El embajador de Alemania lamenta la ausencia de diálogo con los zapatistas

Menchú considera buena señal la intención de gobierno y Congreso de revisar la ley indígena

Sólo beneficia al EZLN el nuevo examen de la legislación, señala el priísta López Velarde

DE LOS CORRESPONSALES

La Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, calificó de "buena señal" la intención del gobierno federal y del Congreso de la Unión de revisar la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, y se pronunció en favor de que se retomen los acuerdos de San Andrés, para llenar las lagunas de las que adolece la legislación.

Por el contrario, Oscar López Velarde, ex presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), calificó en la capital de Aguascalientes de "prácticas dilatorias", que se pretenda regresar dicha ley al Congreso de la Unión, pues "el único beneficiado es el EZLN, que hasta la fecha sigue sin aparecerse y está bloqueando el proceso de paz en Chiapas".

Entrevistada en el puerto de Veracruz, Rigoberta Menchú Tum se refirió al silencio guardado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que a su ver podría romperse una vez que los poderes Ejecutivo y Legislativo opten por incorporar los postulados de San Andrés a la ley indígena aprobada el año pasado.

"En el país son muchos los sectores que han pugnado por una solución pacífica en Chiapas por retomar los acuerdos de San Andrés, por el diálogo y por prestar atención a los problemas de los pueblos indígenas; eso hay que aprovecharlo", señaló la indígena guatemalteca.

Destacó que, a diferencia de otras naciones latinoamericanas donde los problemas derivados de la pobreza, corrupción y narcotráfico hacen vislumbrar una "muy lejana solución", en México se goza de estabilidad y paz social que se debe mantener con la atención inmediata a los conflictos que ahora se presentan.

Por eso, sostuvo que el gobierno federal deberá mantenerse en su lucha contra la impunidad, y por esclarecer situaciones "que hayan lastimando la conciencia popular". En especial, se refirió a la matanza de 1968 y a las ocurridas en Acteal y El Bosque, en Chiapas.

Menchú también pidió a las autoridades mexicanas esclarecer el asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, sucedido en octubre del año pasado. De no hacerlo, dijo, "México quedaría manchado con impunidad ante la comunidad internacional".

Mientras, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, consideró positivo que 168 legisladores hayan presentado nuevamente ante el Congreso de la Unión la llamada Ley Cocopa, pues "todo lo que se pueda hacer para darles más el lugar que les corresponde a los indígenas es bueno".

Sin embargo, opinó que hubiera sido "más sensato esperar un tiempo para replantear las reformas" sobre derechos y cultura indígenas, ya que "no veo que en estos momentos sea tan sencillo modificar la posición de la mayoría de los diputados que se requiere, sobre todo teniendo en cuenta que cualquier cambio a la Constitución tiene que pasar por el Senado, y allí la mayoría no acepta los cambios que pretenden los 168 diputados".

Lamenta embajador alemán cese del diálogo

Después de recorrer varias comunidades de Chiapas, para constatar la situación político-social y de derechos humanos en pueblos indígenas, el embajador de Alemania en México, Worl Borns, aseveró que su país lamenta la falta de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.

Entrevistado en San Cristóbal de las Casas, el diplomático se mostró optimista de que pronto habrá un encuentro entre los actores del conflicto en Chiapas. Sostuvo que la actual presencia de ciudadanos europeos, integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), en la zona de conflicto "favorece grandemente" el proceso de apertura, el diálogo y el respeto a las garantías individuales en la entidad.

Borns se reunió en San Cristóbal de las Casas con observadores internacionales, representantes de organizaciones no gubernamentales y con el obispo Felipe Arizmendi. También se entrevistó con el gobernador Pablo Salazar, y la alcaldesa de Tuxtla Gutiérrez, Victoria Rincón.

A su vez, La Voz de Cerro Hueco, organización que formaron en 1996 zapatistas presos en el penal de Tuxtla Gutiérrez, aseveró que el retorno al diálogo entre el EZLN y el gobierno federal se aleja, ante la detención de unos 20 indígenas bases del grupo armado, ahora recluidos en cáceles chiapanecas.

El caso más grave, explicó la agrupación, se dio con la detención de los cinco habitantes del municipio autónomo Ricardo Flores Magón -Manuel Cruz Méndez, Antonio, Andrés y Miguel Gómez Luna, así como Mariano Ruiz Hernández- acusados de asalto. "En este caso se repitió la historia que aqueja a los reos opositores al gobierno: fueron detenidos por civiles, y luego golpeados y torturados por policías para que se confesaran culpables de delitos que no cometieron", indicó La Voz de Cerro Hueco.

Por otra parte, decenas de indígenas del municipio de Venustiano Carranza, que dijeron ser desplazados, emprendieron este lunes un plantón indefinido a un costado de la catedral de San Cristóbal de las Casas, para exigir al gobierno de Chiapas la legalización de las tierras que ocupan desde 1995, así como castigo y desmantelamiento de grupos paramilitares.

Visita a penales tabasqueños

En tanto, integrantes de la CCIODH, procedentes de Canadá, Francia y España, en compañía de Abelardo Méndez Arcos, presidente de La Voz de Cerro Hueco, visitaron los penales de Macuspana y Villahermosa, Tabasco, para conocer la situación legal de presos que se dicen ligados al EZLN. Eve Thomas, vocera de los activistas extranjeros, sostuvo que "hay elementos" para considerar que han sido violados los derechos de los indígenas zapatistas presos en Tabasco, y que fueron recluidos por su trabajo como líderes en sus comunidades.

RENE ALBERTO LOPEZ, ANDRES MORALES, GUADALUPE LOPEZ, ANGELES MARISCAL, JUAN BALBOA, ELIO HENRIQUEZ Y CLAUDIO BAÑUELOS