Busca "democratizar la relaciones laborales" del sector
Proponen nuevo contrato ley para modernizar la industria azucarera
ELIZABETH VELASCO C.
Para lograr la modernización de la industria azucarera mexicana, autoridades laborales, empresarios y sindicato del ramo han elaborado una propuesta de "contrato ley marco", mediante el cual se pretende "descentralizar" la negociación colectiva, "simplificar" el contrato y elaborar "trajes a la medida" por sector y por cada uno de los 59 ingenios existentes.
De esta manera se pondrá fin a un modelo de contrato ley que fue institucionalizado en 1935 por sus autores, Fidel Velázquez y Blas Chumacero, y que establecía condiciones mínimas en materia de salarios, prestaciones y otros beneficios que se daban sin distinción de empresa a todos los trabajadores del ramo, actualmente 50 mil.
En la propuesta, en poder de La Jornada, se plantea la modificación de las relaciones laborales de acuerdo con las "nuevas tendencias mundiales": multifuncionalidad y formación continua de los trabajadores; flexibilidad en horarios; sistemas de remuneración "variable" por desempeño, así como la "democratización de las relaciones laborales".
La multifuncionalidad, se explica en el texto, representa la capacidad de los trabajadores para "desempeñar eficazmente diversas actividades que demandan conocimientos y destrezas diferentes, requeridos dentro de un proceso productivo". Así, se pone fin a la realización de una sola actividad por parte del obrero.
En entrevista, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, adelantó que el actual gobierno se propone generalizar la aplicación de ese modelo de "multihabilidades" en las relaciones productivas del país, por lo cual no sólo regirían en la industria azucarera.
Fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Alcoholera (STIAARM) señalaron que en las negociaciones para elaborar el nuevo contrato participan Enrique Ramos, líder del gremio; integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, así como el titular de la STPS.
Los cambios, según señalaron las fuentes, están dirigidos a acotar, de acuerdo con el tamaño y capacidad económica de cada ingenio, los salarios y prestaciones. Pero aún más, implican un nuevo orden en materia de jornadas y relaciones de trabajo.
Al respecto, el texto del contrato "marco" propone "flexibilizar" el horario laboral mediante la reducción de la jornada semanal, y la aplicación del contrato ley con "flexibilidad social". No se detalla en el proyecto qué implicaciones representaría esto para los trabajadores, aunque se acota que se "garantizaría la seguridad social".
Los sistemas de remuneración que se aplicarían son variables; entre ellos está el de ascenso por competencia -ya no por antigüedad-, y se aplicaría una "banda amplia por funciones o roles". Se sujetarán también a los resultados que haya en las empresas.
En el apartado que propone "democratizar las relaciones laborales" se mencionan como ejes el respeto a la "autonomía" de las partes (por parte de empresas y sindicatos), el establecimiento de un código ético, así como la realización de auditorías laborales independientes para "garantizar la negociación colectiva y el cumplimiento del código ético".
En la propuesta falta definir la jornada y horarios de trabajo; el pago de salarios e incentivos; descansos y vacaciones; capacitación, ascensos y vacantes; seguro social y servicios médicos; jubilaciones -uno de los temas más controvertidos-, y prevención de accidentes e higiene industrial, entre otros.
El borrador del "contrato ley marco" establece definiciones y bases generales. "En cada empresa e ingenio -dice- tendrá que hacerse referencia a los tipos de empresa y establecimientos en los que será aplicado el contrato"; también la sección del sindicato, asalariados por industria, nombre de los funcionarios sindicales, tabuladores, productividad y procesos de mejora continua, entre otros puntos.
Plantea la creación de comisiones mixtas en cada uno de los departamentos de las empresas donde laboren 20 o más sindicalizados. Esas comisiones estarán compuestas por cuatro representantes: dos del sindicato, que actuarán como presidente y vocal, y dos de la empresa respectiva, como secretario y vocal.
Las comisiones tendrán la facultad y obligación de "conocer y resolver sobre las quejas, correcciones disciplinarias, suspensiones y rescisiones de contratos, puestas a consideración de la comisión por los trabajadores, la empresa correspondiente o el sindicato". Formularán también el Reglamento Interior de Trabajo y de cada departamento; vigilarán que se mantenga el orden y la disciplina dentro del área laboral, así como el exacto cumplimiento del contrato colectivo; cuidarán de la seguridad personal, la higiene y comodidad de los trabajadores, ejerciendo las funciones de comisión de seguridad e higiene, entre otras atribuciones.
Además, empresas y sindicatos establecen "un compromiso de calidad y productividad, congruente con las necesidades actuales y las perspectivas que presenta el panorama económico de las empresas".
El proyecto referido fue elaborado en diciembre pasado, y en teoría regiría entre las empresas, el STIAARM y los sindicatos de los ingenios El Potrero y San Cristóbal, cuyo registro legal ordenó la autoridad judicial a la STPS en 2001.
La renovación del contrato se aceleró a partir de la expropiación por parte del gobierno federal de 27 de 59 ingenios, en septiembre de 2001, y representa el coronamiento de una serie de cambios impulsados por los industriales desde hace 13 años.