SURESTE: APAGON BAJO SOSPECHA
Una
vasta región del sureste mexicano, que incluyó las entidades
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, así
como zonas de Veracruz y Oaxaca, quedó ayer sin energía eléctrica
durante varias horas. Las consecuencias de la avería distan de haber
sido plenamente calculadas y establecidas, pero cabe suponer que arrojó
pérdidas y molestias de grandes dimensiones, habida cuenta de la
extensión y la duración del corte eléctrico. Tampoco
se ha informado a la opinión pública de manera puntual y
precisa sobre las causas que originaron el percance.
En las circunstancias nacionales actuales, cuando, a pesar
de las reiteradas negativas presidenciales, persisten los rumores y las
sospechas en torno a designios privatizadores de la industria eléctrica
del país, resulta inevitable que el apagón de ayer sea percibido
como un hecho intencional orientado a crear en la sociedad la idea de que
la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
ha llegado a su límite de explotación y que requiere obligadamente
de inversiones privadas.
Debe tomarse en cuenta que la interrupción de un
servicio básico y vital para el funcionamiento de los hogares, la
industria, el comercio, los servicios y las comunicaciones genera, de manera
ineludible, desasosiego y sentimientos de vulnerabilidad e inseguridad.
Los cortes a los servicios de electricidad, luz y telecomunicaciones agitan
en la mentalidad colectiva los fantasmas de la inestabilidad y la ingobernabilidad.
Ciertamente, lo ocurrido ayer en el sureste del país
no necesariamente se inscribe en fenómenos que trasciendan la esfera
técnica y la operación de las plantas generadoras y las redes
de suministro. Pero para la ciudadanía en general resulta poco verosímil
que sistemas tan sofisticados y dotados de tantas medidas de seguridad
como los que opera la CFE puedan llegar a un colapso fortuito y accidental
como el que, en efecto, parecen haber sufrido ayer y que afectó
a millones de personas.
En tales circunstancias, es imprescindible que las autoridades
ofrezcan una explicación convincente sobre las causas y la naturaleza
del apagón y que éste no sea, por ningún motivo, instrumentado
como argumento en favor de la inversión privada en el sector eléctrico.