Rindió en Los Pinos su segundo informe de labores

La impunidad estimula la delincuencia en el país, afirma José Luis Soberanes

VICTOR BALLINAS Y JUAN MANUEL VENEGAS

Para combatir la inseguridad se requiere que las fuerzas policiacas mexicanas se capaciten y cuenten con equipamiento moderno, actualizar su marco jurídico, aumentar su eficacia, garantizar su honestidad y asegurar su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, aseveró el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, ante el presidente Vicente Fox y el gabinete en pleno.

Al presentar su segundo informe de actividades ante el jefe del Ejecutivo, Soberanes resaltó que hoy está claro que uno de los principales factores que estimulan a la delincuencia es la impunidad. Los hechos y tendencias del pasado reciente, subrayó, ''nos muestran una vez más la falsedad intrínseca de las versiones según las cuales la defensa de los derechos humanos propicia el aumento de la delincuencia''.

Con el hecho ''brutal'' de que por cada 100 delitos que se cometen sólo tres o cuatro enfrentan la sanción de un juez, ''podemos concluir que esto no es un problema de derechos humanos, sino de eficiencia y capacidad en la procuración y administración de justicia, que evidentemente siguen siendo tareas pendientes de la reforma del Estado y de la transición''.

En la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), destacó, ''no predicamos la flexibilización de las leyes contra la delincuencia, ni mucho menos'', sino que en todos los casos se actúe conforme a derecho. En este órgano, dijo, ''existe preocupación por la creciente irritación social debido a la permanencia, sino es que el incremento, de la inseguridad y la violencia criminal, irritación que con frecuencia se expresa en la tendencia a hacer justicia por propia mano y a realizar actos de linchamiento'', que de continuar aumentando conducirían a la descomposición social y a un tobogán de violaciones a los derechos humanos.

Fox se mantuvo serio durante el largo discurso del titular de la CNDH, pero al escuchar que el ombudsman refería el incremento de la inseguridad y los actos de linchamiento, dirigió su mirada a Soberanes, quien agregó: ''En asuntos de seguridad pública tan trascendentales como son la prevención y la persecución del delito, la confianza ciudadana no sólo se mide en las encuestas, sino que debe verse reflejada en una mayor seguridad al transitar por las calles y las carreteras''.

El apego a la ley y a los reglamentos, añadió, permite que pueda distinguirse con claridad entre lo que es el uso legítimo de la fuerza y cualquier aplicación discrecional y arbitraria de la misma. ''Insistimos en que debe ser actualizada la legislación en materia de seguridad pública, pues presenta numerosos y graves rezagos que propician prácticas al margen de la ley.''

Reiteró que es significativo el número de violaciones a los derechos humanos que se cometen en el ámbito de la procuración de justicia, lo que se traduce en una transgresión al derecho de toda persona a un efectivo acceso a la misma, y en desconfianza y temor a las víctimas del delito, que muchas veces prefieren no denunciar los hechos.

De igual manera, como lo hiciera ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la semana pasada, insistió en que el Ministerio Público debe convertirse en una auténtica representación social y trabajar con estricto apego a derecho para que disminuyan las detenciones ilegales, los abusos de autoridad, la incomunicación, la tortura y la indebida o deficiente integración de las averiguaciones previas, ''que son otra cobija de la impunidad''.

Afirmó que las actividades encomendadas a la Policía Federal Preventiva ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos, y que lo mismo sucede con la participación de efectivos militares en las tareas de seguridad pública, pues esa -aseguró- no es una función propia del Ejército.

Soberanes alzó la voz y subrayó: ''Que no haya equívocos al respecto. La CNDH apoya a quienes como servidores públicos y desde instituciones de seguridad pública protegen y defienden la integridad física y la tranquilidad de las personas con las facultades que la ley deposita en ellas. Siete de cada 10 personas que atiende la comisión son víctimas de la delincuencia; las otras tres son víctimas de la acción abusiva que pretende encubrirse en la legalidad, sin serlo''.

Reiteró: ''No es excepcional la conducta omisa y evasiva de algunas autoridades que aceptan las recomendaciones, pero no las cumplen. También existe recelo en algunas instancias para rendir informes, aceptar las medidas precautorias y en general obstaculizan las quejas de la CNDH. Todavía hoy existen quienes reaccionan promoviendo descalificaciones y denostando a la institución''. Finalmente, dijo que las condiciones en que se encuentran los centros de reclusión del país son deplorables.