarían a Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón, ex secretario y ex subsecretario de Finanzas del PRI, y los ex empleados Joel Hortiales Pacheco, Elpidio López López y Gerardo Trejo Mejía.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la acción penal se ejercitaría en dos partes. La primera, por la acusación de desvío de recursos, operaciones con dinero de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La segunda involucrará a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Federal Electoral, y comprendería una investigación acerca de posibles violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Petroleros

Las imputaciones contra Romero Deschamps y Aldana Prieto se fundamentarán en los señalamientos que la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) denunció ante la PGR el 10 de diciembre de 2001 por un presunto desvío de mil cien millones de pesos, y en la ampliación que presentó el pasado 26 de febrero, en la que se les acusa de recibir de manera ilícita otros 480 millones de pesos.

La Secodam detectó que los pagos realizados al STPRM por "incumplimientos contractuales", de parte de los directivos de Pemex, "pretendieron legitimar la distracción de recursos" y sólo beneficiaron a los líderes sindicales.

La PGR podría consignar inicialmente sólo a las tres personas que mantiene bajo arraigo domiciliario desde el 20 de diciembre, cuando fueron detenidos en las instalaciones del Sistema de Atención Tributaria: Alonso Veraza López, Melitón Antonio Cázarez Castro y Andrés Heredia Jiménez.

Sin embargo, la solicitud de órdenes de aprehensión abarcaría al secretario general y al tesorero del STPRM.

La actuación ministerial contra ambos legisladores, según se informó, no afecta de ninguna manera el fuero constitucional de que gozan, porque el MPF no las cumplimentaría de manera inmediata, sino que serían enviadas al Poder Legislativo, junto con la solicitud de inicio del procedimiento de desafuero, y cuando éste concluya, si es positivo para la PGR, se les podría capturar y consignar ante el juez que los reclame.

Romero Deschamps y Aldana Prieto se han valido del fuero constitucional para no presentarse a declarar ante el MPF, situación que según las fuentes consultadas no es legal, toda vez que el fuero impide que sean detenidos pero no que no acudan a un citatorio de una autoridad del Poder Ejecutivo, toda vez que fueron denunciados en calidad de indiciados.

Mediante un escrito entregado por la abogada Odette Mobarak, la defensa de los líderes petroleros aseguró a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) que no era legal que se entrometiera en la vida interna del STPRM, a lo cual las autoridades señalan que no buscan en las finanzas sindicales, sino en cuentas que manejaron de manera directa el secretario general y el tesorero del STPRM, y desde las cuales triangularon dinero ilícito.

En el caso de Rogelio Montemayor Seguy, quien según versiones está fuera del país, éste ha presentado por conducto de sus abogados tres distintos alegatos argumentando su inocencia. Sin embargo, también es señalado como indiciado, tanto por la Secodam como en la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal Federal.

Montemayor Seguy, en caso de encontrarse fuera del país, sería buscado por la Interpol una vez que se libre la orden de aprehensión, y si se le localizara en el país sería detenido y consignado de inmediato ante el juez que lo reclame.

La PGR ha mantenido total hermetismo acerca de sus indagatorias, pero trascendió que ya existen órdenes de localización y presentación contra varios involucrados -tanto ex funcionarios de Pemex como ex colaboradores de Francisco Labastida, como en los casos de Jorge Cárdenas y Alonso Bretón.